Derecho a la igualdad. Derechos fundamentales. Concesión de la ciudadanía. Imposición de conocimiento de idioma italiano. Discriminación indirecta.  Es inconstitucional la norma que, para la concesión de la ciudadanía italiana, impone a todos los extranjeros tener conocimiento del idioma italiano, sin exceptuar a aquellos que se encuentren objetivamente impedidos de aprenderlo por razones de discapacidad, déficit cognitivo o edad. (Sentencia n.° 25, del 7-3-2025).

Derecho a la libertad de expresión y de prensa. Derecho de acceso a la información pública. Censura. Derecho a la honra y al buen nombre. Bloqueo de cuentas en redes sociales de organismos gubernamentales o funcionarios públicos.  Las autoridades deben abstenerse, en sus cuentas públicas de redes sociales, de bloquear a usuarios sin causas legítimas. (Sentencia T-475-24, del 12-11-2024).

Derecho a la dignidad personal. Discriminación por razones de orientación sexual. Homofobia. Agresión verbal en un establecimiento gastronómico. Derecho a la libertad de expresión. Límites a la libertad de expresión. El uso de términos ofensivos hacia una persona con motivo de su orientación sexual atenta contra la dignidad y no puede considerarse protegido por el derecho a la libertad de expresión. (Sentencia n.° 89-2025, del 5-2-2025). 

Derecho de la Unión Europea. Derecho a la protección de los datos personales. Registro e incautación. Asociación masónica. Relaciones entre la masonería y la mafia.  El registro y la incautación en una asociación masónica viola el derecho al domicilio y a la correspondencia y equivale a una injerencia en los derechos garantizados por el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ("Case of Grande Oriente d'Italia v. Italy", sentencia del 19-12-2024).

Derecho a la libertad de expresión. Derecho al respeto de la vida privada. Protección de datos. Redes sociales.  Interés imperioso del Estado en restringir el uso de TikTok por razones de seguridad nacional. ("TikTok, Inc. v. Garland", sentencia del 17-1-2025).

Responsabilidad internacional de Estado. Derechos a la vida, la integridad personal, la vida privada y la salud. Tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Derecho al acceso a la Justicia. Desarrollo progresivo del derecho a la salud. Proporcionalidad de la prohibición absoluta del aborto.  La CIDH condenó a El Salvador por denegar el acceso a la interrupción del embarazo a una mujer que corría riesgo de muerte y cuyo feto sufría una malformación que le impediría vivir. ("Beatriz y otros vs. El Salvador", sentencia del 22-11-2024).

Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Derecho a la identidad y al desarrollo personal.  Inconstitucionalidad de las disposiciones que impiden que el hijo nacido de una donación obtenga del centro de fecundación cualquier dato sobre el donante de células reproductoras. (Sentencia n.° 102/2024, del 26-9-2024).

Derecho a un proceso sin dilaciones. Derecho a la tutela judicial efectiva. Retardo de justicia.  Sobrecarga de trabajo de los magistrados y carencia de medios necesarios para resolver en un plazo razonable. (Sentencia n.° 135/2024, del 4-11-2024). 

Inmunidad soberana de los Estados extranjeros ante los tribunales locales. Agotamiento de recursos internos. Crímenes de lesa humanidad y expropiaciones violatorias del derecho internacional. Excepción de la inmunidad soberana en casos de expropiaciones contrarias al derecho internacional. Requisito de establecer el nexo comercial entre los bienes expropiados y los Estados Unidos. Víctimas del Holocausto. La Corte Suprema resolvió que, para demandar a un Estado extranjero ante los tribunales estadounidenses en casos de expropiación ilegítima (en este caso, un grupo de sobrevivientes del Holocausto húngaro), se deben rastrear los bienes expropiados en concreto o cualquier bien intercambiado por esos bienes. ( "Hungary v. Simon", sentencia del 21-2-2025).

Derecho del trabajo. Contrato de trabajo intermitente. Precarización laboral. Principio de dignidad de la persona humana.  El contrato de trabajo intermitente es constitucional porque no suprime los derechos laborales ni debilita las relaciones de trabajo. (ADI 5826, sentencia del 13-12-2024).