sentencia del 16-5-22

En https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/20-979_h3ci.pdf

Patel Et Al. v. Garland, Attorney General

Antecedentes del caso: en la década de 1990, Pankajkumar Patel ingresó con su esposa Jyotsnaben a los Estados Unidos de manera ilegal y en 2007 solicitó, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), un cambio de estatus (adjustment of status) discrecional según lo establece el 8 U. S. C. art. 1255. De haberlo obtenido, les habría permitido a ambos obtener la residencia legal permanente. Debido a que tenía información de que, en el estado de Georgia, Patel había completado una solicitud de licencia de conducir y declarado falsamente que era un ciudadano estadounidense, el USCIS rechazó su petición por no cumplir con el umbral mínimo requerido a los no ciudadanos de ser legalmente admisibles para poder obtener la residencia legal permanente —ver arts. 1255.i.2.A y 1182.a.6.C.ii.I, que considera inadmisible la petición de un no ciudadano que falsamente se presenta a sí mismo como estadounidense por algún propósito o beneficio de la ley local o federal—.
Años más tarde, el Estado inició el procedimiento de deportación de Patel y su esposa a causa de su ingreso ilegal al país. Patel buscó evitar su traslado mediante la renovación de su pedido de cambio de estatus migratorio y alegó ante el juez de inmigración que él había marcado por error el casillero que decía “ciudadano” en la solicitud de licencia de conducir y que, por lo tanto, no había tenido intención de infringir una ley federal. El juez de inmigración rechazó su argumento, le negó el cambio de estatus y ordenó que él y su esposa fueran expulsados del país, por lo que Patel presentó un pedido de revisión de esa decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, la que también desestimó su reclamo.
En consecuencia, Patel recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones del Circuito XI, que le respondió que no tenía jurisdicción para entender en su reclamo. La ley federal prohíbe la revisión judicial de “toda resolución vinculada con la concesión de una medida” según el art. 1255. Sin embargo, el art. 1252.a.2.D establece una excepción cuando la decisión se refiere a “controversias en las que se plantean cuestiones constitucionales o de derecho”. Pero una sala del tribunal entendió que cada uno de los hechos cuyo análisis Patel había solicitado —si su declaración había sido convincente y si había tenido intención de hacerse pasar por un ciudadano estadounidense— no eran susceptibles de revisión. En la audiencia, la cámara en pleno coincidió con la decisión de la sala. 
Por eso, Patel interpuso un writ of certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y solicitó la revisión de la decisión de la cámara. La Corte hizo lugar al pedido a fin de unificar el criterio de las decisiones de la cámara de apelaciones sobre el alcance del art. 1252.a.2.B.i.

