CONSEJO DE ESTADO DE FRANCIA, sentencia n.° 502860, del 5-5-2026, en https://www.conseil-etat.fr/en/Media/actualites/documents/pages-internationales/decision-anef

    Antecedentes del caso: varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Consejo de Estado que ordenara al Estado francés resolver los desperfectos técnicos que afectaban al servicio en línea de la Administración Digital para Extranjeros en Francia (ANEF). Sostuvieron que el mal funcionamiento de esa página web podía vulnerar el acceso normal de los usuarios al servicio público y comprometer el ejercicio de sus derechos. Agregaron que toda autoridad encargada de un servicio público debía velar por que la población pudiera realizar efectivamente los trámites que necesitara.
   La ANEF es el servicio público en línea creado por el Estado de Francia para permitir a los usuarios extranjeros realizar de forma digital los trámites administrativos relacionados con la residencia. La plataforma les permite presentar una solicitud inicial o de renovación del permiso de residencia, cargar documentos justificativos y seguir el estado de su solicitud.

   Sentencia: el Consejo de Estado de Francia ordenó al Estado implementar una serie de medidas correctivas urgentes en la plataforma de la Administración Digital para Extranjeros en Francia (ANEF) con el fin de garantizar el acceso de los usuarios a ese portal. Destacó que los servicios públicos digitales, al ser canales obligatorios para realizar diversos trámites, debían permitir en todo momento el acceso efectivo, la continuidad del servicio y la capacidad de gestionar los procedimientos de manera eficaz y sin contratiempos. Sostuvo que las deficiencias técnicas y administrativas de la página web comprometían el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los solicitantes de permisos de residencia.
   El consejo recordó que es responsabilidad del gestor de un servicio público respetar el derecho de los usuarios a acceder al servicio en condiciones normales —de conformidad con el principio de igualdad—, garantizar la continuidad del servicio y realizar los ajustes necesarios con arreglo al principio de adaptabilidad. En particular, la autoridad encargada debe corregir cualquier falla que afecte al servicio y que pueda restringir indebidamente el derecho de acceso de los usuarios o comprometer su capacidad para ejercer los derechos que les reconoce la ley. En efecto, cuando el uso de un servicio público en línea sea obligatorio, el Estado tiene que garantizar que los usuarios puedan efectivamente realizar los trámites.
   En lo que respecta a la ANEF, dada la diversidad y complejidad de las situaciones de los solicitantes de permisos de residencia, y las consecuencias directas para sus derechos de residencia, al trabajo o a acceder a las prestaciones sociales, el consejo afirmó que las autoridades debían proporcionar apoyo, así como una solución alternativa en caso de que no se pudiera acceder al servicio en línea. En este sentido, señaló que el Ministerio del Interior ya había puesto en marcha varias medidas para mejorar el acceso al servicio público, como un sistema de asistencia, un centro de atención al que se puede acceder por correo electrónico y por teléfono, centros de recepción digital, una solución alternativa cuando no se puede completar el procedimiento en línea, etc. Sin embargo, el consejo advirtió que persistían fallas técnicas en el funcionamiento del servicio que perjudicaban gravemente el ejercicio de los derechos de los solicitantes de permisos de residencia.
   Uno de los puntos principales afectado por desperfectos técnicos es la gestión de los certificados de prórroga de tramitación. El consejo consideró que el Estado había incumplido su obligación de emitir y renovar estos documentos a tiempo. Debido a que estos certificados son indispensables para mantener el estatus legal mientras se procesa la residencia, el consejo ordenó que fueran expedidos de forma automática si se cumplieran todos los requisitos, sin exigir acciones adicionales al solicitante.
   Asimismo, el consejo determinó que la normativa debe actualizarse en un plazo de seis meses, dado que en el presente estos certificados no son reconocidos por otras entidades para acceder a prestaciones sociales o vivienda, a pesar de su validez jurídica. También exigió aclarar explícitamente los derechos laborales que otorgan esos documentos.
   En cuanto al funcionamiento del sitio web de la ANEF, el consejo cuestionó la imposibilidad de que los usuarios presentaran varias solicitudes de residencia simultáneas o sucesivas por distintos motivos, una limitación que no tenía ningún respaldo legal. Por lo tanto, dispuso que la administración tiene un plazo de doce meses para desarrollar los recursos necesarios en el portal que permitan gestionar estas solicitudes concurrentes. De esta manera, el objetivo es evitar que la denegación de un trámite impida el ejercicio de derechos asociados a otras categorías de residencia.
   Finalmente, el consejo exigió una mejora en la capacidad de gestión de los expedientes por parte de los propios usuarios. Actualmente, la plataforma impide corregir errores, adjuntar nueva documentación o actualizar información —como cambios de domicilio—, lo que deriva en rechazos administrativos injustificados. En consecuencia, el consejo ordenó que, en un plazo máximo de seis meses, el sistema debe habilitar las herramientas necesarias para que los usuarios puedan notificar errores y modificar sus datos, con el fin de asegurar el debido proceso en la tramitación de los permisos.