Sentencia del 30-6-20

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https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1195_g314.pdf

Espinoza Et Al. v. Montana Department Of Revenue Et Al.

Antecedentes del caso: el Poder Legislativo del estado de Montana sancionó un programa por el que se autorizaba al Gobierno estadual a otorgar beneficios fiscales a quienes realizaran donaciones a determinadas organizaciones que, a su vez, asignaran becas escolares para colegios privados. A fin de articular las disposiciones de ese programa con la norma de la Constitución de Montana que prohíbe al Gobierno otorgar subsidios a instituciones educativas “controladas total o parcialmente por alguna religión, secta o confesión religiosa” (art. X.6.1), la Agencia de Ingresos Públicos del estado emitió la Resolución n.° 1, que prohibía a las familias utilizar las becas en escuelas religiosas. En consecuencia, tres madres, que no pudieron utilizar los fondos de las becas para abonar las matrículas de sus hijos del colegio Stillwater Christian School, demandaron a la Agencia de Ingresos Públicos ante los tribunales estaduales. Argumentaron que la Resolución n.° 1 las discriminaba por sus opiniones religiosas y por la naturaleza religiosa de la escuela que habían elegido.
El tribunal de primera instancia ordenó dejar sin efecto la Resolución n.° 1.
La Suprema Corte de Montana revocó la sentencia. Sostuvo que el programa, sin la modificación establecida por la Resolución n.° 1, subsidiaba a los colegios religiosos y violaba la disposición de la Constitución de Montana que prohibía la asistencia gubernamental. Además, declaró que esa violación exigía anular todo el programa.
Los accionantes presentaron un writ of certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Sentencia: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó la sentencia y devolvió las actuaciones para que se dictara un nuevo fallo.
La aplicación de la norma que prohíbe al Gobierno de Montana subsidiar a cierta clase de colegios discriminó a las escuelas religiosas y a las familias cuyos hijos asisten o esperan asistir a esas instituciones en violación de la Cláusula del Libre Ejercicio de la religión de la Constitución Federal.
1. La Cláusula del Libre Ejercicio “protege a los observadores religiosos contra el trato desigual” y contra las “leyes que imponen restricciones especiales sobre la base del estatus religioso” (ver Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, 582 U. S. —2017—). En el precedente Trinity Lutheran, la Corte Suprema consideró que descalificar a quienes de otro modo serían elegibles para obtener un beneficio público “únicamente por su carácter religioso” imponía “una sanción al libre ejercicio de la religión que da lugar al más estricto escrutinio” (Id.). En este caso, la aplicación de la manda constitucional del estado de Montana que prohíbe la asistencia gubernamental excluye a las escuelas religiosas de los beneficios públicos únicamente por motivos religiosos. Como resultado, se aplica un escrutinio estricto.
2. En oposición a lo que la Agencia de Ingresos Públicos aduce, este caso no se rige por los lineamientos del precedente Locke v. Davey, 540 U. S. 712 —2004—. En Locke, a la parte actora le fue denegada una beca “debido a lo que él se proponía hacer: utilizar los fondos de la beca a fin de capacitarse para el ministerio”, una iniciativa esencialmente religiosa (ver Trinity Lutheran, 582 U. S.). En sentido contrario, la disposición de la Constitución de Montana no se centra en ningún curso de instrucción esencialmente religioso, sino que prohíbe la subvención estatal a una escuela religiosa “simplemente por lo que es”, una escuela religiosa (Id.). En el caso Locke también se invocó un interés estatal “histórico y sustancial” para no financiar la capacitación del clero (ver 540 U. S., p. 725), pero ninguna tradición comparable sirve de apoyo a la decisión de Montana de negar a las escuelas religiosas la asistencia del estado.
3. El enfoque alternativo propuesto implica un análisis laxo caso por caso, lo que resulta inconsistente en relación con el antecedente Trinity Lutheran. Las garantías de la Cláusula del Libre Ejercicio no dependen de un análisis diverso caso por caso sobre si la discriminación contra los adherentes religiosos serviría a intereses difusos.
4. A fin de satisfacer un escrutinio estricto, la acción del Gobierno “debe promover intereses del más alto orden y debe abocarse rigurosamente a la persecución de esos intereses” (ver Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520, p. 546 —1993—). El interés del estado de Montana en crear una separación mayor entre el Estado y la Iglesia de lo que la propia Constitución Federal exige “no puede ser considerado convincente” frente a la vulneración de la Cláusula del Libre Ejercicio en este caso (ver Trinity Lutheran, 582 U. S.). La afirmación de la Agencia de Ingresos Públicos de que la prohibición de asistencia en realidad promueve la libertad religiosa es ineficaz, ya que una infracción a los derechos reconocidos en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos no puede justificarse por el enfoque alternativo de un estado de que la infracción promueve la libertad religiosa. Las razones esgrimidas por la agencia son particularmente poco convincentes debido a que en este caso la violación no solo pesa ampliamente sobre las escuelas religiosas, sino también sobre las familias cuyos hijos asisten a ellas. La Agencia de Ingresos Públicos sugiere que la disposición que no autoriza la asistencia gubernamental protege la educación pública, pues garantiza que los subsidios del estado no se desvíen a las escuelas privadas. Sin embargo, ese interés no justifica una norma que demande solo a las escuelas privadas religiosas el esfuerzo para soportar su peso.
5. Dado que la Cláusula del Libre Ejercicio prohibió la aplicación de la norma de no asistencia en este caso, la Suprema Corte de Montana no tenía autoridad para anular el programa sobre la base de esa disposición. La Agencia de Ingresos Públicos aduce que la decisión de invalidar todo el programa impidió una violación del libre ejercicio de la religión, pero el organismo soslayó el error inicial de la Suprema Corte de Montana sobre la ley federal. Si la Suprema Corte de Montana hubiese reconocido que la aplicación de la disposición de no asistencia estaba prohibida por la Cláusula del Libre Ejercicio, no habría tenido basamento legal para dejar sin efecto el programa. La Suprema Corte de Montana estaba obligada a ignorar la norma que prohibía la asistencia estatal y a resolver este caso de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal.

Nota de la Oficina de Referencia Extranjera: writ of certiorari consiste en una presentación directa a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que requiera a un tribunal inferior el envío de una causa y examine si se violó algún derecho en el procedimiento o en la sentencia.