La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en su integración natural, rechazó por mayoría los pedidos de exención de prisión de los tres funcionarios de la Aduana de Villa Regina que podrían llegar a estar implicados en la tentativa de contrabando agravado de 1.650 kilos de cocaína presuntamente destinados a la comercialización.

Otros 2.000 kilos aproximadamente habrían logrado burlar el control aduanero argentino y habrían sido detectados en el exterior.
        
Los camaristas Carlos Pizzatelli y Marcos Grabivker consideraron que se advertiría, inequívocamente, que habrían intervenido en aquellos hechos varias personas que actuarían en forma organizada, que no sólo tendrían una estructura dentro del país con distribución de roles sino también conexiones internacionales, las cuales contarían con sólidos medios económicos que podrían facilitar tanto la fuga como el ocultamiento del nombrado y que además aquéllos medios podrían ser utilizados para obstaculizar el avance de la investigación, la cual se encuentra en sus inicios, -y, deberá ser profundizada- impidiéndose de esta manera la acabada acción de la justicia, el esclarecimiento total del hecho y/o la individualización, y el sometimiento al proceso de todos los responsables.
 
Por lo tanto, entendieron, existirían los riesgos procesales que impedirían el otorgamiento de la libertad a aquellos funcionarios.
 
En otros expedientes se habría detectado que por aquella misma aduana también se habría producido o tentado la salida de droga.
 
En minoría, el juez Roberto Hornos declaró la nulidad de las resoluciones denegatorias de las excarcelaciones dictadas en primera instancia.