La Cámara Federal de Casación Penal difunde informe sobre las decisiones dictadas por ese tribunal en causas en las que se investigan y juzgan crímenes de lesa humanidad
El informe, realizado por la Oficina de Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, tiene como propósito brindar una herramienta que permita abordar la temática de los crímenes de lesa humanidad a través de la sistematización de la jurisprudencia desarrollada por la Cámara en los fallos dictados desde el año 2012 hasta la actualidad.
En el documento se distingue entre sentencias definitivas y resoluciones interlocutorias que plasman pautas generales definidas por esta Cámara y se puede identificar a las partes intervinientes en cada uno de los procesos. También cuenta con un sumario de cada uno de los fallos.
Durante el período referenciado, la Cámara Federal de Casación Penal dictó más de ciento diez sentencias definitivas, de las cuales un gran porcentaje ya se encuentran firmes.
Se destacan las sentencias condenatorias dictadas respecto de ex presidentes de facto (“Videla” Sala I; “Bignone” Sala II); las causas en las que se analizó la responsabilidad de ex Magistrados y funcionarios judiciales (“Lona”, “Pereyra González”, “Brusa” Sala II; “Romano Ruiz” Sala IV); aquellas en las que se condenó a los responsables por la apropiación de menores (“Acosta” Sala III, “Alonso”, “Lugones” Sala II, “Furio Etcheverri” Sala IV); causas en las que se investigaron y juzgaron delitos sexuales (“Molina” Sala IV; “Acosta” Sala II); aquellas en las que se juzgaron los hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (“ESMA” Sala II), en la Masacre de Trelew (“Paccagnini”, Sala III) y en la que se juzgó el homicidio del Obispo Enrique Angeleli (“Estrella” Sala IV).
Cabe recordar que esta Cámara adoptó las “Reglas Prácticas” (Acordada Nº 1/12 de ese Cuerpo), tendientes a otorgar celeridad, dinamizando el proceso, con el “fin de facilitar el debido cumplimiento de las funciones jurisdiccionales y posibilitar una mayor dinámica y operatividad a las normas procesales en vigor, dentro del marco legal expresamente establecido”, aplicables específicamente a procesos complejos como son los juicios por crímenes de lesa humanidad.