Antecedentes del caso: se planteó la inconstitucionalidad de varios artículos del Código Civil que no autorizan a los progenitores, aun cuando haya consentimiento mutuo, a atribuir a sus hijos, en el momento del nacimiento, tanto el apellido materno como el paterno. 

Las mismas vulneran el derecho constitucional del menor a su identidad personal así como el derecho al reconocimiento de la igual dignidad de los progenitores. En este sentido, la Corte sostiene que “a fin de lograr la realización plena y efectiva del derecho a la identidad personal, cuya expresión fundamental y más inmediata es el nombre, junto con el igual reconocimiento a ambos padres en el proceso de construcción de esa identidad personal [del menor], resulta imperioso reconocer el derecho del niño a ser identificado desde su nacimiento por el apellido de ambos progenitores. Por el contrario, la disposición legal que otorga absoluta prioridad al apellido paterno sacrifica el derecho a la identidad del menor, negándole la posibilidad de ser identificado desde su nacimiento también por el apellido materno”.

Cabe remitirse a lo dispuesto por los arts. 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos y al relevante fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos del 7 de enero de 2014, Cusan and Fazzo v. Italy, en términos de los cuales la obligación de transmitir únicamente el apellido paterno vulnera la Convención.