Sentencia: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó el fallo. Sostuvo que los tribunales federales carecían de poder jurisdiccional para revisar los hechos que forman parte del procedimiento de una medida discrecional según el art. 1255 y las demás disposiciones enumeradas en el art. 1252.a.2.B.i. 
1. Este caso versa, en gran medida, acerca del alcance de la palabra “resolución” tal como es empleada en el art. 1252.a.2.B.i. Como sustento de su sentencia, la Corte Suprema señaló que el amicus curiae la definía como “toda decisión autorizada, incluyendo todas y cada una de las resoluciones vinculadas con la concesión o denegación de una medida discrecional”. Por el contrario, el Estado afirmó que se refería exclusivamente a una decisión que exigiera el uso de la discrecionalidad y que los hechos en este caso no lo requerían. Patel coincidió en que una “resolución” implicaba el ejercicio de la discrecionalidad, pero interpretó la frase calificativa “vinculada con la concesión de una medida” centrándose en la prohibición jurisdiccional solo respecto de la decisión definitiva del juez de inmigración sobre el otorgamiento o no de una medida. Todo lo demás, sostuvo, era pasible de ser revisado. 
Para la Corte Suprema, únicamente la definición del amicus se ajusta al texto y al contexto del art. 1252.a.2.B.i. “La palabra ‘toda’ tiene un significado expansivo” (ver Babb v. Wilkie, 589 U. S. ___, ___, n. 2). Tal como se aplica aquí, “toda” significa una resolución “de cualquier tipo” dictada de conformidad con el art. 1255 y las demás disposiciones enumeradas (ver United States v. Gonzales, 520 U. S. 1, 5). La frase “vinculada con” tiene un “efecto de amplitud” similar (ver Lamar, Archer & Cofrin, LLP v. Appling, 584 U. S. ___, ___). Por lo tanto, el art. 1252.a.2.B.i alcanza no solo a “la concesión de una medida”, sino también a toda resolución vinculada con la concesión de una medida. La interpretación del amicus se ve robustecida por la incorporación posterior que hizo el Congreso del art. 1252.a.2.D, que preserva la revisión de las cuestiones de derecho y constitucionales, pero no hace mención alguna al resguardo de la revisión de las cuestiones de hecho. Además, en casi todas las resoluciones, la Corte Suprema ya se había basado en el subpárrafo D, menos en aquellas en que la revisión judicial de la determinación de los hechos no estaba permitida (ver Guerrero-Lasprilla v. Barr, 589 U. S. ___; Nasrallah v. Barr, 590 U. S. ___ 2020).
Las interpretaciones del Estado y de Patel, según la Corte Suprema, implican denodados esfuerzos para evitar el significado más natural del texto. El Estado citó definiciones de diccionario como “el proceso mental o intelectual de formarse una opinión o análisis a través del discernimiento y la comparación” al indicar que “resolución” se refería exclusivamente a una decisión discrecional, a la que describía como “subjetiva o valorativa”. Aseguró que la determinación de los hechos, en este caso, no se ajustaba a esa descripción. La Corte Suprema señaló que la posición del Estado era errada tanto respecto del texto como del contexto, ya que una “resolución” no implicaba necesariamente discrecionalidad, ni el contexto indicaba que solo las resoluciones discrecionales eran alcanzadas por el art. 1252.a.2.B.i. 
En lugar de delinear una categoría especial de resoluciones discrecionales, las definiciones citadas —ninguna de las cuales hace referencia expresamente a la discreción— simplemente describen el proceso de toma de decisiones, que puede involucrar una cuestión que el Estado trate como “subjetiva” u “objetiva”. Utilizar la palabra “resolución” para definir las determinaciones de los hechos que se debaten en este caso es, según la Corte Suprema, perfectamente natural (ver Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U. S. 318, 327). Para lograr ser la parte vencedora del pleito, el Estado debe demostrar que, en el contexto, el tipo de resolución a la que se refiere el art. 1252.a.2.B.i es discrecional. Pero el texto de esa norma se aplica a “toda resolución”. Si el Congreso hubiese pretendido acotar la prohibición jurisdiccional a las “resoluciones discrecionales”, fácilmente podría haber usado ese lenguaje, como lo hizo en otras partes del código de inmigración. La Corte Suprema afirmó que el fundamento propuesto por el Estado, basado en el precedente Kucana v. Holder (558 U. S. 233), no era correcto. En ese caso, no se había dicho nada sobre la revisión de las decisiones no discrecionales, ni tampoco habían sido implicadas. 
Del mismo modo, la Corte Suprema sostuvo que la interpretación de Patel no se había adecuado al texto o contexto del art. 1252.a.2.B.i. Patel afirmó que la frase “toda resolución vinculada con la concesión de una medida” se refería únicamente a la concesión o denegación definitiva de una medida, y dejaba a las demás determinaciones susceptibles de ser revisadas. Además, Patel interpretó la oración “vinculada con” completamente por fuera de la norma y no explicó por qué el impedimento del subpárrafo B debía leerse de manera diferente a la prohibición, que establecía el subpárrafo C, de revisar las órdenes definitivas de deportación en ciertos delitos penales. Dada la analogía entre esas dos normas —cada una excluye la revisión judicial de la misma manera y conlleva la misma relación con el subpárrafo D—, la Corte Suprema concluyó que no existía razón para pensar que el subpárrafo B permitiría a un tribunal analizar las determinaciones de los hechos de una decisión cuando el subpárrafo C prohibía precisamente eso.
2. Patel y el Estado alegaron que la interpretación de la Corte Suprema prohibiría arbitrariamente la revisión de ciertas determinaciones de hechos efectuadas en el contexto de una medida discrecional, las que serían analizadas si se hicieran en otra etapa de los procedimientos de deportación. Pero la distinción simplemente refleja la elección del Congreso de establecer una reducción a la protección procesal de una medida discrecional. Y aunque la Corte Suprema no decide qué efecto, de existir alguno, tiene su elección sobre la revisión de la determinación de los hechos en una medida discrecional hecha por fuera de los procedimientos de deportación, rechazó la afirmación de Patel y del Estado de que el riesgo de impedir esa revisión debía hacer cambiar su interpretación en este caso. Como la Corte Suprema ha subrayado en muchas ocasiones anteriores, las cuestiones políticas no pueden estar por encima de la mejor interpretación del texto legal. 
3. Como último recurso, Patel y el Estado afirmaron que la norma era lo suficientemente ambigua como para presumir que el Congreso no había tenido la intención de impedir la revisión judicial. Sin embargo, la Corte Suprema entendió que el texto y el contexto del art. 1252.a.2.B.i indicaban claramente que la revisión judicial de la determinación de los hechos estaba excluida en el contexto de una medida discrecional y manifestó que no tenía motivos para recurrir a la presunción de revisión. 

Notas de la Oficina de Referencia Extranjera: 
1. Adjustment of status es el procedimiento por medio del cual una persona que se encuentra legalmente en los Estados Unidos puede solicitar el cambio de su estatus de inmigrante al de residente legal permanente (también conocido como trámite de solicitud para la obtención de la tarjeta verde). De este modo, el aspirante puede obtener una tarjeta verde sin tener que regresar a su país de origen para completar el procedimiento de solicitud de una nueva visa.
2. Un writ of certiorari consiste en una presentación directa a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que requiera a un tribunal inferior el envío de una causa y examine si se violó algún derecho en el procedimiento o en la sentencia.