El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires suspendió este jueves las medidas cautelares dictadas por el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario que frenaron el proceso de designación de un  juez para ocupar una plaza en el Máximo Tribunal porteño.

En la resolución, dictada por mayoría, se asegura que el trámite de designación “cursaba una de las etapas prevista en la Constitución cuando las decisiones judiciales dictadas… resolvieron suspenderlo. En tales condiciones, hasta tanto se dicte sentencia en estas actuaciones, corresponde levantar la referida suspensión, con carácter cautelar, respecto de los actos propios de la actual instancia legislativa del procedimiento de designación en cuestión”.

“Para arribar a esa conclusión, se valora que sería mayor la gravedad del perjuicio derivado de impedir la continuidad del trámite que la de permitir su prosecución en tanto, por tratarse de un procedimiento complejo, completar el desarrollo de la etapa en curso no puede por sí provocar consecuencias definitivas en relación con las objeciones que se pretenden ventilar en estas actuaciones ni con aquellas que, según se denuncia, intentan discutirse en los procesos judiciales”, agrega.

Por otro lado, añade, el hecho de que la actividad desplegada en la etapa legislativa aludida continuó con el trámite de la designación “muestra la voluntad de ese cuerpo de proseguir aquél trámite, voluntad que es incompatible con las ordenes judiciales mencionadas”.

En la causa, el Procurador General de la Ciudad había solicitado la suspensión inmediata de toda decisión judicial que interfiera el ejercicio de las atribuciones y competencias propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo y que, en particular, permita la continuidad del procedimiento de designación para el cargo de juez del Tribunal Superior de Justicia.

Además, había pedido se declare que el acto institucional complejo de nombramiento de un juez del Tribunal Superior de Justicia, en sus distintas etapas, es de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y que, por tanto, los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario carecen de competencia constitucional para disponer medida alguna que interfiera, altere, suspenda o de cualquier modo afecte la realización de dicho acto.