CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS, “Martin, individually and as parent and next friend of G. W., a minor, et Al.”, sentencia del 12-6-2025, en https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24-362_mjn0.pdf

    Antecedentes del caso: el 18 de octubre de 2017, agentes del FBI que pretendían ejecutar órdenes de registro y detención en un presunto escondite de bandas —en el n.° 3741 de Landau Lane en Atlanta, Georgia— allanaron por error el n.° 3756 de Denville Trace, una tranquila casa familiar ocupada por Hilliard Toi Cliatt, su pareja Curtrina Martin y su hijo de 7 años. Un equipo SWAT de seis miembros forzó la puerta principal, detonó una granada flash-bang y agredió a los ocupantes inocentes antes de percatarse de su equivocación. La causa del error fue la confianza que el agente especial Guerra depositó en su dispositivo GPS personal, y que el equipo no vio el cartel de la calle que indicaba “Denville Trace” ni el número de la casa que figuraba en el buzón de correo.
    Los ocupantes de la casa familiar sufrieron lesiones personales y daños materiales y en 2019 demandaron a los Estados Unidos en virtud del art. 2671 y sgtes. de la Ley Federal de Responsabilidad Estatal (Federal Tort Claims Act - FTCA), por daños y perjuicios derivados de las acciones negligentes e intencionales de los agentes. Un juez federal del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Georgia desestimó la demanda en 2022 y dictó una sentencia sumaria a favor del Estado. El Undécimo Circuito de los Estados Unidos la confirmó. Las sentencias sostuvieron que los agentes del FBI no habían violado el derecho de la familia a no ser objeto de registros e incautaciones irrazonables, consagrado en la Cuarta Enmienda, porque se habían realizado “esfuerzos razonables” para identificar la casa correcta.
    La FTCA deja sin efecto la inmunidad soberana del Estado federal en las demandas por determinados delitos cometidos por empleados federales en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, existen excepciones en la ley, dos de las cuales son relevantes en un caso de mala conducta policial como este. La primera es la excepción por daños intencionales contenida en el art. 2680, inciso h, que excluye las demandas contra el Estado por once agravios intencionales taxativos. La segunda es la excepción por funciones discrecionales contenida en el art. 2680, inciso a, que prohíbe las demandas contra el Estado basadas en el cumplimiento de funciones discrecionales por parte de un funcionario.
    El art. 2680, inc. h, además, contiene una “salvedad en la aplicación de la ley” que contrarresta la excepción por agravio intencional, y autoriza que las demandas por seis agravios específicos (incluyendo asalto, agresión, detención ilegal y arresto ilegal) puedan promoverse contra los Estados Unidos cuando los agravios son cometidos por funcionarios de investigación o policiales.
    Mientras que la mayoría de los tribunales sostienen que la salvedad en la aplicación de la ley solo se aplica a la excepción por un acto ilícito intencional, el enfoque del Undécimo Circuito difiere en dos aspectos clave. En primer lugar, sostiene que la salvedad prevalece sobre todas las excepciones contenidas en el art. 2680, incluida la excepción por funciones discrecionales, lo que significa que las demandas por daños intencionales amparadas por la salvedad pasan automáticamente al fondo de la cuestión, sin necesidad de analizar las otras excepciones aplicables contenidas en el art. 2680.
    En segundo lugar, para compensar este enfoque favorable al demandante, el Undécimo Circuito admite que el Estado invoque una defensa restrictiva basada en la Cláusula de Supremacía en la fase de determinación de la responsabilidad, lo que permite al Estado eludir la responsabilidad cuando las acciones de un agente “tienen algún nexo con la promoción de la política federal” y “cumplen razonablemente con toda la legislación federal” (“Denson v. United States”, 574 F. 3d 1318, 1348).
    Aplicando su propio enfoque, el Undécimo Circuito sostuvo que la salvedad en la aplicación de la ley protegía las demandas por daños intencionales de los demandantes tanto de la excepción por daños intencionales como de la excepción por funciones discrecionales. El tribunal de distrito desestimó las demandas por negligencia en virtud de la excepción de función discrecional, con el argumento de que el agente especial Guerra gozaba de discrecionalidad en la preparación de la ejecución de la orden. En cuanto al fondo de las restantes reclamaciones por responsabilidad civil intencional, el tribunal consideró que el Estado tenía una defensa válida en virtud de la Cláusula de Supremacía y dictó una sentencia sumaria a favor de los Estados Unidos.
