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En marzo de 2008, Jamey Wilkins, que está detenido en una cárcel estadual de Carolina del Norte, promovió una acción ante un tribunal de distrito fundada en lo dispuesto por el art. §1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos. En la demanda alegó que el 13 de junio del año anterior había sido agredido “maliciosa y sádicamente”, “sin ninguna provocación de su parte”, por el agente penitenciario Gaddy. Afirmó que este, manifiestamente enfurecido porque le había pedido un formulario de quejas, lo había levantado y arrojado al piso de concreto, y luego procedió a golpearlo, patearlo, darle rodillazos y a estrangularlo hasta que otro funcionario lo alejó físicamente. Wilkins también sostuvo que, como resultado de la fuerza excesiva que empleó Gaddy, sufrió muchas lesiones físicas –esto es, hematomas en el talón, dolor de espalda, aumento de la presión arterial, dolores de cabeza y mareos, trauma psicológico y angustia– que dieron lugar a que padeciera depresión, ataques de pánico y pesadillas de agresiones.
El tribunal de distrito, de oficio y sin haber recibido una respuesta de Gaddy, desestimó la demanda porque entendió que la misma no contenía una pretensión. Con cita de precedentes de la cámara de apelaciones, afirmó que a los fines de formular una denuncia de uso de fuerza excesiva fundada en la VIII Enmienda, el accionante debe demostrar haber recibido una lesión que no sea de minimis. El tribunal estimó que las supuestas lesiones de Wilkins no superaban el grado de minimis a que hacían referencia dichos precedentes. De hecho –destacó el tribunal–, el accionante no había manifestado que sus lesiones requirieran atención médica.
Wilkins pidió la reconsideración de esa decisión, afirmando haber desconocido que la omisión de mencionar los tratamientos médicos pudiera perjudicar la admisibilidad de su demanda. Agregó que se le habían prescripto y seguía recibiendo medicamentos para sus dolores de cabeza y de espalda, así como para su depresión. Y acompañó constancias médicas a fin de demostrar sus lesiones y los tratamientos a que había estado sometido.
Describiendo la reconsideración como un “remedio extraordinario”, el tribunal de distrito se negó a revisar su decisión anterior. Las constancias médicas –observó el tribunal– indicaban que algunas de las lesiones alegadas por Wilkins “eran preexistentes”. Wilkins había pedido recibir tratamiento para su presión alta y problemas de salud mental incluso antes de la agresión. El tribunal reconoció que a Wilkins le habían realizado radiografías luego del incidente para examinar el hematoma de su talón, pero advirtió que los hematomas generalmente son considerados una lesión de minimis. En forma similar, dio esta misma jerarquía a los dolores de espalda y de cabeza denunciados por Wilkins y denegó a este la autorización para modificar su demanda.
En una sentencia de puro derecho, la cámara de apelaciones confirmó esta decisión “por las razones enunciadas por el tribunal de distrito”.
Entonces, Wilkins interpuso un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.
SE DECIDIÓ: dado que la decisión del tribunal de distrito, confirmada por la alzada, contradice el criterio establecido en Hudson v. Mc Millian (503 US 1, p. 4 -1992-), conforme al cual las denuncias de uso de fuerza excesiva deben resolverse con base en la naturaleza de la fuerza y no en la gravedad de las lesiones, se hace lugar al pedido de certiorari y se revoca la sentencia impugnada.
Devuélvanse las actuaciones al inferior a fin de que continúe el trámite conforme a la decisión aquí adoptada.
(a) Al exigir el equivalente a la acreditación de una lesión significativa para poder formular una denuncia de uso de fuerza excesiva, la cámara de apelaciones se ha apartado del claro holding que esta Corte adoptó en Hudson. Al igual que Wilkins, el prisionero del caso Hudson promovió una acción fundada en el art. §1983, alegando que los agentes del servicio penitenciario habían usado una fuerza excesiva en violación a lo dispuesto por la VIII Enmienda. La prueba mostraba que los agentes habían golpeado injustificadamente a Hudson en la boca, los ojos, el pecho y el estómago, generándole pequeños hematomas e hinchazón en el rostro, boca y labios, así como la pérdida de un diente y la fractura de una placa dental parcial. Un magistrado dictó sentencia a favor de Hudson, pero la cámara de apelaciones revocó esta decisión porque entendió que el prisionero debía demostrar una lesión significativa para poder formular una denuncia de uso de fuerza excesiva. Asimismo, estimó que las lesiones sufridas por Hudson eran “menores” como para justificar una reparación.
Al revocar la sentencia de cámara, esta Corte rechazó la exigencia de acreditar una “lesión significativa” como umbral para formular una denuncia de uso de fuerza excesiva. El “análisis central que debe hacer el Poder Judicial” no consiste en determinar si se produjo una cierta cantidad de lesiones, sino “si la fuerza fue utilizada de buena fe para intentar mantener o restablecer la disciplina, o maliciosa y sádicamente para causar un daño” (cit., p. 7; ver también Whitley v. Albers, 475 US 312, pp. 319/321 -1986-). “Cuando los agentes del servicio penitenciario maliciosa y sádicamente usan la fuerza para causar un daño”, reconoció la Corte, “siempre violan los estándares contemporáneos de decencia, produzcan o no lesiones evidentes. De lo contrario, la VIII Enmienda permitiría infringir cualquier castigo físico por diabólico o inhumano que sea en la medida en que produzca una cantidad de lesiones menor a la arbitrariamente establecida” (Hudson, cit., p. 9; ver también id., pp. 13/14, voto concurrente con la parte dispositiva del Justice Blackmun) (“[h]oy la Corte deja de lado el muy erróneo criterio de que el sufrimiento generado por el uso de fuerza excesiva da derecho a accionar con base en la VIII Enmienda solamente cuando se acumula a una ‘lesión significativa’, por ejemplo, una lesión que requiere atención médica o deja secuelas permanentes”).
