CORTE SUPREMA DE CANADÁ, “R. v. Bouvette”, sentencia del 6-6-2025, en https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/21090/index.do

   Antecedentes del caso: en 2011, Tammy Marion Bouvette fue acusada de homicidio en segundo grado por la muerte de un menor de 19 meses que se ahogó en la bañadera bajo su cuidado. Al llegar al hospital, el menor fue diagnosticado con muerte cerebral y falleció poco después. El Dr. Evan Matshes realizó la autopsia del cuerpo del menor y declaró a favor de la Corona en la investigación preliminar contra Bouvette. Informó que el menor presentaba lesiones recientes y había fallecido por ahogamiento.
   Bouvette se declaró culpable del delito menor de negligencia criminal con resultado de muerte. Fue condenada a 12 meses de prisión y libertad condicional.
   En 2020, un fiscal especial designado para llevar a cabo una revisión independiente del caso llegó a la conclusión de que Bouvette no había sido informada sobre la existencia de cierta información relevante que habría podido favorecerla en el desenlace del juicio y, por lo tanto, recomendó que el caso fuera revisado por un tribunal de apelaciones para determinar si se había incurrido en un error judicial. Se trataba de una evaluación pericial externa que indicaba que las conclusiones del Dr. Matches sobre la autopsia del menor eran irrazonables.
   Según la legislación canadiense, un error judicial se produce cuando se dicta una sentencia injusta en un procedimiento judicial. Según el art. 686(2) del Código Penal de Canadá, cuando se incurre en un error judicial, la condena debe revocarse. Para ello, el tribunal de apelaciones puede ordenar un nuevo juicio, suspender el procedimiento o dictar una sentencia absolutoria.
   En 2023, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica, que llevaba adelante la revisión del caso, concluyó que había habido una omisión significativa por parte de la fiscalía y la policía en revelar información relevante para la defensa. Entendió que la Sra. Bouvette había demostrado haber sufrido un perjuicio lo suficientemente grave como para que fuera considerado una injusticia: existía una posibilidad razonable de que no hubiera sido declarada culpable si se le concedía toda la información disponible. 
   De tal suerte, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica revocó la condena, pero se negó a dictar una absolución. Consideró que había pruebas en el expediente sobre las que un jurado razonable podía condenar a Bouvette y que no existían circunstancias suficientemente excepcionales que justificaran una absolución. Por esta razón, dictó la suspensión del procedimiento basándose en que obligar a la demandada a volver a ser juzgada violaría los principios fundamentales de justicia que subyacen al sentido comunitario de lo justo y lo decente. 
   Ante esta decisión, la demandada interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Canadá para solicitar su absolución. 

    Sentencia: la Corte Suprema de Canadá hizo lugar al recurso y resolvió que la demandada debía ser absuelta inmediatamente en virtud del art. 686(2) del Código Penal.
   En primer lugar destacó que la fiscalía había solicitado la absolución de Bouvette y que había declarado expresamente que no presentaría pruebas en un nuevo juicio. 
  Destacó que, al evaluarse la naturaleza del error judicial en el caso de Bouvette, se advertían varias características procesales y sustantivas propias de las condenas injustas que merecían una consideración especial. 
   Indicó que este caso había sido revisado de forma independiente por un fiscal especial, cuyo informe había dado lugar a una moción para ampliar el plazo de apelación y a una solicitud para presentar nuevas pruebas que cuestionaban la seguridad de la condena de Bouvette. 
   Agregó que a la demandada se la había privado de información de considerable importancia que planteaba serias dudas sobre su declaración de culpabilidad. 
  La corte señaló que, como el Tribunal de Apelaciones no disponía de un expediente completo, se había visto socavada la capacidad de Bouvette para argumentar de forma convincente que la sentencia dictada contra ella era, por lo demás, irrazonable.
   Advirtió que el hecho de que la Fiscalía no hubiera revelado toda la información estaba directamente relacionado con la condena de Bouvette, lo que socavaba, a su vez, la confianza del público en la correcta administración de justicia. 
   La corte señaló, también, que en el caso se habían presentado pruebas periciales que podían ser poco fiables o dudosas y que la decisión de imputar y ordenar que la demandada fuera juzgada por el delito de homicidio en segundo grado se había basado, en gran medida, en la opinión pericial del Dr. Matshes, que más tarde había sido calificada como “irrazonable” en la revisión de sus colegas peritos. 
  Al respecto, la corte consideró que la diversidad de opiniones entre los peritos menoscababa la posibilidad de una condena. Agregó que, independientemente de que se excluyera el testimonio del Dr. Matshes, la parte de la acusación de la fiscalía que aún quedaba en pie era débil, y que lo más probable era que Bouvette fuera absuelta en un nuevo juicio. 
   En cuanto a la demandada, la Corte Suprema de Canadá consideró los principios generales aplicables al caso favorecían claramente una absolución, puesto que Bouvette ya había cumplido la totalidad de su condena y la familia de la víctima apoyaba plenamente la absolución y, además, porque la condena derivada de su falsa declaración de culpabilidad había tenido un impacto devastador en su vida.
   Por lo tanto, resolvió que, en lugar de obligar a las partes a pasar por un procedimiento meramente formal para lograr la absolución o de obstaculizarlo mediante una suspensión judicial, lo justo era que se dictara la absolución inmediatamente, aunque hubiera pruebas en el expediente que pudieran llevar a un jurado razonable, debidamente instruido, a condenar a Bouvette en un nuevo juicio.