La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema elaboró un informe sobre el cumplimiento de la Ley Micaela

La Oficina de la Mujer (OM), a cargo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaboró un informe sobre la capacitación obligatoria en género en el Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley Micaela (n.° 27499), sancionada el 19 de diciembre de 2018.

 

Política de género de la CSJN

La Oficina de la Mujer viene trabajando la temática de género desde 2010, en la inteligencia de que se trata de una variable insoslayable para lograr una mejor justicia.

En 2019, la OM firmó un convenio con el Instituto Nacional de la Mujeres (luego devenido en ministerio) y el Consejo de la Magistratura para validar el taller creado por la oficina para cumplir con la capacitación obligatoria en los términos que establece la ley.

Con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la oficina participó de jornadas de trabajo para aunar criterios actualizados. Como resultado de esa tarea mancomunada, la oficina creó un nuevo programa de capacitación, denominado “Acceso a justicia y género” y aprobado por Resolución n.° 64/2021, que aborda los 5 ejes temáticos acordados con los otros dos poderes del Estado. La carga horaria se estableció en 40 horas, distribuidas en 20 días hábiles.

 

Contenido de los talleres de género

La pandemia impuso el formato virtual como única modalidad de cursado. Esto permitió continuar trabajando denodadamente en la transformación del paradigma judicial, el objetivo que impulsó la creación de la oficina en 2009.

El programa de capacitación está estructurado según los contenidos que se detallan a continuación:

1. Marco normativo (legislación nacional e internacional) que sostiene el derecho de acceso igualitario a la Justicia.

2. La perspectiva de género en la labor judicial.

3. Violencias basadas en el género como problemática social.

4. La debida diligencia, obligación de la Justicia.

5. Acceso a justicia de mujeres y personas LGBTl+. Conceptos sobre identidad de género y los desafíos que plantean en el acceso a justicia.

 

Articulación federal. Capacitación en todo el país

La OM, desde su origen, articula con los poderes judiciales de todo el país. La mayoría de las jurisdicciones cuentan con oficinas de la mujer y de género, y las que aún no las han implementado cumplen con la Ley Micaela a través de oficinas específicas.

En este sentido, se facilitó el contenido de los talleres, con la respectiva formación de replicadoras y replicadores, así como se cedió el campus virtual a las jurisdicciones que no poseían plataforma propia: Consejo de la Magistratura de la Nación, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Juan, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, CABA, Tierra del Fuego, Chaco, Jujuy. Además, se transfirió el contenido a las jurisdicciones que contaban con campus virtual: Formosa, Santiago del Estero y Entre Ríos.

De esta manera, los poderes judiciales del país cuentan con el curso básico armonizado, y le suman las actividades propias de cada oficina de capacitación y formación.

Desde la entrada en vigencia de la Ley Micaela, realizaron la capacitación obligatoria en género 36.299 personas de todo el país. Esta formación fue brindada por cada provincia a través de sus propios equipos de capacitadoras y capacitadores.

 

Diplomatura judicial en género

La diplomatura fue pensada a partir de la experiencia adquirida, durante más de trece años, por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en la dirección, coordinación y dictado de talleres de capacitación para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.

La propuesta, que se cursa desde septiembre de 2021, profundiza los contenidos trabajados hasta el momento en los talleres de género e incorpora temáticas inéditas: debates académicos sobre nuevas formas de interacción y conflictividad familiar, laboral y social. En tal sentido, brinda herramientas para el abordaje y la resolución de conflictos de género y potencia habilidades para hallar las mejores soluciones frente a casos concretos. Se trata de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de las mujeres, en consonancia con el deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

Temas abordados

• La historia de los feminismos, la conquista y ampliación de derechos y su impacto en el patriarcado.
• La normativa constitucional e internacional y la legislación interna relativa a las cuestiones de género.
• Los alcances de la igualdad, la no discriminación, la equidad y la igualdad efectiva de oportunidades.
• Las problemáticas de género en los distintos ámbitos en que las personas interactúan y se relacionan (violencia familiar, violencia laboral, salud sexual y reproductiva, identidad de género, entre otras).
• Los derechos de las mujeres y las personas LGBTI y el acceso a justicia y a procesos judiciales con perspectiva de género.
• El lenguaje jurídico y género sensitivo en los actos procesales y las sentencias.
• La elaboración de políticas públicas más eficaces para garantizar derechos a las mujeres y personas LGBTI. Acceso a datos estadísticos.

La dirección académica está a cargo de las doctoras Elena Highton de Nolasco y Aida Tarditti. El cuerpo docente está compuesto por Diana Maffía, Marcela Pérez Bogado, Ana María Figueroa, Martha Altabe, Sofía Sagües, Gabriela Ábalos, Eduardo Mattio, Gonzalo Bordón Pablos, Laura Barale, Alejandra Otamendi, Nieves Macchiavelli, Gloria Pasten, Viviana Dobarro, Eleonora Slavin, Fernando Ramírez, Mónica Traballini, Graciela Moreno Ugarte, Fabián Faraoni, Fernanda Nuevo, Natalia Gherardi, Graciela Neirot, Roberto Foyo, Claudia Zalazar, Analía Monferrer y Agustina Olmedo.

La actividad sincrónica está a cargo de las siguientes ministras y vocales de los superiores tribunales de justicia: Susana Medina,  Teresa Day, Adriana García Nieto, Beatriz Altamirano, Fabiana Gomez, Soledad Gennari y Cristina Leiva.