Informe sobre niños, niñas y adolescentes en la Justicia penal juvenil

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema brindó datos de menores de edad judicializados en un período de diez años (2010-2019)

BGD

15 de marzo de 2021

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, elaboró un informe correspondiente a juzgados y tribunales orales de menores de la Justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo largo de 10 años de trabajo (2010-2019).

Esta oficina elabora periódicamente informes estadísticos a partir de los datos registrados en su sistema informático, que dan cuenta de la situación específica de niños, niñas o adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal.

Desde su puesta en funcionamiento en 2007, la BGD contribuye en forma sostenida a la labor de juezas, jueces, secretarias/os y demás operadoras/es del sistema de justicia y les brinda información que les permita tomar mejores y más rápidas decisiones para resguardar la paz social y el bienestar de los NNyA bajo su responsabilidad.

 

Datos sobre NNyA con intervenciones por causas penales

A lo largo del período que refleja el informe, un total de 13734 NNyA tuvieron causas con alguna intervención judicial iniciada por la Justicia nacional de menores. En promedio se registran 1855 NNyA por año, aunque se observa una fuerte reducción, de más del 33 %, a lo largo de los años (de 2469 NNyA en 2010 a 1649 NNyA en 2019).

El 84 % fueron varones y el restante 16 % mujeres, porcentaje que se ha reducido, a lo largo de los años observados, hasta el 12 % en 2019. Un poco más del 43 % de NNyA tenían 16 o 17 años al momento del hecho, casi un 23 % entre 13 y 15 años, poco menos del 2 % hasta 12 años, y un mínimo porcentaje correspondía a mayores que manifestaron ser menores de edad, lo que luego se corroboró que era falso.

La mayor parte de los NNyA eran de nacionalidad argentina (más del 90 %), mientras que el 10 % restante era principalmente de países de América Latina. Casi el 60 % tenía residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Estos porcentajes se mantienen con pequeñas fluctuaciones a lo largo de los años.

Algunos otros datos registrados dan cuenta de que más del 47 % de NNyA con causas con intervenciones convivían solo con su madre, más del 85 % contaba con al menos el nivel primario completo y más del 75 % contaba únicamente con cobertura de salud del sistema público.

 

Causas con intervención judicial

En los diez años analizados, los/as 13734 NNyA tuvieron un total de 18473 causas con intervención judicial iniciada, lo que significa un promedio de 1,35 causas por NNyA. Sin embargo, la mayoría (63 %) tuvo una sola causa en todo el período (del resto, el 25 % tuvo dos o tres causas, el 6 % cuatro o cinco causas y el otro 6 % más de cinco causas).

La mayoría de los delitos registrados en las causas con intervenciones judiciales en NNyA fue contra la propiedad (81 %), de los cuales los distintos tipos de robos fueron los más frecuentes (nueve de cada diez). Del restante 19 % de delitos registrados, cuatro de cada diez fueron por delitos contra las personas, tres de cada diez contra la administración pública, uno de cada diez contra la integridad sexual, entre otros que aparecen con menor frecuencia.

 

Privación de la libertad o alojamiento en instituciones

El informe refleja además datos sobre niños/as y adolescentes con medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones. Se presentan un total de 2873 NNyA, lo cual representa un 21 % de los 13734 con causas con intervención judicial iniciada en el mismo período. El 90 % de NNyA con medidas eran varones y solo el 10 % mujeres.

En promedio se registran 374 NNyA con medidas por año, aunque se observa una muy fuerte reducción, de más del 50 %, a lo largo de los años (de 326 NNyA en 2010 a 164 NNyA en 2019).

En el período se dispusieron un total de 4732 medidas, lo cual representa 1,6 medidas por NNyA. El 90 % de las medidas se originaron en causas por delitos contra la propiedad. Asimismo, y si bien en promedio casi el 82 % de las medidas se iniciaron en un centro socioeducativo de régimen cerrado, este porcentaje se ha ido reduciendo a casi un 44 % en 2019.