Messerschmidt et al. v Millender - 22-2-2012

Texto de la sentencia en inglés

Shelly Kelly temía ser agredida por su novio Jerry Ray Bowen cuando saliera de su departamento y, por lo tanto, solicitó protección policial. Dos oficiales de policía se presentaron en dicho inmueble, pero recibieron una llamada de emergencia y debieron marcharse. Apenas partieron, Bowen se presentó en el departamento insultándola por haber recurrido a la policía y la atacó, tratando de tirarla desde un segundo piso. Cuando Kelly logró escaparse hasta su auto, Bowen le apuntó una escopeta recortada y amenazó con matarla si intentaba irse. Sin embargo, Kelly aceleró y Bowen disparó cinco veces contra su automóvil perforando uno de los neumáticos.

Posteriormente, Kelly se reunió con el detective Curt Messerschmidt para denunciar lo que había ocurrido. Describió el ataque en forma detallada, mencionó que su novio la había atacado con anterioridad, que estaba vinculado con una banda y que probablemente se estaba alojando en la casa de su antigua madre adoptiva Augusta Millender. Luego de esta denuncia, Messerschmidt realizó una minuciosa investigación en la cual confirmó que Bowen tenía vinculación con la familia de los Millender, que era miembro de dos bandas, y descubrió que había sido arrestado y condenado por varios delitos violentos relacionados con armas de fuego. Basándose en esta investigación, redactó una solicitud de orden de allanamiento que autorizaba a registrar la vivienda de los Millender en busca de armas de fuego y municiones, y de pruebas que demostraran que era miembro de la banda.

Messerschmidt ncluyó dos declaraciones en la solicitud de la orden de allanamiento. La primera detallaba su amplia experiencia en la ejecución de la ley y su capacitación especializada en materia de delitos cometidos por bandas. La segunda, incorporada expresamente a la orden de allanamiento, describía el incidente y explicaba las razones por las cuales consideraba que existían fundamentos suficientes para hacer el allanamiento. Asimismo, solicitaba que la diligencia se pudiera llevar a cabo durante la noche, dado el vínculo de Bowen con las bandas. Entonces, Messerschmidt presentó la solicitud a un juez, quien emitió la orden. Durante el registro, solamente se encontró la escopeta de Millender, una carta del Servicio Social de California dirigida a Bowen y una caja de municiones calibre 45.

Los Millender promovieron una acción judicial fundada en la §1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos contra Messerschmidt y Lawrence alegando que los oficiales los habían registrado de un modo irrazonable en violación a lo dispuesto por la IV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El tribunal federal de distrito resolvió la cuestión de puro derecho a favor de los Millender, y llegó a la conclusión de que los aspectos relacionados con el arma de fuego y con el material de las bandas eran demasiado amplios (overbroad) y que los oficiales no tenían derecho a gozar de una inmunidad calificada frente a la demanda por daños y perjuicios.

La cámara federal de apelaciones en pleno confirmó que carecían de la inmunidad invocada porque juzgó que la orden de allanamiento era inconstitucionalmente amplia, dado que las declaraciones y la orden no aportaban pruebas o antecedentes suficientes para presumir la existencia de armas de fuego, material relacionado con armas de fuego y aquella relacionada con la existencia de bandas fueran material de contrabando o pruebas de un delito. Y sostuvo que un oficial razonable hubiera sido consciente de la deficiencia de la orden.

Entonces, Messerschmidt y Lawrence interpusieron un writ of ceritorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.

SE DECIDIÓ: se revoca la sentencia objeto de recurso. Los oficiales gozan de inmunidad calificada frente a las demandas promovidas contra ellos en este tipo de casos.

(a) La inmunidad calificada "exime a los funcionarios del gobierno 'de responsabilidad civil en la medida en que su conducta no viole derechos constitucionales o legales claramente establecidos o que una persona razonable hubiera conocido'" (Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223, 231 -2009-).

Cuando la supuesta violación a la IV Enmienda se refiere a un allanamiento o secuestro fundado en una orden judicial, la circunstancia de que un juez neutral haya librado una orden es la más clara indicación de que los oficiales han actuado de un modo objetivamente razonable o "buena fe" (United States v. Leon, 468 U.S. 897, pp. 922/923 -1984-). Sin embargo, esa circunstancia no pone fin al control de razonabilidad objetiva. Esta Corte ha reconocido una excepción que autoriza a accionar cuando "resulta obvio que ningún oficial razonablemente competente hubiera llegado a la conclusión de que debía expedirse una orden de allanamiento" (Malley v. Briggs, 475 U.S. 335, 341 -1986-). "El escudo de la inmunidad", que de otro modo brinda la orden (id. p. 345), se pierde, por ejemplo, si la orden estaba "fundada en una declaración que carecía hasta tal punto de indicios de fundamentación que tornaba la convicción del funcionario de su legitimidad en totalmente irrazonable." (Leon, cit., supra, p. 923). El umbral para reconocer la existencia de esta excepción es alto. "En los casos ordinarios, no puede esperarse que un oficial cuestione la determinación de un juez de que existan motivos suficientes" ya que "la responsabilidad del juez es determinar si las manifestaciones del oficial establecen una causa probable y, en ese caso, emitir una orden que satisfaga con los exigencias de la IV Enmienda" (Leon, cit., supra, p. 921).

