|
La Stolen Valor Act (ley) incrimina la conducta de pretender falsamente haber recibido medallas o condecoraciones militares y agrava la pena si la Medalla de Honor que otorga el Congreso (§704(b), (c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos) está en juego.
El Sr. Álvarez se confesó (pleaded guilty) culpable del delito de pretender falsamente haber recibido la Medalla de Honor, pero se reservó el derecho de apelar su pretensión de que la ley es inconstitucional.
La Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión porque consideró que la ley es inválida en términos de la I Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
Entonces el Gobierno Federal interpuso un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.
SE DECIDIÓ: se confirma la sentencia.
1. El Justice Kennedy, conjuntamente con el Chief Justice Robert y con los Justices Ginsburg y Sotomayor, consideró que la ley infringe el ámbito de la libertad expresión garantizado por la I Enmienda.
(a) La Constitución “requiere que las restricciones a la libertad de expresión basadas en el contenido se presuman inválidas. . . y que pesa sobre el Gobierno la carga de probar su constitucionalidad” (Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 542 U.S. 656, p. 660 -2004-).
Las restricciones a la libertad de expresión basadas en su contenido solo han sido autorizadas en unas pocas categorías históricas de expresiones tales como la incitación, la obscenidad, la difamación, las expresiones que constituyen un elemento de una conducta criminal, las llamadas “fightingwords” (expresiones belicosas) la pornografía infantil, el fraude, las amenazas reales y las expresiones que generan una amenaza grave e inminente que el Gobierno tiene la responsabilidad de prevenir.
Fuera de estas pocas categorías, no hay ninguna excepción general para las declaraciones falsas. El Gobierno alega que casos como Hustler Magazine, Inc., v. Falwell (485 U.S. 46, p. 52 -1998-) brindan sustento a su pretensión de que las declaraciones falsas no tienen ningún valor y, por consiguiente, carecen de protección de la I Enmienda. Sin embargo, en todos los casos a los que remite el Gobierno se discutieron sobre cuestiones de difamación, fraude o algún otro perjuicio que genere derecho a una reparación asociado a una declaración falsa. En aquellas decisiones, la falsedad de las expresiones en cuestión no careció de relevancia para el análisis realizado por la Corte, pero tampoco resultó determinante. Estos precedentes no han sido confrontados con una medida como la Stolen Valor Act que solo apunta a la falsedad.
Incluso cuando resolvió algunos casos de difamación o fraude, esta Corte ha manifestado que la falsedad por sí sola no resulta suficiente para que las expresiones queden fuera del ámbito de protección de la I Enmienda; la declaración debe ser una falsedad formulada a sabiendas y en forma imprudente (ver New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254, 280 -1964-). En este caso, el Gobierno busca convertir una regla que limita la responsabilidad –aun en los casos de difamación en donde la ley permite la reparación de los daños y perjuicios– en una regla que amplíe la responsabilidad a un área diferente y mucho más amplia del discurso y de la libertad de expresión.
Los tres ejemplos que aporta el Gobierno de reglamentación de las expresiones que transmiten falsedades y que los tribunales generalmente han considerado admisibles no establecen un principio de que todas las prohibiciones de hacer falsas declaraciones estén exentas de un riguroso escrutinio en términos de la I Enmienda. La prohibición penal de hacer una falsa declaración a los funcionarios públicos en las comunicaciones relativas a cuestiones oficiales (ver §101 del Título 18 del Código de los Estados Unidos) no conduce a la tesis más amplia de que las declaraciones falsas no están protegidas cuando se realizan a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier contexto. En términos de las leyes que regulan el falso testimonio, las declaraciones falsas hechas bajo juramento carecen de la protección de la I Enmienda no solo porque son falsas sino porque el falso testimonio debilita la función y la competencia de la ley y amenaza la integridad de las sentencias. Por último, existen leyes que prohíben invocar falsamente que uno está hablando en representación del Gobierno o prohíben imitar a un funcionario del Gobierno. Estos ejemplos, en la medida en que implican fraude o un discurso esencial para la conducta delictual, no resultan aquí aplicables.
Si bien pueden existir “algunas categorías de expresiones que históricamente han carecido de protección” pero que la Corte aún no las ha identificado o discutido específicamente (United States v. Stevens, 559 U.S. -2010-) lo cierto es que el Gobierno no ha demostrado que las declaraciones falsas deban constituir una nueva categoría.
(b) La ley busca controlar y suprimir todas las declaraciones falsas sobre este tema en un número casi ilimitado de oportunidades y contextos, sin tomar en cuenta si la mentira se dijo con el propósito de obtener réditos materiales. Si permitiéramos al Gobierno que decrete que estas expresiones constituyen un delito criminal afirmaríamos que tiene autoridad para realizar una lista de temas en relación a los cuales las declaraciones falsas son punibles. Esa atribución gubernamental no tiene un principio claro que la limite.
