CONSEJO DE ESTADO DE FRANCIA, sentencia n.° 474398, del 13-5-2026, en https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-13/474398 

   Antecedentes del caso: en Francia, la empresa Amazon solicitó al Consejo de Estado la anulación del decreto del 4 de abril de 2023 relativo al importe mínimo de la tarifa del servicio de entrega de libros. Esta disposición del Poder Ejecutivo obliga a las plataformas de venta por internet a cobrar al menos €3 por envíos inferiores a €35 y a sumar una cifra simbólica de un céntimo para compras que superen ese umbral. La empresa alegó que la normativa impugnada vulneraba las garantías a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios establecidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
   Debido a la naturaleza y el objeto del litigio, el Sindicato Nacional de la Edición y los sindicatos de las librerías francesas y de los distribuidores de productos de ocio cultural se presentaron para manifestar su interés en el mantenimiento de la resolución impugnada. 
   En Francia, esta regulación de la distribución de libros busca evitar que las estrategias de costos de entrega casi nulos de los gigantes del comercio electrónico desplacen y perjudiquen a los vendedores tradicionales. El Parlamento francés adoptó este principio de fijación de precios en 2021 y delegó en los ministerios de Cultura y Economía del Poder Ejecutivo la tarea de establecer los montos específicos para el servicio de entrega de textos impresos. Asimismo, esta política complementa la histórica ley de precio único de 1981, cuyo objetivo es equilibrar la competencia entre las grandes corporaciones multinacionales y las librerías físicas de barrio.

   Sentencia: el Consejo de Estado de Francia desestimó la acción legal de Amazon y resolvió que la normativa impugnada, que establece una tarifa mínima para el envío de obras literarias, no vulneraba el derecho de la Unión Europea. Sostuvo que la medida era proporcional y necesaria para garantizar la pluralidad cultural y la diversidad lingüística y la supervivencia de los puntos de venta físicos en todo el territorio.
   En el marco de este proceso, en mayo de 2024 el Consejo de Estado había requerido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronunciara sobre las cuestiones que le había planteado. Le solicitó aclarar si las restricciones impuestas por el decreto del 4 de abril de 2023 se oponían a los principios de libre circulación de mercancías y de libre prestación de servicios dentro del bloque europeo.
   En su sentencia del 18 de diciembre de 2025 (C-366/24), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que, si bien la norma representaba una restricción comercial que en principio estaba prohibida, los Estados miembros estaban facultados para implementar este tipo de medidas si el fin perseguido era el resguardo de la pluralidad cultural y la diversidad lingüística, siempre que la acción fuera adecuada para alcanzar el objetivo fijado y no existieran alternativas menos gravosas para lograrlo. En diferentes antecedentes de su jurisprudencia, en efecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que una política cultural podía constituir una razón imperiosa de interés general que justificara la restricción de una libertad fundamental garantizada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o declaró que la protección del libro como bien cultural podía considerarse una exigencia imperativa de interés público susceptible de justificar medidas restrictivas de la libre circulación de mercancías.
   En este sentido, el Consejo de Estado señaló que el sistema de cobro de tarifas mínimas cumplía con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad. Destacó que la red de libreros franceses era fundamental para la difusión editorial y la animación cultural del país, por lo que encarecer ligeramente el envío a domicilio era una decisión razonable. Agregó que la normativa cuestionada había permitido mantener la densidad de comercios especializados sin impedir que los consumidores de zonas remotas continuaran accediendo a las plataformas digitales de venta, lo que, en última instancia, favorecía un ecosistema de distribución diversificado. 
   Por todas esas razones, el Consejo de Estado concluyó que debía desestimarse la acción legal de Amazon, ya que estaba demostrado que la disposición impugnada no vulneraba la libre circulación de mercancías garantizada por el art. 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni la libre prestación de servicios garantizada por el art. 56 del mismo tratado, ni los objetivos perseguidos por la Directiva 2006/123/CE.