En una audiencia realizada este martes ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y de los tres estados que la integran manifestaron su compromiso para “definir y controlar las urgentes acciones” con relación a las obras para el saneamiento de la zona, principalmente del camino de sirga (márgenes del río).

Además del presidente de ACUMAR, Homero Bibiloni, y de otras autoridades de ese organismo, concurrieron a la citación judicial funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación Federal nacionales; del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Infraestructura y de la Fiscalía de Estado bonaerenses, y del Ministerio de Desarrollo Urbano, de la Agencia de Protección Ambiental  de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Armella resaltó la necesidad de hacer foco sobre el control de las industrias, “uno de los pilares del saneamiento”. Ante ello remarcó que “hay que trabajar mucho” y que se necesita “romper con muchos compromisos… y con una cultura que se viene arrastrando desde hace muchos años”.

En ese sentido, dijo que las empresas radicadas en la cuenca deben realizar inversiones para que se dejen de verter en el Riachuelo “sustancias que matan”.

Otro de los puntos salientes en los que hizo hincapié el magistrado fue la necesidad de fortalecer institucionalmente a ACUMAR: “Hay que independizarla de las coyunturas políticas” y que no sea dependiente “de las migajas que puedan tirarle los gobiernos de turno”.

Durante el encuentro, los funcionarios aseguraron que “se van a hacer las obras que haya que hacer” para cumplir con la exigencia de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde exigió el año pasado la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral para toda la cuenca hídrica.

Cabe recordar que el juez Armella intimó a ACUMAR a que antes del próximo 1º de noviembre comience un plan de obras para sanear las orillas del Riachuelo, bajo apercibimiento de multas para los funcionarios responsables.