Oficina de Referencia Extranjera
ORE - Jurisprudencia - Unión Europea
02/07/2018

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA,

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL. servicios en el ámbito de los transportes. servicios en el mercado interior. servicios de la sociedad de la información. exigencia de una autorización administrativa


   
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Asunto C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi c. Uber Systems Spain S.L.
Sentencia del 20-12-2017
En <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d67f8393acad2a4bd9894fe8d3ecf707ed.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNahj0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=647230>.

1. Antecedentes del caso: en 2014, una asociación profesional de taxistas de Barcelona interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3, en la que solicitaba que se declarase que las actividades de Uber Systems Spain, sociedad vinculada a Uber Technologies (en lo sucesivo, conjuntamente, Uber), constituyen prácticas engañosas y actos de competencia desleal. Ni la empresa ni los conductores –no profesionales– de los vehículos disponen de las licencias y autorizaciones previstas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona. Para comprobar si las prácticas de Uber pueden calificarse de desleales e incumplen la normativa española en materia de competencia, el juzgado consideró necesario que se dilucidara si esta sociedad debe disponer de una autorización administrativa previa. A tal fin, a su juicio había que determinar si los servicios que presta son servicios de transporte, servicios propios de la sociedad de la información o una combinación de ambos tipos de servicios. De la calificación empleada depende la posibilidad de imponer a Uber la obligación de disponer de una autorización administrativa previa. En particular, si el servicio prestado está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, o de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), las prácticas de Uber no pueden ser consideradas desleales. 

2. Sentencia: un servicio de intermediación como el controvertido, que tiene por objeto poner en contacto –mediante una aplicación para teléfonos inteligentes y a cambio de una remuneración– a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de “servicio en el ámbito de los transportes” en términos del derecho de la Unión. 

De ello se desprende que, en el estado actual del derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Este Tribunal de Justicia considera, para empezar, que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación consistente en poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano. En efecto, en esta situación, el prestador de ese servicio de intermediación crea una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen recurrir a ella para desplazarse. 

La aplicación que proporciona Uber es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano. Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores. Por consiguiente, debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, no responde a la calificación de “servicio de la sociedad de la información”, sino a la de “servicio en el ámbito de los transportes”.

En consecuencia, la Directiva sobre el comercio electrónico no es aplicable a un servicio de esta índole, que también está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior y del de la Directiva sobre el comercio electrónico. Por la misma razón, el servicio controvertido no está incluido en la esfera de la libre prestación de servicios en general, sino en la política común de transportes. 

Ahora bien, los servicios de transporte urbano no colectivo y los servicios indisociablemente vinculados a ellos, como el servicio de intermediación prestado por Uber, no han dado lugar a la adopción de normas sobre la base de esta política. 

Nota de la Oficina: la remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolverlo de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.