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Miércoles, 26 de junio de 2019 |
Fuente: Archivo CIJ
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó realizar en paralelo otro juicio oral en el marco de la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
La Sala IV revocó la resolución del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital que había decidido incorporar a cuatro imputados al debate iniciado en octubre pasado
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (en su calidad de presidente), Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, -por mayoría- revocó la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.° 4 de la Capital que había incorporado a cuatro nuevos imputados al juicio denominado “ruta del dinero” y rechazó la producción de la prueba ofrecida.
El TOF 4, en atención a la relación que existía entre los hechos que se investigaban en distintos procesos, luego de rechazar las medidas probatorias ofrecidas por las defensas, decidió su incorporación a un debate oral ya iniciado y ordenó que se notifique a los nuevos imputados y sus defensas de los audios y videos de las pruebas hasta ese momento producidas.
Los imputados fueron incorporados en el mes de mayo del corriente año a un debate oral que fuera iniciado en el mes de octubre del pasado año, esto es, ocho meses después de su comienzo, en el que ya habían declarado 64 testigos, así como también el imputado colaborador Leonardo Fariña.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal entendió que lo resuelto por el tribunal de juicio, de incorporar a imputados a un juicio ya empezado hace 8 meses, con prueba producida, que promedia la mitad de su realización, limitando a su vez la producción de nueva prueba requerida, resulta un caso inédito sin precedentes de similares características al presente, violatorio de la inmediatez propia del juicio oral y público, del derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
En consecuencia, la mayoría de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ordenó que se lleve adelante un nuevo juicio en resguardo de las garantías constitucionales que fueran vulneradas.
Esto no fue compartido por el juez Gustavo M. Hornos, que votó en disidencia reiterando la jurisprudencia de esa Sala relativa a que las decisiones referidas al trámite del juicio, como la convocatoria a debate y el ofrecimiento de medidas de prueba, no constituye, por regla, una sentencia definitiva recurrible ante la Cámara de Casación. A su vez, señaló que la defensa, que fue oída ampliamente en la instancia casatoria, no logró demostrar que perjuicio concreto se le causó. En el caso tanto el tribunal oral como el Ministerio Público Fiscal y las querellas refirieron que lo ya actuado en el juicio no era atinente a la situación de los recurrentes en este incidente.
Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal