CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS, “A. J. T., by an through her parents, A. T., et Al. v. Osseo Area Schools, Independent School District No. 279, et Al.”, sentencia del 12-6-2025, en https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24-249_a86c.pdf

    Antecedentes del caso: A. J. T. es una adolescente que padece una forma rara de epilepsia que limita gravemente su funcionamiento físico y cognitivo. Por las mañanas sufre convulsiones muy frecuentes que le impiden asistir a la escuela antes del mediodía, aunque esté despierta. A raíz de ello, está en condiciones de aprender solamente desde el mediodía hasta las seis de la tarde. Durante los primeros años de escolarización, los responsables del centro educativo al que asistía se adaptaron a la situación de la adolescente y le permitieron evitar las actividades matutinas y recibir clases por la tarde.
    Sin embargo, cuando la familia de A. J. T. se mudó a Minnesota en 2015, su nuevo distrito escolar —Osseo Area Public Schools, Independent District n.° 279— rechazó las reiteradas solicitudes de los padres para incluir clases nocturnas en el “programa educativo individualizado” de la adolescente. Este programa, tendiente a satisfacer todas las necesidades educativas de niños discapacitados, constituye el elemento central de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que ofrece fondos federales a los estados a cambio del compromiso de proporcionar una garantía básica de educación pública gratuita y adecuada a los niños de las escuelas públicas con determinadas discapacidades físicas o intelectuales. 
    Lo cierto es que, entre 2015 y 2018, A. J. T. solo recibió 4,25 horas de instrucción diaria, en comparación con las 6,5 horas habituales de la jornada escolar para los estudiantes del distrito sin discapacidades. Después de que se propusieran nuevos recortes en la jornada escolar de A. J. T., sus padres presentaron una denuncia ante el Departamento de Educación de Minnesota en virtud de la IDEA. Alegaron que la negativa de la escuela a proporcionar clases fuera del horario escolar negaba a A. J. T. una educación pública gratuita y adecuada. Un juez de lo contencioso-administrativo determinó que el distrito escolar había infringido la IDEA y ordenó a la escuela que proporcionara educación compensatoria y clases nocturnas. Posteriormente, los tribunales federales confirmaron la decisión a favor de A. J. T. en virtud de la IDEA. 
   Posteriormente, A. J. T. y sus padres presentaron una demanda en virtud del art. 504 de la Ley de Rehabilitación y del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y solicitaron una orden judicial permanente, el reembolso de determinados gastos y una indemnización por daños y perjuicios. El art. 504 de la Ley de Rehabilitación establece que no se excluirá a ninguna persona discapacitada de la participación en un programa financiado con fondos federales, que no se le denegarán los beneficios de ese programa y que no será objeto de discriminación únicamente por razón de su discapacidad. Asimismo, el título II de la ADA prohíbe que las personas discapacitadas que reúnan los requisitos necesarios sean excluidas o se les nieguen los beneficios de los servicios, programas o actividades de una entidad pública con motivo de su discapacidad. 
   El tribunal de distrito dictó una sentencia sumaria a favor de la escuela. El Octavo Circuito la confirmó y declaró que el hecho de que un distrito escolar no proporcionara una adaptación razonable a la situación de una estudiante no era suficiente para constituir prima facie un caso de discriminación con arreglo al caso “Monahan v. Nebraska”, que exige que el demandante demuestre mala fe o error grave de juicio por parte de los funcionarios escolares.
  Entonces, A. J. T. y sus padres interpusieron un certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

   Sentencia: la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la sentencia y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo. Declaró que los escolares que interpongan demandas en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación relacionadas con su educación no están obligados a demostrar de forma rigurosa la “mala fe o el error grave de juicio”, sino que están sujetos a las mismas normas que se aplican en otros contextos de discriminación por discapacidad. 
   La corte señaló que, fuera del contexto de los servicios educativos, los tribunales de apelación permiten a los demandantes demostrar infracciones y obtener medidas cautelares en virtud de la ADA y de la Ley de Rehabilitación, sin necesidad de probar la intención de discriminar. En cuanto a la obtención de una indemnización por daños y perjuicios, los tribunales suelen exigir que se demuestre la existencia de una discriminación intencionada, lo que la mayoría de los circuitos consideran que se cumple con la “indiferencia deliberada”, un criterio que solo exige demostrar que el demandado ignoró la alta probabilidad de que la acción impugnada violara derechos protegidos por el Gobierno federal. La corte observó que nada en el texto de las protecciones sustantivas aplicables o las disposiciones correctivas del título II de la ADA o el art. 504 de la Ley de Rehabilitación sugería que las demandas sobre servicios educativos deban estar sujetas a un análisis distinto y más exigente.
   Sin embargo, destacó la corte, algunos tribunales aplicaron un criterio de intencionalidad más estricto a las demandas en virtud de la ADA y de la Ley de Rehabilitación en el contexto de los servicios educativos. Este criterio se remonta a la norma de “mala fe o error grave de juicio” formulada por el Octavo Circuito en su decisión de 1982 en el caso “Monahan v. Nebraska”, en la que sostuvo que, para demostrar discriminación en el contexto educativo en virtud de la Ley de Rehabilitación, el demandante debe demostrar “algo más que la mera falta de prestación” de una educación pública gratuita. Explicó que era necesario demostrar de forma más clara la mala fe o el error grave de juicio para “armonizar” la Ley de Rehabilitación y la IDEA y reflejar el equilibrio adecuado entre los derechos de los niños discapacitados, las responsabilidades de los funcionarios estatales y la competencia de los tribunales en los ámbitos técnicos. 
   Asimismo, la corte agregó que en “Smith v. Robinson” también había intentado “armonizar” la garantía específica de la IDEA de una educación pública gratuita y adecuada con las protecciones de otras leyes contra la discriminación, y había llegado a la conclusión de que el amplio régimen legal de la IDEA era la vía exclusiva por la que un niño discapacitado o sus padres podían impugnar la adecuación de su educación. Sin embargo, en el plazo de dos años, el Congreso había promulgado una nueva disposición de la IDEA que anulaba el caso “Smith”. Esta disposición, ahora codificada en el Título 20 §1415.l (garantías procesales) del Código de los Estados Unidos, establece que nada de lo dispuesto en la IDEA “se interpretará en el sentido de restringir o limitar los derechos, procedimientos y recursos disponibles en virtud” de la ADA, la Ley de Rehabilitación u otras leyes federales que protegen los derechos de los niños discapacitados. Además, la disposición dejó en claro que la IDEA no restringe ni limita los derechos o recursos que otras leyes federales contra la discriminación confieren de forma independiente a los niños con discapacidades. 
   Por ello, la corte concluyó que la norma de mala fe o error grave de juicio derivada de “Monahan” resultaba incompatible con la directiva del §1415(l). Estimó que, al imponer un umbral más alto para las demandas por discriminación relacionadas con los servicios educativos en comparación con otros tipos de demandas por discriminación por discapacidad, el Octavo Circuito había interpretado que la IDEA limitaba implícitamente la capacidad de los escolares discapacitados para reivindicar sus derechos independientes en virtud de la ADA y de la Ley de Rehabilitación, lo cual dificultaba la obtención de las soluciones legales previstas por el Congreso.