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Delia, un bombero de la ciudad de Rialto, California, faltó a su trabajo luego de haberse enfermado mientras trabajaba. Sus reiteradas inasistencias al lugar de trabajo generaron sospechas en la municipalidad, la cual decidió contratar los servicios de una empresa de investigación privada para vigilarlo. Cuando Delia fue visto comprando aislamiento de fibra de vidrio y otros materiales de construcción, la Municipalidad le inició un sumario administrativo y para ello contrató al abogado Filarsky para que lo entrevistara a Delia. Durante la entrevista -a la que también asistieron otros dos oficiales del cuerpo de bomberos- Delia reconoció haber comprado los materiales pero negó haber estado trabajando en su casa. Para corroborar las afirmaciones de Delia, Filarsky le solicitó que autorizara a un oficial del departamento de bomberos a ingresar a su casa a constatar que los materiales no habían sido usados. Delia se negó y entonces Filarsky le ordenó que sacara los materiales fuera de su casa para que el oficial pudiera verlos. Entonces ,el abogado de Delia amenazó con promover una acción judicial contra la Municipalidad y contra Filarsky en defensa de los derechos civiles de su cliente. Sin embargo, cuando la entrevista concluyó, los oficiales acompañaron a Delia a su domicilio, donde éste les mostró los materiales.
Delia promovió una acción judicial fundada en la §1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos contra la Municipalidad, el Departamento de Bomberos y contra otras personas, alegando que la orden de mostrar los materiales había violado los derechos que le garantizan las Enmiendas IV y XIV de la Constitución de los Estados Unidos.
El tribunal federal de distrito resolvió la cuestión de puro derecho a favor de los demandados, a quienes reconoció inmunidad limitada.
La cámara federal de apelaciones confirmó la sentencia, excepto en relación a Filarsky porque entendió que éste no gozaba de inmunidad limitada porque era un abogado privado y no un empleado de la Municipalidad.
SE DECIDIÓ: se revoca la sentencia objeto de recurso.
Un particular contratado temporariamente por el Gobierno para realizar un trabajo tiene derecho a invocar el goce de inmunidad jurisdiccional limitada en términos de la §1983.
(a) Para determinar si la cámara de apelaciones diferenció válidamente a Filarsky de los empleados de la Municipalidad a los fines de determinar si gozaban de inmunidad limitada, esta Corte toma en consideración los principios generales que rigen la inmunidad en los casos de responsabilidad extracontractual y excepciones oponibles fundadas en el common law, así como las razones por las cuales esta Corte ha acordado inmunidad de jurisdicción en términos de la §1983 (véase Imbler v. Pachtman, 424 U.S. 409, p. 418 -1976-). El common law vigente en 1871 -momento en que el Congreso adoptó la §1983- no contenía ninguna distinción entre los empleados públicos que trabajaban jornada completa y los particulares que ocupaban un cargo o que realizaban una función de servicio público a los fines de acordar protección a aquellos que tienen responsabilidades gubernamentales. El Gobierno de aquel entonces era más reducido tanto en formato como en el alcance de sus atribuciones, tenía menos competencias y funcionaba principalmente a nivel local. Las funciones del Gobierno eran realizadas, en gran parte, por personas que no dedicaban todo su tiempo al servicio público sino que también tenían actividades privadas. La protección que el common law brindaba frente a acciones judiciales a las personas que trabajan para el Gobierno no estaba basada en ninguna distinción fundada en el contrato que el trabajador tenía con el Gobierno. De hecho, los casos de personas que recibieron inmunidad por acciones realizadas en el ejercicio de una función pública en forma temporaria u ocasional son tan diversos como la naturaleza de los actos de Gobierno. Los principios de inmunidad del common law fueron incorporados a la §1983 y no deben ser derogados a menos que exista una clara intención del legislador (véase Pulliam v. Allen, 446 U.S. 522, p. 529 -1980-). Por lo tanto, la inmunidad fundada en la §1983 no debe variar en función de que una persona trabaje para el Gobierno como un empleado permanente o de jornada completa, o con otro régimen laboral.
(b) Ninguna de las razones que esta Corte ha dado para reconocer inmunidad en términos de la §1983 consiste en no seguir fundándose en la norma del common law. En primer lugar, el interés del Gobierno en evitar la “timidez injustificada” de quienes prestan servicios públicos –considerada la “preocupación especial generadora de inmunidad más importante del Gobierno” (Richardson v. McKnight, 521 U.S. 399, p. 409 -1997-)– está igualmente afectado con independencia de si la persona demandada en calidad de empleado estadual (state actor) trabaja con un régimen de jornada completa para el Gobierno o con otro régimen laboral.
En segundo lugar, otorgar inmunidad a las personas que actúan en nombre del Gobierno tiene por objeto “garantizar que los candidatos talentosos no se sientan desalentados a ocupar cargos públicos por la amenaza de tener que responder por daños y perjuicios” (Id. p. 408). Cuando el Gobierno necesita especialistas o expertos puede buscar los servicios de particulares fuera de su planta permanente. Sin embargo, dado que estas personas pueden elegir otro empleo que no los exponga a responder por las acciones del Gobierno, estos candidatos podrían negarse a aceptar una locación de servicios pública si no se les garantizara la misma inmunidad que gozan los empleados públicos que realizan un trabajo equivalente.
En tercer lugar, el interés público en garantizar que las funciones del Gobierno se desempeñen bien y sin las distracciones que generan las acciones judiciales está afectado con independencia de que esas funciones sean ejercidas por particulares o por empleados permanentes del Gobierno.
Por último, establecer una diferencia entre las personas que desempeñan funciones públicas basándose en la particular relación que tienen con el Gobierno crea serios problemas de clasificación y puede privar a las personas de los Estados de la posibilidad de “prever razonablemente cuándo su conducta puede obligarlos a responder por daños y perjuicios” (Anderson v. Creighton, 483 U.S. 635, p. 636 -1987-).
(c) Esta conclusión no contradice lo resuelto en Wyatt v. Cole (504 U.S. 158 -1992-) ni en Richardson v McKnight (521 U.S. 399 -1997-). En Wyatt no estaban en cuestión los fundamentos del reconocimiento de la inmunidad limitada ya que el acusado en ese caso no tenía ninguna conexión con el Gobierno y tenía objetivos puramente privados. El caso Richardson se refería a la situación excepcional de los guardias empleados por una empresa privada que trabajaban en un establecimiento carcelario administrado por esta empresa.
No existen circunstancias similares en la presente causa ni en el caso típico de que una persona sea contratada por el Gobierno para ayudarlo a desempeñar una tarea.
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