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Viernes, 18 de septiembre de 2020 |
Fuente: Archivo CIJ
Informe de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky -Presidente- Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos celebró de manera virtual y remota tres audiencias de informes en diversas casos de narcotráfico y lesa humanidad.
En la primera audiencia los jueces analizaron el arresto domiciliario de un acusado por delitos de lesa humanidad que solicitaba la morigeración de su prisión preventiva con motivo de haber dado positivo de Covid-19 en su lugar de detención. Atento a la urgencia el planteo se resolvió en el día.
Seguidamente se mantuvo una audiencia para revisar una condena a 9 años de prisión por un caso de narcotráfico en la provincia de Santiago del Estero. El acusado fue condenado la por el transporte de casi 30 kilogramos de cocaína y el delito de falsificación de documento. El imputado se comunicó con el Tribunal desde la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Federal en Colonia Pinto, Santiago del Estero.
Finalmente se desarrolló una audiencia de informes en el marco de la causa “Itatí” en la que se investiga la actuación de una asociación ilícita integrada por más de 25 personas, incluyendo a funcionarios públicos provinciales y miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, que traía estupefacientes en grandes cantidades (más de 11.000 kilogramos de marihuana) desde Paraguay por vía fluvial, hacia Itatí, provincia de Corrientes.
En el caso se analizó el arresto domiciliario de Luis Saucedo. A la audiencia comparecieron su abogada defensora desde su domicilio, el imputado desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza y sus familiares desde sus domicilios.
De tal modo, apelando a los medios informáticos disponibles y de manera remota, se continúan desarrollando las tareas en el contexto de pandemia, en una actividad fundamentalmente presencial como es la actividad judicial, garantizando los principios de oralidad, publicidad e inmediatez que rigen el proceso penal
No debe perderse de vista que, en este contexto de emergencia, el funcionamiento de la justicia penal federal resulta vital, pues es quien por mandato constitucional debe investigar y juzgar delitos graves, a la vez que debe atender las numerosas peticiones que efectúan las personas privadas de su libertad.
Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal