Sistema penal juvenil: "Las políticas públicas deben basarse en datos concretos"

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes con intervención judicial (BGD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, organizó un conversatorio denominado “La construcción de indicadores del sistema penal juvenil para el diseño de políticas públicas”, que se realizó a través de la plataforma Zoom, el 23 de marzo, a las 14.30.

Ana Laura López, socióloga e investigadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), disertó para más de 300 personas de todo el país y remarcó que las políticas públicas deben basarse en datos concretos.

En este sentido, la especialista y docente univeritaria, destacó el valioso trabajo que la BGD viene realizando desde hace 14 años. Calificó esa labor como “orfebrería técnica de la información” y destacó, además, que está construida con rigor y seriedad. “La BGD es mucho más que una base de datos, es un dispositivo de producción de información”, dijo.

López se refirió a los sistemas de información sobre penalidad juvenil desde el punto de vista de la sociología penal y lamentó que sea un campo de estudio con muy pocos datos concretos en la Argentina.

Datos concretos

La socióloga analizó la información producida por la BGD sobre niños/as y adolescentes en conflicto con la ley penal en los últimos 10 años y señaló la existencia de indicadores estables en el tiempo, como, por ejemplo, que la población en conflicto con la ley penal está compuesta principalmente de varones adolescentes (84 %), argentinos (90 %) y escasamente educados.

También reconoció otros indicadores que ayudan a desmitificar ciertas creencias fundadas en el prejuicio o el oportunismo político: el 60 % de los jóvenes tuvo solo una causa, lo que destierra el mito de que reingresan constantemente al sistema penal o que los jóvenes cometen principalmente delitos graves. Estas creencias no se corresponden con lo que muestran las estadísticas analizadas.

Entre 2010 y 2019 los conflictos penales juveniles en CABA descendieron el 33 % y las causas iniciadas disminuyeron el 22,5 %. (Ver informe BGD). “Los debates se deben dar en torno a datos”, concluyó.

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