Felipe S. Pérez
Nacido en San Miguel de Tucumán el 1° de mayo de 1889, Felipe Santiago Pérez se destacó como abogado, docente y político, antes de su designación como juez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que ejerció entre 1949 y 1955.
Tras recibirse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1913 con una tesis sobre el denominado “sweating system” o ilotismo industrial (un antiguo régimen abusivo de trabajo a destajo que implicaba un alto grado de explotación laboral), complementó su formación en el continente europeo, donde cursó estudios de posgrado en prestigiosos establecimientos de Londres y París.
De allí regresó a su provincia natal, donde se dedicó a la función pública desde diferentes roles. Senador provincial entre 1918 y 1922, se desempeñó como fiscal de gobierno y director del Banco Comercial de Tucumán. Tuvo un activo papel como académico en la universidad del distrito norteño: enseñó derecho internacional privado (una de las materias que acapararon su interés profesional, junto con los temas de derecho constitucional), dirigió el Instituto de Investigaciones Económicas, integró el Consejo Superior y llegó a encabezar el rectorado.
En 1930 fue elegido para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, ya en el ámbito nacional, ejerció como abogado de los Ferrocarriles del Estado
y del Banco Hipotecario.
Convencional constituyente por Tucumán para la reforma de 1949 –cuando ya integraba el Máximo Tribunal–, fue también interventor de la Universidad Nacional de Córdoba y, en 1954, del Poder Judicial de esa provincia.
Designado por decreto No 21.839 del 26 de julio de 1947 por el presidente Juan D. Perón, prestó juramento como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1° de agosto, junto con sus pares y con el procurador general Carlos Delfino.
Pérez presidió el tribunal desde el 21 de marzo de 1949, y en octubre de 1953 presentó su renuncia alegando un viaje al exterior, aunque más tarde se reincorporó al cuerpo, cuya integración compartió, en distintas etapas, con Justo Lucas Álvarez Rodríguez, Tomás Darío Casares, Luis Ricardo Longhi, Atilio Pessagno y Rodolfo Guillermo Valenzuela.
Entre los pronunciamientos de la Corte durante su permanencia, sobresale el fallo Bassi, donde se determinó que los decretos del Poder Ejecutivo podían establecer jurisdicción militar especial para juzgar a civiles, si bien limitada al conocimiento de delitos y faltas vinculados con el servicio.
En otro caso resonante, al tratar el reclamo de un juez que consideró violada la garantía constitucional de inamovilidad al ser trasladado por decreto del Poder Ejecutivo del 21 de noviembre de 1952, la Corte expresó, refiriéndose al artículo 94 del texto constitucional aprobado en 1949, que al respecto carecía de competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los actos emanados de los otros poderes.
Autor de una prolífica bibliografía jurídica, entre sus obras aparecen La economía nueva y la crisis del liberalismo (1937), Facultades impositivas de las provincias y municipalidades. Concesiones de servicios públicos, Bancos y moneda en la Argentina (1938) y Devolución de impuestos (1938).
Adicionalmente, compiló un extenso tratado de 15 tomos sobre la jurisprudencia de la CSJN y elaboró un premiado ensayo titulado Influencia de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la vida económica, social y política de la Nación (1941).
Pérez fue removido del cargo el 4 de octubre de 1955, tras el golpe de estado encabezado por Eduardo Lonardi.
Retirado de la actividad pública, falleció en Mar del Plata, a los 89 años, el 25 de enero de 1980.