Ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, se realizó este jueves una audiencia a efectos de “analizar y clarificar los avances logrados” en los objetivos fijados con relación a la expansión de la red de agua potable y cloacas, en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó poner en marcha un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.

En concreto, se busca “poder determinar la situación ambiental actual de la Cuenca Hídrica, la mensura de las sustancias o carga másica que se vierten -con datos de volumen y concentración-, la progresividad de la disminución de dicho vertido y seguimiento con tendencia a la mejora”.

Concurrieron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de  Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA). En el encuentro, los asistentes intercambiaron opiniones sobre los temas en cuestión.

En particular, desde el juzgado se planteó la necesidad de seguir trabajando en pos del conocimiento de la capacidad de carga del curso principal. Al respecto, el juez “manifestó la necesidad de mensurar en forma anual y estimativamente cuál es el impacto real de los vuelcos industriales y cloacales en el curso de agua del Riachuelo”.

En tanto, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron la necesidad de contar con la presencia de la Dirección Nacional de Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, atento su función de órgano de control.

Se resolvió convocar a una nueva audiencia, cuya fecha de realización será oportunamente comunicada.