La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal volvió a autorizar a dos ONG a monitorear causas que involucran a funcionarios públicos, en tanto cuenten con el aval de los imputados en el proceso.

Esta vez la decisión recayó sobre un expediente donde se investiga una estafa en el Banco Nación. Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, hicieron lugar a la demanda interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigaciones y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) para que se les permita tomar vista del expediente caratulado "Banco de la Nación Argentina s/ estafa", revocando la decisión contraria del juez  Rodolfo Canicoba Corral.

La decisión se sostuvo en el precedente de la misma sala "Miceli, Felisa s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, donde se autorizó a las mismas ONG a practicar la compulsa del expediente siempre y cuando mediara aval del imputado.

En aquel fallo del 18 de septiembre de 2008, los camaristas sostuvieron que "frente a un reclamo
legítimo de participación ciudadana –que no evidencie razones ajenas a lo judicial, ni impedimentos de orden público o que comprometan la realización del derecho penal material-, la posibilidad de abrir al público el expediente en la etapa preliminar debe ser una contingencia que cuente con el aval de quien sufre la persecución penal. Es ésta la mejor manera de superar el conflicto entre el principio liberal de protección del individuo frente al Estado y el principio democrático de la publicidad".

En esa línea reconocieron la "aspiración legítima del ciudadano de contar con información acerca de la actividad del Estado sin mengua de los derechos del imputado. Ello sin olvidar que el levantamiento del secreto no ha de implicar una puesta en riesgo de la realización de los fines del proceso".