01/10/2018
CORTE CONSTITUCIONAL DE BÉLGICA
DERECHO A LA IDENTIDAD. DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA. Demanda de filiación. Objeción de la presunción de paternidad. plazo de prescripción
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Sentencia n.° 18/2016 del 3-2-2016
En <http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-018f.pdf>
1. Antecedentes del caso: en 2013, Delphine Boël se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para definir su parentesco con el ex rey Alberto II (quien había abdicado en favor de su hijo Felipe ese mismo año) y para demostrar que Jacques Boël no era su padre biológico.
Como esta acción se inició 28 años después de que la accionante fuera informada por su madre de que Boël no era su padre, el tribunal señaló que había prescripto el plazo de un año –fijado por el Código Civil– desde que había tomado conocimiento de este hecho para interponer la demanda de filiación.
En 2014, el tribunal formuló algunas cuestiones prejudiciales y las elevó a la Corte Constitucional de Bélgica. Una de ellas consistía en la revisión de la constitucionalidad de la normativa del Código Civil que establece un plazo fijo para que un joven de más de 22 años pueda, luego de descubrir que su supuesto padre no lo es, objetar la presunción de paternidad del marido de su madre.
2. Sentencia: la obligación, recogida en el Código Civil, de interponer las demandas sobre filiaciones antes de que el accionante tenga 22 años de edad o, como máximo, dentro del año posterior a que tomó conocimiento de que su padre biológico no era quien creía es inconstitucional. En consecuencia, la apelante puede continuar con el proceso iniciado en 2013 para definir su parentesco con Alberto II.
El establecimiento del plazo de un año pretendió limitar en el tiempo la posibilidad de objetar la paternidad matrimonial y, de este modo, asegurar los lazos filiatorios y la paz familiar. Sin embargo, la norma cuestionada afecta desproporcionadamente el derecho al respeto de la vida privada del niño, ya que un plazo corto de prescripción de la acción puede privarlo de la posibilidad de acceder a un tribunal que analice los hechos y considere los intereses de todas las partes involucradas.
En consecuencia, el derecho de una persona a conocer la identidad de su padre biológico predomina sobre la seguridad jurídica de los lazos familiares existentes.