Sentencia del 4-3-22

En https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/20-443_new_2d8f.pdf

United States v. Tsarnaev

Antecedentes del caso: el 15 de abril de 2013, los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev colocaron y detonaron dos bombas caseras hechas con una olla a presión cerca de la línea de llegada de la maratón de Boston, provocaron la muerte de tres personas e hirieron a cientos de los presentes. Tres días después, cuando los investigadores comenzaron a cercarlos, los hermanos huyeron y, en su trayecto, asesinaron a un oficial de la policía del campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts, secuestraron a un estudiante de posgrado y se enfrentaron en la calle con la fuerza policial. Durante el enfrentamiento, Dzhokhar, sin darse cuenta, arrolló y mató a Tamerlan. Finalmente, Dzhokhar abandonó el auto que manejaba y se ocultó en el interior de un bote cubierto que se encontraba guardado en un patio cercano. Sin embargo, al día siguiente fue detenido. Dzhokhar fue imputado por treinta delitos, incluidos diecisiete que se castigan con pena de muerte. 
En el procedimiento de selección de los integrantes del jurado, las partes propusieron un formulario de evaluación con cien interrogantes, que incluía varias preguntas sobre si la cobertura del caso que habían hecho los medios de comunicación podía haber influenciado la perspectiva de los futuros jurados. El tribunal de primera instancia se negó a incluir una pregunta en la que se le pedía a cada candidato que enumerara los hechos que había conocido sobre el caso a través de los medios de comunicación y de otras fuentes. De acuerdo con el tribunal, la consigna era demasiado “imprecisa” y “sin dirección”. Luego de tres semanas de un interrogatorio presencial, se conformó el jurado. Un tiempo después, encontraría culpable a Dzhokhar de todos los cargos que se le imputaban y el Estado pediría que lo condenaran a la pena de muerte. 
Al momento del dictado de la sentencia, Dzhokhar buscó mitigar su pena con base en la teoría de que Tamerlan había sido el artífice del ataque y que lo había presionado para que participara. Con la intención de demostrar la naturaleza dominante de su hermano, Dzhokhar pidió agregar las declaraciones de Ibragim Todashev, que había afirmado durante una audiencia con el FBI que años atrás Tamerlan había participado en un triple homicidio en la ciudad de Waltham. El Estado solicitó al tribunal que rechazara toda referencia a los homicidios ocurridos en Waltham con el argumento de que esa evidencia carecía de relevancia o de valor probatorio y era probable que se confundieran las causas. El Estado también señaló que, debido a que los agentes del FBI habían asesinado a Todashev en defensa propia después de que él los atacara durante una audiencia, no había testigos sobrevivientes de los homicidios cometidos en Waltham. En consecuencia, el tribunal no hizo lugar a la prueba ofrecida y el jurado concluyó que correspondía la pena de muerte para seis de los delitos por los cuales se acusaba a Dzhokhar. 
El imputado apeló y la Cámara Federal de Apelaciones del Circuito Primero anuló la condena a pena de muerte a partir de dos fundamentos. En primer lugar, sostuvo que el tribunal de primera instancia había abusado de su potestad discrecional durante el proceso de selección de los integrantes del jurado, porque se había negado a preguntar sobre el tipo y grado de exposición a los medios de comunicación de cada candidato, según lo exige la decisión de la misma cámara en el precedente Patriarca v. United States, 402 F. 2d 314. En segundo lugar, consideró que el tribunal de primera instancia había abusado de su facultad discrecional en el dictado de su sentencia, ya que había excluido la evidencia sobre la posible participación de Tamerlan en los homicidios cometidos en Waltham. 
El Estado interpuso un writ of certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y solicitó la revisión de la decisión de la cámara.

