Oficina de Referencia Extranjera
ORE - Jurisprudencia - Guatemala
12/09/2017

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

LEY. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS LEYES. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY POR VICIOS FORMALES


   
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Acciones de inconstitucionalidad planteadas contra contra los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, Decreto 12-2014 del Congreso de la República de Guatemala, exptes. acumulados 2089, 2303, 2352, 2412, 2521, 2547, 2667, 2689, 2788, 2859, 3145, 3171, 3211, 3257 y 3678-2014
Sentencia del 10-3-2016
En http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1610&Itemid=206

1. Antecedentes del caso: tras la sanción de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, se promovieron quince acciones de inconstitucionalidad general contra la mayoría de sus artículos.

2. Sentencia: se hace lugar a las acciones de inconstitucionalidad general promovidas contra ciertas disposiciones de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

El Decreto 12-2014 del Congreso de la República quedará sin vigencia desde el día siguiente al de la publicación del presente fallo.

2.1. La ley cuestionada posee cuatro temas de regulación: a) la declaratoria de “interés general y nacional” de: (i) el control de las telecomunicaciones móviles en los centros penitenciarios, y (ii) la construcción y desarrollo de todo tipo de infraestructura para la prestación de servicios relacionados con la transmisión de datos; b) la prohibición de las telecomunicaciones no autorizadas en centros penitenciarios, estableciendo la obligación de los operadores de redes locales de telefonía móvil de implementar soluciones técnicas para que no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles en esos centros, el deber de realizar monitoreos periódicos y sancionar la inobservancia de esa obligación; y c) la autorización especial –concentrando un grupo de autorizaciones en la figura de la Superintendencia de Telecomunicaciones– para que determinadas personas puedan usar bienes públicos y privados e instalar infraestructura para transmisión de datos, fijando el contenido sustantivo de la autorización (que incluye facultades y costos generales), el procedimiento para obtenerla y las sanciones para quienes no respeten esa autorización.

2.2. No obstante la diversidad de denuncias presentadas y de impugnaciones efectuadas por los distintos actores y en diversas oportunidades, el control de constitucionalidad se realizará previendo que de resultar procedente una de esas denuncias, tal pronunciamiento bastará para declarar la anulación de la disposición impugnada. Se excluirá, entonces, el tratamiento de los otros argumentos, por razones de economía procesal y congruencia con lo pedido.

2.3. Uno de los principios constitucionales invocados más recurrentemente como transgredido fue el de la autonomía municipal, pues los accionantes estimaron que las medidas establecidas en las disposiciones impugnadas violan las exigencias del art. 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CP) respecto de las funciones mínimas y la formalización de autonomías o descentralizaciones, o su supresión; y del art. 253 CP, que contiene los elementos específicos de la autonomía municipal.

En ese sentido, previo a determinarse si se afectó el contenido material de la autonomía municipal, debe examinarse si se observó la exigencia formal para la creación, modificación o supresión de la actividad autónoma de la Administración Pública.

Este Tribunal ya ha dicho que el control de constitucionalidad puede comprender tanto la ilegitimidad de las normas por vicios en su contenido material como la de los actos legislativos por vicios formales, esto es, en materia de procedimiento (“interna corporis”).

El art. 134 CP exige contar con el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República para la creación o supresión de entidades autónomas. Ello tiene como finalidad proteger la estructura, las funciones y la competencia de esas entidades, por lo que la regulación que varíe funciones esenciales, competencias o estructuras de esas entidades también debe cumplir el requisito de la mayoría calificada.

La norma cuestionada faculta a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) a autorizar la instalación de infraestructura para telecomunicaciones en bienes de dominio público dentro de cualquier circunscripción municipal, e impone a las municipalidades una serie de obligaciones, entre ellas, el deber de permitir el uso de bienes de dominio público para llevar a cabo esas actividades y de prestar auxilio cuando fuere requerido, obligaciones estas que inciden en normas establecidas en el Código Municipal.

