Caso Olga Díaz: cumplimiento de obligaciones asumidas en el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado por el Estado Nacional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de la Mujer (OM), junto con la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, María Isabel Benavente, y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Julio Marcelo Lucini, encabezaron una jornada sobre "Estándares de debida diligencia y violencia doméstica" para magistradas y magistrados.

 La actividad, desarrollada en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, fue organizada por la OM de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), como parte del compromiso asumido por el Estado argentino por su responsabilidad frente al deficiente tratamiento dado al caso de la señora Olga Díaz, quien fue víctima de violencia de género.

En ese marco, Luciana Gagniere y Alejandra Lauría, por la Oficina de la Mujer, expusieron sobre los estándares de debida diligencia en materia de violencia doméstica contra las mujeres. Posteriormente tuvo lugar una formación presencial, exclusiva para magistradas y magistrados civiles y penales de la justicia nacional, bajo el título “Estrategias de abordaje para avanzar en la garantía de acceso a justicia”, a cargo de Natalia Gherardi y Zoe Verón, de ELA.

Previo a dicha actividad, Díaz –junto a su hija– mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, celebrada en el Salón Embajadores del Palacio de Tribunales. Del encuentro participaron también Raquel Asensio (por la Defensoría General de la Nación) y María Delia Castañares (responsable de la OM).

Además, Díaz estuvo presente en el cierre de las actividades de la mañana y expresó su deseo de que “nunca más vuelva a pasar esto, que exista una denuncia que no sea atendida como corresponde”. Asimismo, destacó el trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y de la Defensoría General de la Nación por el acompañamiento realizado en su causa.

Por su parte, Asensio destacó el trabajo realizado por todas las partes involucradas en el acuerdo de solución amistosa para garantizar la efectiva protección de los derechos de las mujeres.

En tal sentido, la OM cumplimentó las obligaciones asumidas como medidas de no repetición a su cargo, que consistían en brindar capacitación sobre debida diligencia reforzado para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, y en la elaboración de un documento titulado “Principios generales de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres para la adecuada implementación de la Ley 26485”, que fue difundido en todo el país.

Aquellas capacitaciones fueron desarrolladas en la justicia nacional civil con competencia en familia y en el fuero criminal y correccional, a través del formato virtual para empleadas y empleados, integrantes del funcionariado y de la magistratura.

Mesa de trabajo

Durante la tarde del encuentro celebrado el miércoles, la OM y ELA organizaron una mesa de trabajo sobre “Estrategias para garantizar el acceso a justicia. Modelo de atención para abordar casos de violencia doméstica”, del que participaron juezas y funcionarias de la Justicia de la Nación y de las provincias de Córdoba y Jujuy, e integrantes de organizaciones de la sociedad civil (Cerrando Brechas, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes —CAREF—, Fundación Siglo XXI, Fundación Mujeres en Igualdad —m.e.I—, y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer —FEM—).

Con la coordinación de María Delia Castañares (OM) y Natalia Gherardi (ELA), expusieron Mariana Walace, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de género de la 4ta. Nominación de la provincia de Córdoba; Mónica Cruz Martínez, titular del Juzgado de Violencia de Género de San Salvador de Jujuy; Analía Monferrer, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.° 2 del Poder Judicial de la Nación, y Emilia Sesin, secretaria letrada a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica.

Respuestas reparatorias

Muchas fueron las respuestas reparatorias implementadas por el Poder Judicial de la Nación en el fuero civil a partir del caso Olga Díaz.

En este sentido, y entre otras:

• Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio se prorrogaron las medidas cautelares judicialmente decretadas de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión, otorgamiento de dispositivos (DAMA, botón antipánico, tobilleras, etc.) y/o cualquier otra que se vincule con la protección de las personas con carácter general, inclusive las vencidas dentro de la cuarenta.
• Se articuló con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acciones para maximizar los dispositivos de monitoreo electrónico (botones antipánicos o tobilleras), siempre respetando la decisión de la víctima.
• También se integraron al sistema Lex 100 las resoluciones y dictámenes sobre violencia doméstica y se implementó la notificación virtual de los juzgados a la policía sobre las decisiones tomadas en causas de violencia de género.
• Asimismo, se hizo saber al Ministerio de la Salud de la Ciudad y al SAME que arbitre los medios para crear un ente de recepción de pedidos judiciales para coordinar y evaluar las prioridades de los requerimientos.
• En el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se aprobó la creación de una Comisión de Género para articular las políticas en esta materia con la Oficina de la Mujer.
• Se creó la Secretaría de Relaciones Institucionales y Acceso a Justicia para articular los recursos provenientes de la política pública (ANSES, PAMI, ADAJUS, entre otros) y dar respuesta a personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente personas que sufren violencia de género.
• A solicitud de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, se aprobó el acceso común a los expedientes de violencia familiar al sistema LEX100 de los juzgados con competencia criminal y correccional, y los civiles con competencia en familia. De este modo, todas las actuaciones pueden ser consultadas por la justicia civil y penal que intervienen en los casos, lo que redunda en una mejor atención a la víctima.
• Se desarrollaron sistemas de comunicación virtual que evitan prácticas revictimizantes y mejora la respuesta estatal.
• La Corte Suprema creó el cuerpo interdisciplinario forense para hacer más ágil y eficiente el trabajo en los juzgados de familia.
• La Cámara Civil solicitó a la Oficina de la Mujer la capacitación en materia de violencia de género a los profesionales designados para ese cuerpo.

 El caso Olga Díaz

La Comunicación N° 127/2018 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas se originó en una denuncia interpuesta por la Defensoría General de la Nación, en representación de Olga del Rosario Díaz, quien fue víctima de violencia de género.

 El 24 de marzo de 2017 sufrió un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese hecho a la pena de 20 años de prisión. Previo a ello, la señora Díaz había realizado una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego de lo cual se inició un proceso judicial civil y otro penal, en el que no se adoptaron medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el hecho, lo que movilizó a la peticionaria a denunciar al Estado ante el Comité. En particular, alegó la violación de los artículos 1, 2, 16 y 5.a de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

 Ante el reclamo, el Estado argentino inició un proceso de diálogo que culminó en un Acuerdo de solución amistosa. Por el Estado, participaron autoridades de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, ambas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Protección Integral y Articulación de acciones directas del entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

 Mediante Decreto Nacional 679/2020, el 17 de agosto de 2020 se aprobó dicho acuerdo.