Oficina de Referencia Extranjera
ORE - Jurisprudencia - Paraguay
12/09/2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PROCESO CIVIL. REGULACIÓN DE HONORARIOS. CASOS EN LOS QUE EL ESTADO ES CONDENADO EN COSTAS. DERECHO A LA IGUALDAD. IGUALDAD ANTE LA LEY


   
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Sala Constitucional, acción de inconstitucionalidad en el juicio “Incidente de Reg. Hon. Prof. de los abogs. Wilson Rubén Benítez Gavilán y Porfirio Ramón Meza Cubilla en los autos: Casa Wireless y Networks SA c/ Res. N° 857 de fecha 09 de septiembre de 2010, dictada por la Dirección de Aduanas (D.N.A.)”, acuerdo y sentencia n° 26 del 7-2-2017, En http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/cache/b0a0e3181cdbeb6a3b74b37b8b19e89f.pdf

1. Antecedentes del caso: el 15 de febrero de 2013, la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas reguló los honorarios profesionales de los abogados Wilson Rubén Benítez Gavilán y Porfirio Ramón Meza Cubilla por los trabajos desplegados –en esa instancia– en los autos caratulados: “Casa Wireless y Networks S.A. c/ Resolución N° 857 de fecha 09 de septiembre de 2010, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas (D.N.A.)”. Dicha regulación se realizó conforme al art. 29 de la Ley 2421/04 de “Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”, según el cual “[e]n los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el art. 3 de la ley 1535/99, de ‘Administración Financiera del Estado’, actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder el 50% (cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular sus honorarios a costa del estado. Queda modificada la ley 1.376/88 ‘Arancel de Abogados y procuradores’”.

Los accionantes sostuvieron que el auto interlocutorio mediante el que se regularon sus honorarios estaba fundado en una ley inconstitucional, también impugnada. Promovieron entonces, por sus propios derechos y en causa propia, una acción de inconstitucionalidad contra el art. 29 de la ley 2421/04, alegando que atenta contra el derecho a la igualdad de las personas, consagrado en los arts. 46 y 47 de la Constitución Nacional (CN).

2. Sentencia: se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y se declara la inaplicabilidad del art. 29 de la Ley 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal” con relación a este caso concreto.

2.1. El art. 46 CN establece: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discrminatorios sino igualitarios”. Por su parte, el art. 47 constitucional dispone: “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes...”.

De tales garantías constitucionales se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los iguales en igualdad de circunstancias y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias.

2.2. El art. 29 de la ley 2421/04 establece que en caso de que el Estado o sus entes sean condenados en costas, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales del abogado de la contraparte no podrá exceder el 50% del mínimo legal, hasta cuyo importe deben abstenerse los jueces para regular los honorarios, mientras que si las costas se imponen a la contraparte, la responsabilidad de esta debe ser el 100% por los servicios profesionales del abogado del Estado o sus entes. Ello es así, teniendo en cuenta que el texto de la norma habla de “... su responsabilidad económica... (haciendo referencia a El [sic] Estado y sus entes), ... no podrá exceder del 50% del mínimo legal, ... para regular los honorarios a costa del Estado...”.

2.3. La norma objetada lesiona la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, desde el momento en que establece la reducción hasta un 50% de los honorarios profesionales que corresponden legalmente al abogado que litiga con el Estado o alguno de los entes enunciados en el art. 3 de la ley 1535/99.

La garantía de igualdad ante la ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el jurisdiccional. Sin embargo, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas donde aquel es parte, ya sea como demandante o demandado.