Sentencia: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones del Circuito Primero, ya que consideró que había anulado incorrectamente la condena a pena de muerte de Dzhokhar Tsarnaev. 
1. La Corte Suprema consideró que el tribunal de primera instancia no había abusado de su poder discrecional al negarse a indagar acerca del contenido y el alcance de la exposición a la cobertura de los atentados en los medios de comunicación que habían tenido los candidatos al jurado. El proceso de selección recae “particularmente dentro de la órbita del juez de primer grado” (ver Skilling v. United States, 561 U. S. 358, 386), cuya amplia discrecionalidad en esta área incluye decidir qué preguntas hacer a los potenciales miembros del jurado (ver Mu’Min v. Virginia, 500 U. S. 415, 427). En esta causa, el tribunal no había abusado de esa potestad cuando se había negado a realizar la pregunta en cuestión, porque erradamente se enfocaba en lo que cada miembro del jurado sabía antes de llegar al proceso, en lugar de enfatizar en una posible parcialidad. Por lo tanto, la Corte Suprema entendió que esa decisión del tribunal de primera instancia había sido razonable y se ubicaba dentro de la facultad discrecional del tribunal.
Las demás etapas del proceso de selección del jurado en este caso disipan todo vestigio de duda. El tribunal de primera instancia utilizó el formulario para jurados que contenía cien interrogantes, en el que se les preguntó qué fuentes de medios de comunicación seguían y si parte de esa información les había hecho formar una opinión sobre la culpabilidad o la pena de Dzhokhar, a fin de reducir el número de candidatos. Posteriormente, el tribunal sometió a los posibles integrantes del jurado a tres semanas de procedimiento voir dire individualizado, que incluía preguntas que demostraban el sesgo. Además, les explicó durante el voir dire, y también a los miembros finalmente seleccionados para el juicio, que sus decisiones debían basarse en las pruebas presentadas en el proceso y en ninguna otra fuente.
La Corte Suprema señaló que la cámara de apelaciones se había equivocado al considerar que el tribunal de primera instancia había abusado de su poder discrecional por no realizar al jurado la pregunta propuesta por Dzhokhar sobre el contenido de los medios de comunicación. Siguiendo los lineamientos de su decisión en el precedente Patriarca, la cámara entendió que tenía “autoridad de supervisión” para requerir al tribunal, como una cuestión de puro derecho, que realizara a los miembros del jurado esa pregunta específica. Sin embargo, la facultad de supervisión de las cámaras federales no se extiende a la creación de reglas protectoras de control que eludan o complementen los estándares legales establecidos en las decisiones de la Corte Suprema (ver United States v. Payner, 447 U. S. 727, 733–737). 
2. La Corte Suprema consideró que el tribunal de primera instancia tampoco había abusado de su potestad discrecional al no admitir en la etapa de sentencia las pruebas de los homicidios cometidos en Waltham. La Ley de Pena de Muerte Federal establece que, en la etapa de sentencia de un proceso a pena de muerte, “se puede presentar información sobre cualquier asunto relevante a la pena, incluidos factores atenuantes o agravantes” (ver 18 U. S. C. §3593.c). Pero el tribunal puede no tener en cuenta cierta información “si su valor probatorio se ve superado por el peligro de crear prejuicios injustos, confundir las cuestiones que se debaten o equivocar al jurado”. Tales decisiones probatorias son revisadas a fin de verificar si existió un abuso del poder discrecional (ver United States v. Abel, 469 U. S. 45, 54). En el caso bajo análisis, el acusado Dzhokhar intentó agregar pruebas que vincularan a Tamerlan con los homidios sin resolver ocurridos en Waltham para fundar su argumento atenuante de que su hermano había sido el artífice del ataque. Esa evidencia, sin embargo, no permitió al jurado confirmar o evaluar el supuesto rol de Tamerlan en los crímenes de Waltham. 
El tribunal de primera instancia no abusó de su discrecionalidad cuando excluyó razonablemente la información por su falta de valor probatorio y su potencial para confundir al jurado. Los argumentos contrarios de Dzhokhar no resultaron convincentes. Primero, el art. 3593.c no vulnera la Octava Enmienda. Esa disposición se ajusta perfectamente a la “autoridad tradicional” del Estado Federal “para decidir que cierta clase de pruebas puede tener un valor probatorio insuficiente para justificar su admisión” (ver Skipper v. South Carolina, 476 U. S. 1, 11, 15. Powell, J., voto concurrente) y “establecer límites razonables sobre los elementos probatorios que un acusado a pena de muerte puede ofrecer y controlar la manera en que se presentan” (ver Oregon v. Guzek, 546 U. S. 517, 526). El art. 3593.c establece un régimen altamente permisivo que posibilita a los imputados penalmente presentar un amplio abanico de pruebas que habitualmente son inadmisibles y canales que brindan al acusado a pena de muerte todas las oportunidades razonables para exhibir evidencias atenuantes ante el jurado en la etapa de sentencia. En este caso, la mera inclusión de las pruebas sobre los homicidios de Waltham podía generar una confusión en el proceso donde los únicos testigos que conocían la verdad no estaban con vida. El hecho de que la evidencia no admitida por el tribunal de primera instancia haya sido considerada lo suficientemente confiable como para incluirla en una orden de allanamiento no era relevante, ya que el tribunal había tenido libertad para analizar la información de manera independiente al decidir si la aceptaba de conformidad con el art. 3593.c.
Por otra parte, hubo un voto en disidencia (al que adhirieron en parte dos jueces), que reconoció que el tribunal de primera instancia gozaba de gran discrecionalidad al tomar sus decisiones en relación con las pruebas. Debido a que este caso trata sobre una pena de muerte, la disidencia examinó esas resoluciones con especial cuidado con el objetivo de verificar si el tribunal había abusado de su discrecionalidad. De este modo, sin embargo, la disidencia soslayó el estándar tradicional de abuso de poder discrecional que exige que un tribunal de alzada se remita a la sana crítica de un tribunal de primera instancia a menos que la decisión sea “manifiestamente arbitraria” (ver General Elec. Co. v. Joiner, 522 U. S. 136, 142). Más precisamente, la disidencia entendió que un tribunal de primera instancia que llevaba adelante los procesos de condenas a pena de muerte debería ser más laxo al determinar que la evidencia corría el riesgo de confundir al jurado. No obstante, según la opinión mayoritaria, nada en el art. 3593.c indicaba que el legislador tuviera la intención de establecer tal laxitud. Por lo tanto, el tribunal de primera instancia decidió razonablemente cuando rechazó la prueba de conformidad con el escrutinio imparcial dispuesto en el art. 3593.c.

Nota de la Oficina de Referencia Extranjera: un writ of certiorari consiste en una presentación directa a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que requiera a un tribunal inferior el envío de una causa y examine si se violó algún derecho en el procedimiento o en la sentencia.