CORTE SUPREMA DE CANADÁ, “Quebec (Attorney General) v. Kanyinda”, sentencia del 6-3-2026, en https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/21399/index.do 

      Antecedentes del caso: la señora Kanyinda entró a Quebec con sus tres hijos pequeños y presentó una solicitud de protección como refugiada. 
    Mientras esperaba una decisión sobre su solicitud, obtuvo un permiso laboral e intentó acceder a una guardería subsidiada para poder trabajar. Sin embargo, las autoridades le negaron el acceso a la guardería con el argumento de que el Reglamento de Contribuciones Reducidas de Quebec limitaba las guarderías subsidiadas a ciertas categorías de residentes que no incluían a los solicitantes de refugio.
    Kanyinda solicitó una revisión judicial del reglamento. Argumentó que la exclusión de los solicitantes de asilo era discriminatoria por motivos de sexo, ciudadanía y estatus migratorio. El sexo y la ciudadanía han sido reconocidos desde hace tiempo como posibles motivos de discriminación, pero el estatus migratorio no. 
    El juez sostuvo que el reglamento no creaba una distinción basada en el sexo entre mujeres y hombres solicitantes de asilo. Sin embargo, el tribunal de apelaciones aceptó el recurso de Kanyinda, y concluyó que el reglamento sí creaba una distinción basada en el sexo y que era discriminatoria porque perpetuaba la desventaja histórica de las mujeres y su subrepresentación en el mercado laboral. El fiscal general de Quebec apeló la decisión ante la Corte Suprema de Canadá.

    Sentencia: la Corte Suprema de Canadá, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso y resolvió que el Reglamento de Contribuciones Reducidas de la provincia de Quebec incurría en prácticas discriminatorias injustificadas.
    La jueza Karakatsanis, en representación de la mayoría, señaló que el reglamento resultaba discriminatorio por sus efectos. Observó que, aunque la norma se aplicaba de la misma manera a todos los solicitantes de asilo, afectaba particularmente a las mujeres, puesto que tienen más probabilidades de asumir la responsabilidad principal del cuidado de los hijos, y el acceso a guarderías asequibles está estrechamente relacionado con su capacidad de trabajar. 
    En consecuencia, señaló que la exclusión reforzaba y agravaba la desventaja que experimentan las mujeres solicitantes de asilo, en violación del art. 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, relativa a la igualdad ante la ley sin discriminación.
    Karakatsanis también concluyó que la discriminación no encontraba justificación en el art. 1 de la Carta. Tal artículo permite limitar los derechos de la Carta si esas restricciones pueden justificarse de manera razonable. Indicó que, si bien el objetivo de Quebec de limitar el acceso a guarderías subsidiadas a personas con un vínculo insuficiente con la provincia era importante, no existía una relación real entre ese objetivo y la exclusión de los solicitantes de asilo. 
   En consecuencia, Karakatsanis consideró que los padres solicitantes de asilo que residen en Quebec deben poder acceder al sistema de guarderías subsidiadas. Asimismo, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones —que había limitado el acceso a quienes contaban con un permiso de trabajo—, Karakatsanis concluyó que tal requisito no era necesario.