Conversatorio: conflicto con la ley penal en la infancia y la adolescencia durante el ASPyO
La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema y el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani presentaron nuevas estadísticas
27 de agosto de 2020
La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley penal (BGD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, realizó una videoconferencia para presentar información inédita sobre menores de edad con intervención judicial y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones por causas penales, entre enero y junio de 2020.
La presentación se realizó hoy -—27 de agosto—, a las 14, a través de la plataforma Zoom y fue seguida por más de ciento veinte personas. Estuvieron presentes la coordinadora de la BGD, Dra. Claudia Romano Duffau, y su equipo de profesionales, y la socióloga e investigadora Silvia Guemureman, del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.
Declaración de pandemia
En el período analizado se produjo, a partir del 20 de marzo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) declarado por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia de covid-19. Esta situación provocó que la Corte Suprema declarara la feria extraordinaria.
En este marco, se advierte una reducción en la cantidad de intervenciones y medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones por causas penales, así como en el número de causas iniciadas, en comparación con el año anterior, indica el informe de la BGD.
En el primer semestre de 2020, hubo 674 niños/as y adolescentes con intervención judicial (612 de juzgados nacionales de menores —JNM—, 25 de tribunales orales de menores —TOM— y 37 en ambos). La mayoría fueron varones (90 %) residentes en la Ciudad de Buenos Aires. El total de intervenciones en esta población fue de 1024 (958 en JNM y 66 en TOM), principalmente por delitos contra la propiedad (84,2 %).
Las medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones alcanzaron a 60 niños/as y adolescentes (55 por JNM y 5 por TOM), de entre 16 y 17 años (90 %). Si se comparan los datos interanuales, estas medidas registran una tendencia decreciente (34,3 %).
El promedio de días en que las/os jóvenes fueron alojados en instituciones o privados de libertad fue casi de 57. En los últimos tres meses del período analizado —abril, mayo y junio— hubo un promedio decreciente en las medidas dispuestas del 84%.
Conocer el territorio
La investigadora Silvia Guemureman destacó que la BGD aporta información relevante sobre niños/a y adolescentes en conflicto con la ley penal y su situación en el territorio. “Por ejemplo, hoy podemos conocer cuántos niños/as se encuentran en situación de calle”, dijo.
“En un momento de pandemia, donde muchas veces los programas de articulación territorial están suspendidos, estos datos son muy importantes. Necesitamos mecanismos para conocer qué es lo que está pasando en el territorio, concluyó.