(c) Esta Corte aplica el “escrutinio más estricto” para realizar el control de constitucionalidad del contenido de las restricciones a las expresiones protegidas (Turner Broadcasting System Inc. v. F.C.C., 512 U.S. 622, p. 642 -1994-). La ley no sobrevive a este escrutinio. Si bien el interés del Gobierno en la protección de la integridad de la Medalla de Honor del Congreso está fuera de toda duda, la I Enmienda requiere que exista una relación de causalidad directa entre la restricción impuesta y el daño a evitar. Aquí, ese vínculo no se ha demostrado. El Gobierno no ofrece ninguna prueba en sustento de su pretensión de que la percepción general del público sobre las condecoraciones militares se diluye por las pretensiones falsas como las realizadas por el demandado. Y tampoco ha demostrado, ni puede demostrar, por qué las expresiones en contrario, como las burlas que recibió el demandado a través de Internet y de la prensa, no bastan para lograr sus intereses.
Por otra parte, cuando el Gobierno busca reglamentar las expresiones protegidas, la restricción debe ser la “menos restrictiva de entre las alternativas disponibles y eficaces” (Ashcroft, cit. en p. 666). Aquí, el Gobierno probablemente podría proteger la integridad del sistema de condecoraciones militares mediante la creación de una base de datos de los ganadores de la Medalla que sea accesible por internet y que incluya un sistema de búsqueda, como algunos particulares ya lo han hecho.
2. El Justice Breyer, junto con la Justice Kagan, llegó a la conclusión de que la Stolen Valor Act, en su redacción actual, produce un daño constitucional desproporcionado y por lo tanto no sobrevive al control de constitucionalidad en términos del test del escrutinio intermedio y, por lo tanto, viola la I Enmienda.
(a) Para determinar si una ley viola la I Enmienda, a menudo esta Corte ha encontrado apropiado evaluar la adecuación entre los fines perseguidos por la ley y los medios elegidos por ella para conseguirlos, teniendo en cuenta la gravedad del daño que la norma probablemente genere a la libertad de expresión, la naturaleza y la importancia de sus objetivos compensatorios, el grado en que la norma va a tender a lograr esos fines y si existen otros medios alternativos menos restrictivos. El control de constitucionalidad en términos del test del “escrutinio intermedio”, describe este criterio. Es menos probable que las declaraciones falsas relativas a hechos hagan una contribución valiosa al mercado de ideas que las declaraciones verdaderas también relativas a hechos. Por otra parte el Gobierno frecuentemente tiene buenas razones para prohibir esa expresión falsa. Sin embargo, su reglamentación puede generar el riesgo de producir un daño a la libertad de expresión. Por eso ese criterio resulta aquí aplicable.
(b) Debe interpretarse que la ley incrimina solo las declaraciones falsas relativas a hechos efectuadas a sabiendas de su falsedad y con la intención de que sean tomadas como veraces. Si bien esta Corte ha dicho con frecuencia, explícita o implícitamente, que las declaraciones falsas relativas a hechos gozan de poca protección de la I Enmienda (ver, por ejemplo, Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, p. 340 -1974-) lo cierto es que no puede interpretarse que tales declaraciones significan nada de protección. Las declaraciones falsas relativas a hechos persiguen la satisfacción de objetivos humanos muy útiles en diversos contextos. Por otra parte, la amenaza queda expuesta a un procesamiento penal porque la realización de una declaración falsa puede desalentar a una persona de hacer declaraciones verdaderas, “desalentando” así un tipo de expresión que se encuentra en el seno de la I Enmienda (ver id. pp. en 340/341). Y la generalización de las declaraciones falsas relativas a hechos brinda un arma bien ampliamente facultada para perseguir la falsedad sin más. Las personas que no son populares pueden temer que el Gobierno utilice esa arma selectivamente contra ellos.
Si bien existen muchas leyes y doctrinas del common law que establecen la ilegalidad de la formulación de ciertos tipos de declaraciones falsas, lo cierto es que estas tienden a ser menos amplias que la ley en cuanto limitan el ámbito de su aplicación de diversas formas (por ejemplo, exigiendo la prueba de un daño específico a víctimas identificables). La ley carece de tales rasgos limitantes. A pesar de que prohíbe únicamente las declaraciones falsas realizadas a sabiendas e intencionalmente respecto a hechos fácilmente verificables dentro del ámbito de conocimiento personal de quien se expresa, por otro lado su ámbito se extiende ampliamente, y esa amplitud genera un riesgo significativo de daño a los derechos garantizados por la I Enmienda.
(c) No obstante, la ley tiene un fundamento sustancial: tiene por objeto proteger los intereses de quienes han sacrificado su salud y su vida por su país. A esos efectos buscan conservar intacto el reconocimiento que el país hace de ese sacrificio bajo la forma de honores militares.
(d) Sin embargo, el objetivo del Gobierno puede lograrse sustancialmente de maneras menos gravosas. Los riesgos para los derechos garantizados por la I Enmienda que surgen por la excesiva amplitud del ámbito de aplicación de la ley pueden ser disminuidos o eliminados por una norma más precisamente diseñada (por ejemplo, una ley que exige la demostración de que la declaración falsa ha causado un daño específico o que concentre mentiras que tienen un mayor potencial de ser perjudiciales o en contextos en donde es probable que tales mentiras causen daño).
|
