Confirman el procesamiento de un empresario en causa por tráfico de remedios falsos
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Carmelo Basile, señalado como integrante de una asociación ilícita en el marco de la causa que instruye el juez Norberto Oyarbide por tráfico de medicamentos adulterados.
Basile está a cargo de la droguería Arcos 8 de junio, dedicada a la venta de productos farmacéuticos. Mientras que en la investigación se señaló que se encuentra acreditado que integrantes de la Droguería Del Plata y de la firma Arcos 8 de junio SA “acordaron –al menos desde fines del año 2008- conformar una organización destinada a cometer una serie indeterminada de delitos vinculados con la comercialización ilegítima de medicamentos”.
Según el tribunal, “a poco menos de un año de la intervención de esta Alzada y ante la actividad probatoria desarrollada por el instructor intentado seguir los lineamientos que le fueron dados, el panorama inicialmente trazado en algunos aspectos semeja haber alcanzado mayor diafanidad. Se han ido desentrañando distintas estructuras organizativas, que se caracterizan por no ser compartimientos estancos, y han ido apareciendo personas que dentro del mentado entramado cumplen un papel esencial, como es el supuesto de Carmelo Basile, quien se erige como uno de los tantos nexos sobre el que se cimentaron las relaciones cruzadas ya señaladas”.
“El nombrado, que refiere contar con una vasta experiencia y conocimiento en el ramo por haber formado parte del grupo Congreso Salud, mantiene permanentes contactos con Alejandro Martino, uno de los referentes de la asociación ilícita que giró en derredor de la Droguería del Plata”, indicó.
Y añadió que “la prueba acumulada a la presente ha permitido acreditar que la relación existente entre ambos se enmarcaba dentro del concierto criminal verificado, en contraposición con la limitada actividad que Basile manifestara realizar”.
Por otro lado, la Cámara resolvió reducir a $50.000 el monto del embargo trabado por el juez Oyarbide, fijado en principio en un millón de pesos.