Por medio de sendas resoluciones, la Corte Suprema asignó esta semana a diferentes divisiones y departamentos de las policías Federal, de Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires una serie de automotores secuestrados en causas por narcotráfico y otros delitos. Se trata de 10 vehículos (entre autos, camionetas y camiones) y un semirremolque afectados al máximo tribunal a través de las resoluciones 194 a 200 del 4 de marzo, que serán entregados a las mencionadas fuerzas de seguridad con el fin de contribuir a reforzar su equipamiento móvil y a optimizar el servicio que prestan en sus respectivas jurisdicciones. 

Las decisiones se enmarcan en lo dispuesto por la acordada N° 22/2025, según la cual, entre otros puntos, la Corte “podrá disponer provisoriamente, por razones de un mejor servicio de justicia, de aquellos bienes muebles que hubieran sido secuestrados en causas penales que no hayan podido ser entregados a sus dueños y objetos decomisados”, en los términos establecidos en el art. 3 de la ley 23.853 y el art. 23 del Código Penal de la Nación.

En dicha acordada, como parte de la actividad que viene desarrollando para transparentar y hacer más eficiente la gestión de estos bienes, la Corte aprobó el “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales”. Lo hizo en ejercicio de sus facultades y bajo la premisa de que, como parte de un trabajo sostenido para enfrentar la delincuencia organizada y la corrupción, resulta fundamental coordinar la colaboración interinstitucional y adoptar acciones concretas para identificar, localizar, embargar, secuestrar y recuperar los bienes y activos de origen ilícito.