CORTE SUPREMA DE CANADÁ, “R. c. J. W.”, sentencia del 23-5-2025, en https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/21061/index.do

    Antecedentes del caso: en mayo de 2018, J. W., un hombre indígena, agredió sexualmente de forma violenta y en varias ocasiones a una mujer del personal de la residencia comunitaria donde vivía. Fue detenido y encarcelado en espera de juicio. En noviembre de ese año, se declaró culpable de los delitos de agresión sexual, amenaza de muerte y secuestro. Durante los años siguientes, los procedimientos judiciales se retrasaron porque J. W. cambió de abogado varias veces y se retractó de tres propuestas de acuerdo sobre su declaración. En 2020, fue internado en un centro psiquiátrico para someterse a una evaluación ordenada por un tribunal y, en enero de 2021, fue declarado no apto para ser juzgado. Unos meses más tarde, fue declarado apto para ser juzgado y, finalmente, se lo declaró culpable en noviembre de 2021. En el momento de la imposición de la pena, habían transcurrido casi cuatro años desde la presentación de la acusación. J. W. tenía 28 años y no tenía antecedentes penales significativos. Había sido diagnosticado con esquizofrenia crónica y padecía discapacidades intelectuales y de desarrollo moderadas.
   La jueza encargada de dictar sentencia condenó a J. W. a nueve años de prisión. Sostuvo que una pena mínima podía cumplir los objetivos de denuncia y disuasión general, pero que no estaba convencida de que protegiera a la sociedad. Afirmó que J. W. necesitaría un período de tiempo suficiente en una institución federal para seguir un programa destinado a delincuentes sexuales. En cuanto al abono adicional solicitado por J. W. por la prisión preventiva, la jueza se negó a concederle abono por el período pasado en el centro psiquiátrico. Concluyó que las razones cuantitativas y cualitativas que justificaban la concesión del abono adicional, expuestas por la Corte Suprema en la sentencia “R. c. Summers”, no correspondían en el caso del período pasado en el centro psiquiátrico. En su opinión, el hecho de que J. W. hubiera cambiado a menudo de opinión y de abogado lo inhabilitaba para obtener un abono adicional sobre la base del criterio cuantitativo. También consideró que las condiciones de detención en el centro psiquiátrico habían sido favorables para J. W. y que, por lo tanto, no había motivos para conceder un abono adicional sobre una base cualitativa.
   El Tribunal de Apelaciones de Ontario desestimó el recurso interpuesto por J. W., salvo la corrección de un error de cálculo relacionado con el período en que había estado detenido. El tribunal concluyó que la jueza encargada de determinar la pena había tenido debidamente en cuenta el tiempo de tratamiento previsto como uno de los muchos factores para imponer una pena proporcional dentro del rango establecido. En cuanto al abono incrementado, el tribunal consideró que la jueza podía concluir que J. W. había mostrado una mala conducta antes de la imposición de la pena y que las condiciones de detención en el centro psiquiátrico habían sido más favorables que las que habría tenido en un centro penitenciario.
     J. W. interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Canadá contra la decisión del Tribunal de Apelaciones de Ontario. 

   Sentencia: la Corte Suprema de Canadá acogió parcialmente el recurso y concedió a J. W. un abono adicional por el período durante el cual había estado internado en un centro psiquiátrico.
   La corte comenzó por describir la situación del recurrente. Observó que había pasado los primeros años de su infancia con su madre y sus hermanos en las tierras de la reserva de la Primera Nación de Attawapiskat, una comunidad indígena de alrededor de 2000 personas en el norte de Ontario, en condiciones de extrema pobreza. Señaló que en su niñez había sido agredido sexual y físicamente y había comenzado a consumir drogas y alcohol a los siete años. Cuando tenía esa edad, fue colocado en un hogar de acogida, donde había manifestado problemas de comportamiento y afectivos, en particular, un comportamiento invasivo hacia los demás, dificultad para desarrollar habilidades sociales adecuadas, un interés inapropiado por cuestiones de índole sexual y una propensión a la violencia física. Este tipo de comportamiento fue observado a lo largo de todo el período que pasó en hogares comunitarios durante su juventud. Tuvo dificultades en la escuela y no concluyó los estudios secundarios. Durante su evaluación en el hospital psiquiátrico, se le diagnosticó esquizofrenia crónica y se observaron deficiencias moderadas en el desarrollo y en la inteligencia, características conductuales compatibles con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el síndrome alcohólico fetal.