Esta Corte considera que esa incidencia normativa debía aprobarse en el Congreso de la República con una mayoría calificada. Sin embargo, al revisar el Diario de Sesiones del Congreso de la República correspondiente a la fecha de aprobación del Decreto 12-2014, se advierte que, tras ser leído y votado por capítulos el proyecto de ley correspondiente, los votos obtenidos no alcanzaron la mayoría calificada. Consecuentemente, las normas relacionadas con la autonomía municipal no fueron aprobadas conforme lo requiere el art. 134 CP.

El art. 17 de la ley cuestionada indica: “El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado en un solo debate con el voto favorable de más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República, y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial”.

No obstante, al efectuar la señalada revisión al Diario de Sesiones, esta Corte pudo verificar que la sesión dio inicio con la reanudación de una sesión permanente destinada a interpelar a la Ministra de Educación y que, durante su desarrollo, se recibió una moción de privilegio para que se entrara a conocer, entre otras cuestiones, la iniciativa para aprobar la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, la cual, de conformidad con el art. 113 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), fue declarada de urgencia nacional.

Dicha moción privilegiada fue sometida a votación sin debate y logró el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados. Siendo así, se invitó a la Ministra interpelada a retirarse y luego entraron a conocer la iniciativa mencionada. A continuación, el Presidente indicó que “[e]n virtud de la aprobación de la anterior moción privilegiada que aprobó la declaratoria de urgencia nacional, se somete a discusión en único debate el proyecto de decreto”. Pero no fue discutido, por lo que se sometió a votación la aprobación del decreto, que finalmente se logró por mayoría simple.

El art. 113 LOOL dispone que la declaratoria de urgencia nacional se debe solicitar mediante moción privilegiada –que no requiere del previo dictamen de Comisión– y que para la aprobación de esa declaratoria es necesario el voto afirmativo de no menos de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso. A su vez, el art. 176 CP señala que la excepción al trámite de la discusión en tres sesiones es para los casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran; no obstante, esa declaración debe efectuarse después de presentado para su trámite un proyecto de ley.

Esta Corte considera que haber insertado en la moción privilegiada la frase: “…la cual por este medio y de conformidad con el art. 113 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo es declarada de urgencia nacional” no conllevaba la aprobación por urgencia nacional del proyecto de ley en cuestión, pues aún estaba pendiente de ser presentado al Pleno de los Diputados.

Así, la mayoría calificada solo se obtuvo una vez, y fue para aprobar la moción privilegiada que requería entrar a conocer tres iniciativas, la segunda de las cuales era la referida a la ley que ahora se analiza, momento que se aprovechó para formalizar la solicitud de ser aprobada por urgencia nacional.

Siendo así, el contenido del art. 17 de la ley que se analiza respecto de la aprobación del Decreto respectivo con el voto favorable de más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso no concuerda con lo reflejado en la actividad parlamentaria desarrollada para el efecto, pues tanto ese artículo como el proyecto en su totalidad fueron aprobados por mayoría simple, cuando precisaban de una mayoría calificada para exceptuar el procedimiento ordinario de un proyecto de ley, la cual solo se produjo para aprobar la moción privilegiada por la que se solicitaba entrar a conocer de tres iniciativas, con la consecuente interrupción de la mencionada interpelación, que integraba el orden del día.

En sentencia dictada el 17 de septiembre de 2014 en el expediente de inconstitucionalidad general 5818/2013, esta Corte estableció que en caso de vicios por inobservancia de la normativa que rige el procedimiento de formación de la ley, sus efectos serán los propios de una sentencia estimatoria de la acción de inconstitucionalidad general: la nulidad del cuerpo normativo en cuestión y su pérdida de vigencia dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco.

2.4. Las normas impugnadas se encuentran contenidas en un decreto legislativo que posee vicios en su procedimiento de formación, por lo que deben declararse los efectos anulatorios estimados. Por ello, resulta procedente acoger las denuncias de inconstitucionalidad presentadas contra la normativa impugnada.