Esto no significa que la “inexistencia de una lesión significativa” resulte irrelevante a los fines de un control de constitucionalidad en términos de la VIII Enmienda (id., p. 7). “La magnitud de la lesión sufrida por el prisionero constituye un factor que puede sugerir si el uso de la fuerza fue verosímilmente necesario “en una situación específica” (ibid., con cita de Whitley, cit., p. 321). La magnitud de las lesiones también puede dar alguna pauta de la cantidad de fuerza aplicada. Tal como se declaró en Hudson, no “todo toque malévolo de un agente penitenciario da derecho a accionar ante un tribunal federal” (cit., p. 9). “La prohibición de la VIII Enmienda de infligir castigos ‘crueles e inusuales’ necesariamente excluye del reconocimiento constitucional a los usos de minimis de fuerza física, en la medida en que el uso de fuerza no sea de una naturaleza repugnante a la conciencia del género humano” (ibid). Un prisionero que se queja de un “empujón” que no causa ningún daño identificable casi con certeza no está formulando una denuncia válida de uso de fuerza excesiva (ibid).
Las lesiones y la fuerza, sin embargo, están solo imperfectamente correlacionadas, y la última es la que en definitiva importa. Un prisionero que es gratuitamente golpeado por los guardias no pierde su capacidad para promover una acción por el uso de fuerza excesiva simplemente por haber tenido la buena fortuna de terminar sin lesiones serias. En consecuencia, la Corte llegóa la conclusión, en Hudson, de que las lesiones de naturaleza supuestamente “menor” “no justifican la desestimación de la acción que Hudson fundó en el art. §1983” porque “los golpes que recibió, que le causaron hematomas, hinchazón, pérdida de dientes y resquebrajamiento de la placa dental, no son de minimis a los fines de la VIII Enmienda” (cit., p. 10).
(b)
Los alegatos que Wilkins hace en este caso son bastante similares a los formulados en el caso Hudson, y el análisis del tribunal de distrito se parece mucho al criterio que Hudson desautorizó. Wilkins afirmó que lo habían golpeado, pateado, que había recibido rodillazos, que habían intentado estrangularlo y que lo habían arrojado con fuerza contra el suelo “maliciosa y sádicamente”, sin “ninguna provocación”. Al desestimar de oficio la pretensión de Wilkins, el tribunal de distrito no sostuvo que la agresión alegada –que supuestamente dejó a Wilkins con un hematoma en el talón, dolor de espalda y otras lesiones que requerían cuidado médico– hubiera sido realizada con una fuerza de minimis. Antes bien, llegó a la conclusión de que correspondía desestimar la acción de Wilkins porque “simplemente no había alegado haber sufrido nada más que una lesión de minimis”. Para otorgar una gravitación determinante a la naturaleza supuestamente de minimis de las lesiones de Wilkins, el tribunal de distrito buscó sustento en dos casos de la Cámara Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito (Riley v. Dorton, 115 F. 3d, 1159 pp. 1166/1168; Taylor v. McDuffie, 155 F. 3d, pp. 483/485). Esos casos, a su vez, se basaron en la decisión que previamente había adoptado la cámara para el Cuarto Circuito en el caso (Norman v. Taylor, 25 F. 3d 479 1259 (en pleno)), que aprobó la práctica de usar las lesiones como un indicador de la fuerza utilizada. Conforme a la Cámara para el Cuarto Circuito, Hudson “no excluye, sino que en verdad cumple con el criterio (…) de que, fuera de las circunstancias más extraordinarias, un demandante no puede lograr el reconocimiento de su pretensión fundada en la VIII Enmienda de que ha sido víctima de un uso de fuerza excesiva si sus lesiones son de minimis” (cit., p. 1263).
La forzada interpretación que la Cámara para el Cuarto Circuito hace de Hudson no es defendible. A diferencia de lo que consideró dicha cámara, la decisión de esta Corte no sirvió simplemente para bajar el umbral de la lesión invocada en las denuncias de uso de fuerza excesiva, de “significativa” a “no de minimis”, cualquiera sea el significado que se atribuya a estas expresiones mal definidas. Antes bien, esta Corte quiso trasladar el “análisis central que debe hacer el Poder Judicial” de la magnitud de la lesión a la naturaleza de la fuerza ejercida, específicamente a la determinación de si esta no era trivial y si “fue aplicada (…) maliciosa y sádicamente para causar daño” (cit., p. 7). Llegar a la conclusión, como hizo en este caso el tribunal de distrito, de que la inexistencia de “cierta cantidad arbitrariamente establecida de lesiones” exige la desestimación automática de una pretensión de haber sido víctima de uso de fuerza excesiva pasa por alto inadecuadamente este análisis central (id., p. 9).
Al resolver que el tribunal de distrito erróneamente desestimó la demanda de Wilkins con base en la naturaleza supuestamente de minimis de sus lesiones, no se emite aquí ninguna opinión sobre el mérito de su pretensión vinculada al uso de fuerza excesiva. Para lograr el reconocimiento de su demanda, Wilkins, en definitiva, va a tener que demostrar no solo que la agresión realmente ocurrió, sino también que se realizó “maliciosa y sádicamente” y no como parte de un intento de buena fe de “mantener o restablecer la disciplina” (ibid). Además, aun si Wilkins resulta victorioso, la naturaleza relativamente modesta de sus supuestas lesiones indudablemente va a limitar el monto de los daños y perjuicios que puede recuperar. |