   La corte señaló que el recurrente había pasado 607 días detenido en el centro psiquiátrico, y que ese período no había sido tenido en cuenta para determinar si J. W. cumplía los requisitos para obtener la libertad condicional. Remitiéndose a la sentencia “Summers”, la corte recordó que el hecho de que hubiera habido prisión preventiva generalmente permite inferir que el delincuente había sufrido una pérdida a efectos de la elegibilidad para la libertad condicional o la libertad anticipada, lo cual justificaba un abono mayor. Sin embargo, la jueza encargada de imponer la pena había denegado al recurrente ese abono adicional por mala conducta y había concluido que la mayoría de las situaciones que explicaban los retrasos habían sido causadas o provocadas por el recurrente, dado que cambiaba frecuentemente de opinión y de abogado.
    La corte destacó que, pese a que la jueza había señalado correctamente que la conducta del recurrente había causado retrasos en el proceso, no se había preguntado si esa conducta era una mala conducta. En opinión de la corte, la jueza cometió un error, ya que no tuvo en cuenta un factor relevante, a saber, la salud mental del recurrente durante el período de encarcelamiento. En efecto, las pruebas indicaban que la conducta del recurrente antes de ser declarado no apto para ser juzgado había sido consecuencia, en su totalidad o en gran parte, de su estado mental y cognitivo. La corte hizo mención al informe Gladue —es un tipo de informe previo a la sentencia y a la audiencia de fianza que un tribunal canadiense puede solicitar en relación con un delincuente de origen indígena conforme al art. 718.2.e del Código Penal— y a los informes previos a la sentencia sobre los problemas de salud mental a los que se enfrentaba el recurrente desde hacía mucho tiempo. También mencionó las pruebas aportadas por el psiquiatra forense que había redactado un informe sobre la aptitud del recurrente para ser juzgado, y que indicaban que el caso había llevado más tiempo de lo habitual porque había tenido varios abogados y que esto se debía a su estado mental psicótico no tratado. En efecto, una vez que había sido declarado incapaz y trasladado al centro psiquiátrico para recibir tratamiento, las cosas habían vuelto a la normalidad, había podido contratar a su cuarto y último abogado y le había dado instrucciones para resolver el caso.
   Según entendió la corte, la jueza no había prestado la debida atención a lo anterior cuando se preguntó si el recurrente, con sus acciones, había obstaculizado intencionadamente el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. La corte concluyó que las acciones del recurrente, pese a que habían causado retrasos considerables, no habían constituido una conducta indebida que no le diera derecho a un crédito mayor. Por ello, modificó la pena a fin de conceder al recurrente un abono incrementado de un día y medio por cada día de los 607 días pasados en el centro psiquiátrico. Teniendo en cuenta la revisión del cálculo realizado por el Tribunal de Apelaciones de Ontario, esto equivalía a un abono incrementado de 304 días adicionales.
   Finalmente, la corte consideró que, dado que existían motivos suficientes para conceder un abono incrementado de conformidad con la justificación cuantitativa expuesta en la sentencia “Summers”, no era necesario responder a la cuestión de si la justificación cualitativa era aplicable en este caso. Al respecto, la corte se limitó a manifestar que, aunque las condiciones en un centro psiquiátrico pueden ser diferentes a las de un centro de detención preventiva, en ambos casos se trata de una forma de encarcelamiento. Como se había declarado en la sentencia “Summers”, el encarcelamiento en cualquier etapa del proceso penal es una privación de la libertad para el acusado.