Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina

Corte Suprema de Justicia de La Nación

Introducción

Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un Registro de datos estadísticos de las causas judiciales por muerte violenta de mujeres por razones de género. A tal efecto, la Vicepresidenta, Dra Elena Highton de Nolasco, en su calidad de Ministra a cargo de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica, requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del país.

El concepto de femicidio permite visibilizar estas muertes y, de esta manera, alcanzar una comprensión más acabada del fenómeno y sus causas. En el marco de la Declaración sobre el Femicidio del año 2008, se definió este término como:

La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

En relación a esto, la Ley 26.791 sancionada en 2012 introdujo cambios en el Código Penal. Se modificaron los incisos 1° y 4° del artículo 80 y se incluyeron los incisos 11° y 12° que imponen la pena de prisión o reclusión perpetua a quien ″matara a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género″(inciso 11°) y a quien lo hiciera ″con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°″ (inciso 12°), con lo que se incorporaron las figuras de femicidio y femicidio vinculado.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) imponen a sus Estados parte el deber de implementar políticas públicas para eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra la mujer. En el ámbito interno, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485) establece en su artículo 37 que:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor... La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas″.

Este registro da cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Argentino, y respuesta a un reclamo social sobre esta problemática pues permite diseñar políticas de prevención.