    En consecuencia, los demandantes recurrieron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

   Sentencia: la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la sentencia y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un fallo nuevo. Declaró que la salvedad en la aplicación de la ley contenida en el art. 2680, inc. h, solo anulaba la excepción por daños intencionales de ese inciso, y no la excepción de funciones discrecionales u otras excepciones contenidas en el art. 2680.
   La corte sostuvo que el texto y la estructura del art. 2680 demostraban que la salvedad de aplicación de la ley solo se aplicaba a la excepción por daños intencionales. En efecto, la salvedad aparece en el mismo inciso y frase que la excepción por daño intencional, lo que refleja el principio establecido de que las excepciones legales generalmente solo modifican las disposiciones en las que aparecen. En efecto, el art. 2680 contiene 13 excepciones distintas. Junto con la cláusula introductoria, cada excepción forma una frase independiente y funciona como una disposición estructuralmente distinta. La salvedad aborda el mismo tema que el inc. h (agravios intencionales), mientras que otras excepciones cubren temas totalmente diferentes como pérdidas de correspondencia, lesiones en combate e imposiciones de cuarentena. Además, la frase definitoria de la salvedad limita expresamente la definición de “agente de investigación o policiales” a “este inciso” (es decir, el inc. h), a pesar de que la frase “agente de las fuerzas del orden” aparece en otras partes del art. 2680. La corte estimó que la decisión del Congreso de incluir la salvedad en el inc. h en lugar de colocarla al final de la lista completa de excepciones, como hace a veces con las salvedades de aplicación general, confirmaba aún más la aplicación limitada de la salvedad únicamente a ese inciso.
   La corte consideró que los argumentos de los demandantes a favor de una aplicación más amplia de la salvedad no eran convincentes. Observó que, pese a que la salvedad refleja el lenguaje de la cláusula introductoria del art. 2680 al establecer que el art. 1346.b “se aplicará” en lugar de “no se aplicará”, esta similitud textual no demuestra que la salvedad se aplique a todas las excepciones, que forman instrucciones discretas que pueden entenderse plenamente sin referencia a otras disposiciones. Señaló que la ausencia de un texto limitativo en la primera frase de la salvedad no amplía su ámbito de aplicación más allá del inc. h, porque el Congreso logró esa limitación mediante la colocación de la salvedad dentro de la misma frase que la excepción por daños intencionales. Destacó que los antecedentes legislativos que sugieren que el Congreso pretendía abordar ampliamente los allanamientos domiciliarios equivocados no pueden desplazar lo que los términos de la ley claramente indican, ya que los antecedentes legislativos no constituyen la ley y los miembros del Congreso pueden haber tenido múltiples propósitos en mente al redactar la disposición.
   La corte afirmó que la Cláusula de Supremacía no otorga a los Estados Unidos una defensa en las demandas en virtud de la FTCA. Esta es la ley federal suprema que rige la responsabilidad extracontractual de los Estados Unidos y sirve como recurso exclusivo para las demandas por daños y perjuicios derivadas de la conducta oficial de los empleados federales. En general, la ley responsabiliza al Estado en virtud de la legislación estatal en los mismos términos en que un particular sería responsable en virtud de la ley del lugar donde se produjo la conducta ilícita. Dado que la FTCA incorpora el derecho estatal como norma de responsabilidad, no suele haber un conflicto entre el derecho federal y el estatal que la Cláusula de Supremacía deba resolver. La corte indicó que, mientras que a veces la ley federal puede sustituir a la ley estadual en las demandas en virtud de la FTCA, cuando un texto constitucional o estatuto federal proporciona normas de responsabilidad de control, el Undécimo Circuito no había identificado un estatuto federal o disposición constitucional que sustituyera al derecho de responsabilidad civil de Georgia en este caso. La corte consideró que la confianza del Undécimo Circuito en “In re Neagle”, 135 U. S. 1, estaba fuera de lugar, ya que esa decisión del siglo XIX se refería a la inmunidad de un funcionario federal frente a la persecución penal estatal por actos necesarios y adecuados en el desempeño de funciones federales, y no a la responsabilidad del Estado federal en virtud de una ley que lo somete expresamente al derecho civil estatal en los mismos términos que las partes privadas. El art. 2674 especifica las defensas disponibles para el Estado, incluida la inmunidad judicial o legislativa y otras defensas a las que los Estados Unidos tiene derecho, pero estas no incluyen la novedosa defensa de la Cláusula de Supremacía del Undécimo Circuito.
   Por último, la corte precisó que el Undécimo Circuito debía considerar si la excepción de función discrecional del inc. a excluía las demandas por negligencia o por agravio intencional de los demandantes, sin referencia a la opinión errónea de que la salvedad en la aplicación de la ley se aplica al inc. a.