CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, sentencia T-149-26, del 26-5-2026, en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-149-26.htm

   Antecedentes del caso: una ciudadana argentina, que se encuentra en situación migratoria irregular, es madre y responsable principal del cuidado de un niño colombiano. La accionante recurrió a la Justicia luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores inadmitiera su trámite de visa por un error en la selección de la sede encargada y la autoridad de control migratorio le negara la prórroga de su documento de estancia provisional.
   La controversia surgió porque, al completar el formulario digital, la solicitante indicó que el trámite debía ser gestionado por el Consulado de Colombia en Buenos Aires en lugar de señalar la Oficina de Visas en Bogotá. El art. 8 de la Resolución n.° 5477/2022 exige que esta última dependencia procese las peticiones de las personas que ya están en el país con estatus regular. A raíz de esta inadmisión formal, la autoridad migratoria rechazó extender la vigencia del salvoconducto de la mujer.
   Los jueces de instancia declararon improcedente el amparo porque consideraron que la accionante contaba con otros mecanismos administrativos y judiciales de protección. En consecuencia, la mujer interpuso una acción de tutela ante la Corte Constitucional de Colombia 

   Sentencia: la Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela, aseguró la prórroga de su permiso provisional de residencia y resolvió que las exigencias administrativas no deben aplicarse de forma desproporcionada cuando afectan el derecho a la unidad familiar.
   La corte evaluó la procedencia de la acción y concluyó que exigir a la mujer acudir a la vía contencioso-administrativa resultaba irrazonable, dada su condición de madre cabeza de familia y su vulnerabilidad socioeconómica. En su análisis del caso, examinó las garantías del debido proceso en trámites administrativos, la protección integral de la infancia, las normas vigentes para la expedición de visados y la obligación estatal de incorporar un enfoque de género en las actuaciones de los organismos públicos.
  La corte estableció que los organismos públicos habían incurrido en un exceso de formalismo y omitido evaluar las circunstancias particulares del grupo familiar. Señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores había debido reencausar internamente la solicitud para corregir el error de la dependencia seleccionada, a partir de las herramientas de la legislación administrativa y los principios de gestión institucional, en lugar de rechazar el trámite y exponer a la solicitante a una condición de mayor riesgo. Por otra parte, la corte determinó que la entidad de control migratorio había vulnerado los derechos al debido proceso y a la unidad familiar al negar la prórroga del documento provisional —basándose, de manera rígida, en la inadmisión de la visa— y al omitir la aplicación de un enfoque de género. Destacó que, aunque los requerimientos legales responden a fines legítimos, no pueden aplicarse de forma desconectada de las garantías fundamentales de las personas ni del bienestar superior del menor de edad involucrado en la causa.
   En consecuencia, la corte revocó las sentencias previas que declaraban improcedente la tutela y concedió el amparo. Dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores efectuara un nuevo análisis de la visa de la afectada y reencausara la petición sin cobrar nuevamente los derechos de estudio, y ordenó a la autoridad de control migratorio conceder una prórroga de treinta días al permiso provisional.