El 36% de las mujeres que acudió a la Oficina de Violencia Doméstica denunció violencia económica y patrimonial
Durante el año 2017, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluó el riesgo de 8.496 mujeres (a partir de los 18 años), que denunciaron violencia económica y patrimonial (36%) en su mayoría por parte de varones (95%), entre otros tipos de violencia.
Según datos aportados por la Oficina que dirige la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, el 62% de las afectadas están insertas en el mercado laboral y perciben una remuneración. La franja etaria más afectada va desde los 22 hasta los 49 años (79%).
Principales agresores
El principal vínculo con la persona denunciada fue de ex parejas (49%) y parejas, cónyuges, convivientes o novios (36%). En el caso de las denuncias a ex parejas, el informe destaca el “agravamiento de este tipo de violencia por el incumplimiento de aportes alimentarios para la crianza de los hijos e hijas”, con objeciones a la división del patrimonio (maniobras asociadas a la continuidad del vínculo que, en ocasiones, pueden llegar a acompañar la perpetración de una modalidad extrema de violencia, el femicidio).
En relación a las mujeres mayores de 60 años (8%), el informe advierte que se produce una apropiación de sus bienes y espacios habitacionales, con quita de recursos. Esta situación obstaculiza el acceso a una adecuada alimentación y atención de salud.
Otro aspecto ligado a la vulnerabilidad de las afectadas por violencia económica tiene que ver con su nivel educativo: no completaron el nivel secundario las mujeres de entre 22 y 59 años (43%) y las adultas mayores (55%).
Proyecto
Desde sus inicios, la Oficina implementó un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados.
Su creación implicó el rediseño del abordaje judicial sobre esta problemática, a partir de la incorporación de equipos interdisciplinarios (integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina) para la evaluación del riesgo, la correcta derivación, el seguimiento judicial de los casos y el trabajo en red con otros recursos del Estado.
Esta modalidad significó un claro avance en la consolidación de las políticas de acceso a justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Informe: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.