Retomando un pedido de colaboración hecho a la Fiscalía hacia fines del año 2014, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, dispuso delegar en el fiscal la investigación de todo aquello vinculado a los orígenes de la fortuna acumulada desde el año 2003 por el grupo Báez teniendo en cuenta sus relaciones con el poder político -delito precedente vinculado a la corrupción-.

Para fundamentar su decisión, destacó los principios de unidad de actuación y coherencia del Ministerio Público Fiscal y su lugar constitucional dentro del proceso, recordando que –tal como lo consideró la Cámara- las conductas asociadas a Lázaro Báez fueron denunciadas, desde la fundación de Austral Construcciones en el año 2003 y su continuado crecimiento, en distintos momentos ante distintos juzgados –se citan causas—y deberían avanzar sostenida y ordenadamente.

También dispuso hacer saber a los jueces a cargo de los mencionados expedientes los términos de la resolución de la Cámara para establecer sin demora un mecanismo dinámico de cooperación.