El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) intensificar las acciones para implementar un sistema internacional de medición de cumplimiento objetivos, esto es la aplicación de un estándar reconocido que permita mostrar los avances alcanzados en el saneamiento de esa cuenca hídrica y facilitar así el control judicial de esas actividades.

Para ello, Armella ordenó a ACUMAR presentar un proyecto antes del 31 de diciembre próximo, para adecuar las reglas de medición a un estándar internacional, teniendo en cuenta el Plan Integral de Saneamiento Ambiental elaborado por ese juzgado, bajo apercibimiento de sancionar con multas a los funcionarios responsables.

En concreto, deberá ingresar un plan que contemple de un modo sistémico las acciones a realizar, un mecanismo de medición de los objetivos impuestos por la Corte Suprema para el saneamiento de la cuenca y un sistema de información pública integrado.

Sucede que de los informes presentados por ACUMAR sobre los avances en la puesta de funcionamiento de pautas de medición no surge con “claridad” en qué punto de ejecución se encuentra esa exigencia, según Armella.

Así también lo entendió el Defensor del Pueblo de la Nación, a quien el juez Armella le corrió traslado de las presentaciones de ACUMAR.  “No resulta posible tener por cumplida la manda judicial dado que de las distintas propuestas presentadas en esta ejecución de sentencia no se puede verificar congruencia entre ellas, y si por el contrario se denota un empobrecimiento de la calidad de medición pues el enfoque metodológico es más restrictivo”, sostuvo el ombudsman.

La instauración de pautas de medición fue una de las exigencias de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde el Máximo Tribunal ordenó en general aplicar políticas públicas concretas de saneamiento ambiental en el Riachuelo y dejó en manos del juez federal de Quilmes la ejecución de esa sentencia.