La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó su nuevo Régimen de Contrataciones, que preserva los principios generales de la contratación administrativa que aplica en la actualidad y, a su vez, mejora la distribución interna de competencias entre las dependencias del Tribunal, permite el desarrollo de contrataciones electrónicas y procura garantizar la transparencia, el equilibrio fiscal y la economía y sencillez en los trámites.

La Corte viene desplegando un “importante proceso de modernización y reorganización de sus dependencias y estructuras, con el propósito de afianzar y mejorar el servicio de justicia” y “para cumplir ese objetivo resulta necesario avanzar en la optimización de prácticas y procedimientos a fin de garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión”, se lee en los primeros considerandos de la acordada 38/2023. 

A ello, se suma que “las reformas orgánicas y funcionales que ha implementado el Tribunal en distintos ámbitos permiten profundizar las modificaciones operativas de procedimientos administrativos en materia de compras y contrataciones”.

La acordada delega en la Secretaría General de Administración la facultad de reglamentar los procedimientos, pormenores y detalles necesarios para aplicar el régimen aprobado, con previa intervención de la Secretaría Jurídica General. Por otra parte, instruye a esta última para que, con la intervención de la Secretaría General de Administración, elabore y proponga un proyecto de Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que se ajuste a los principios y normas que surgen del régimen que se aprueba, y ordena a la Secretaría General de Administración para que, por medio de la Dirección de Sistemas, elabore e implemente de forma progresiva un sistema de compras y contrataciones con acceso al público desde la página web del tribunal (www.csjn.gov.ar), integrado con el sistema creado en la acordada 20/2022. Esta última, aprobó el uso del Expediente Electrónico Administrativo en el ámbito de la Corte, mediante el uso del Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos -SGEA-.

El nuevo régimen, establece la acordada, entrará en vigencia el 1° de abril de 2024 y se aplicará progresivamente a los llamados y convocatorias que se efectúen a partir de esa fecha. Será aplicable a todos los procedimientos de contratación en los que sea parte la Corte, con excepción de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

La acordada establece que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta sus particularidades, serán: 
a) Integridad pública, transparencia, publicidad y difusión de los procedimientos. 
b) Legalidad de las formas. 
c) Buena fe. 
d) Máxima concurrencia de interesados y competencia e igualdad de trato entre los oferentes. 
e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. 
f) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. 
g) Sustentabilidad. 

En ese sentido, establece que toda cuestión que se suscite durante la tramitación de una contratación, desde su inicio hasta la finalización de la ejecución del contrato, deberá interpretarse sobre la base de estos principios.

El artículo 8 del anexo de la acordada plantea, además, que “toda contratación debe respetar los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal y tener respaldo en las previsiones presupuestarias y recursos de la Corte Suprema”.

Por otra parte, se pone en cabeza de la Dirección de Administración el diseño, implementación y actualización periódica de un registro de contratantes y proveedores donde se inscribirán quienes deseen contratar con la Corte. “El procedimiento para la inscripción será simple, gratuito y rápido, y se llevará adelante en forma electrónica a través de la página web”, señala la acordada.

La norma también regula procedimientos, derechos, obligaciones y sanciones, entre otras cuestiones.

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