(b) Este caso no cae dentro del ámbito de esta limitada excepción. No era totalmente irrazonable que un oficial creyera que existían elementos suficientes que justificaran allanar el lugar en busca de todas las armas de fuego y del material relacionado con armas de fuego. En términos de las circunstancias expuestas en la orden judicial, un oficial podía llegar razonablemente a la conclusión de que existía una "probabilidad razonable" de que la escopeta recortada no fuera la única arma de Bowen (Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 238 -1983-) y de que la misma fuera ilegal (cf. §§ 5845 (a) y 5861(b) del Título 26 del Código de los Estados Unidos). Considerando que Bowen tenía un arma ilegal, que era miembro de una banda, que tenía la intención de usar el arma para matar a alguien y su preocupación con respecto a la policía, no era irrazonable que un oficial llegara a la conclusión de que Bowen podía tener otras armas ilegales. Un oficial también podía haber estimado razonablemente que el secuestro de las armas de fuego era necesario para prevenir futuras agresiones a Kelly. El ordenamiento jurídico de California permite que un juez emita una orden de allanamiento en busca de los objetos "que tenga una persona con la intención de usarlos como instrumento para cometer un delito de acción pública" (§ 1524(a)(3) del Código Penal Comentado de California), y la solicitud de la orden de allanamiento presentada por los oficiales hacía referencia específica a esta disposición como fundamento del allanamiento.

(c) En cuanto a la autorización de la orden para hacer el registro en busca de pruebas relacionadas con las bandas, un oficial razonable podía haber considerado que el ataque de Bowen no había estado motivado por la pérdida de la relación afectiva que tenía con Kelly, sino por el deseo de impedir que ella revelara a la policía los detalles de la actividad que desarrollaba con la banda. Por lo tanto, no sería irrazonable –basándose en los hechos mencionados en la declaración– que un oficial creyera que las pruebas de la vinculación de Bowen con la banda serían útiles para procesarlo por el ataque a Kelly, para permitir formular acusaciones adicionales en su contra por agresión o para refutar sus defensas.

Por otra parte, incluso si este fuera un simple conflicto doméstico, un oficial razonable aún así podría llegar a la conclusión de que las pruebas vinculadas a las bandas encontradas en la residencia de los Millender podían demostrar el control que Bowen ejercía en el lugar o su vinculación con otras pruebas encontradas allí.

(d) La circunstancia de que los oficiales hayan solicitado y obtenido la aprobación de la solicitud de orden de allanamiento por parte de un superior y de un fiscal suplente de distrito antes de presentársela al juez brinda mayor sustento a la conclusión de que un oficial podía razonablemente haber considerado que el alcance de la orden estaba fundado en elementos suficientes que justifiquen el allanamiento. Una conclusión opuesta significaría no solo que Messerschmidt y Lawrence eran "evidentemente incompetentes" por considerar que la orden estaba adecuadamente fundada (Malley, supra, p. 341), sino que su supervisor, el fiscal suplente de distrito y el juez también lo eran.

(e) Para resolver que la orden dictada en esta causa era tan evidentemente defectuosa que ningún oficial razonable podría haberla considerado válida, la cámara cometió un error al buscar sustento en Groh v. Ramírez (540 U.S. 551 -2004-). En este último caso, los oficiales que realizaron un allanamiento autorizado en una orden judicial no gozaban de inmunidad calificada porque la orden no describía ninguno de los objetos a secuestrar e "incluso una lectura superficial de la orden" revelaba este defecto (id., p.557). Por el contrario, en la presente causa, cualquier supuesto defecto solo hubiera devenido evidente haciendo un análisis profundo de la solicitud de la orden y una comparación de la declaración jurada que la fundaba con los términos de la orden para determinar si la declaración estaba fundada en elementos suficientes que justificaran el registro de los objetos detallados en la orden. A diferencia del caso Groh, aquí ningún error podría resultar evidente con lectura superficial de la orden.