Oficina de Referencia Extranjera
ORE - Jurisprudencia - Estados Unidos
08/09/2017

SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

STOGNER V. CALIFORNIA


   
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En https://www.law.cornell.edu/supct/html/01-1757.ZO.html

Sentencia del 23-7-2003

Antecedentes del caso: en 1993, el estado de California dictó una nueva ley en materia penal relativa a los plazos de prescripción que permite promover una acción penal por el delito de abuso sexual de menores cumplido el plazo de prescripción vigente anteriormente si, inter alia, el proceso penal se inicia dentro del plazo de un año a partir del momento en que una víctima haya hecho la denuncia policial. Con posterioridad, se agregó una disposición aclaratoria al texto en cuestión en virtud de la cual se deja establecido que esta ley reabre los hechos de causas en las que se había opuesto la prescripción vía excepción de conformidad con la normativa anterior en esta materia.

En 1998, el actor Stogner fue procesado por el delito de abuso sexual de menores cometido entre 1955 y 1973. En la época en que estos crímenes fueron presuntamente cometidos, el plazo de prescripción era de tres años. Stogner solicitó que se desestimara la denuncia fundado en la cláusula constitucional ex post facto, la cual prohíbe reabrir una causa penal ya prescripta. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la solicitud, pero el tribunal de apelaciones estadual revocó esta decisión. Stogner solicitó nuevamente ante el juez de primera instancia en una actuación procesal posterior que se desestimara la acción alegando que su procesamiento violaba las cláusulas constitucionales ex post facto y del debido proceso, solicitud que esta vez fue rechazada, decisión esta confirmada por el tribunal de apelaciones.

Stogner interpuso entonces un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Sentencia: se revoca la sentencia recurrida.

Una ley dictada con posterioridad al cumplimiento de un plazo de prescripción aplicable en virtud del derecho que regía anteriormente viola la cláusula constitucional ex post facto cuando se aplica a los fines de reabrir una causa penal ya prescripta. La ley de California en cuestión amplía el plazo en el cual puede promoverse la acción penal, autoriza procesamientos que por el transcurso del tiempo habían quedado ya prescriptos y fue sancionada con posterioridad a haberse cumplido los plazos de prescripción previstos para los presuntos delitos cometidos por Stogner vigentes conforme al derecho anterior. Estas características de la ley penal importan el tipo de retroactividad que la Constitución prohíbe. En primer lugar, la ley amenaza con provocar las clases de perjuicio que la cláusula constitucional procura evitar, dado que esta ampara la libertad impidiendo a los Estados promulgar leyes con un efecto retroactivo “manifiestamente injusto y opresivo” (v. Calder v. Bull, 3 Dall. 386, p. 391). En segundo lugar, la ley sub examine cae en términos literales dentro de la descripción y clasificación en categorías de las leyes ex post facto que hizo el juez Chase hace más de doscientos años en el caso Calder v. Bull [3 U.S. 386 -1798-], que esta Corte ha reconocido como una opinión autorizada sobre el alcance de la cláusula constitucional (v. Collins v. Youngblood, 497 U.S. 37, p. 46). La norma corresponde a la segunda categoría, que comprende –entiende el juez Chase– una ley nueva que impone sanciones en casos en los que el individuo no tenía por ley ninguna responsabilidad ni estaba sujeto a sanción alguna. En tercer lugar, en el círculo de un gran número de legisladores, tribunales y comentaristas, por largo tiempo se ha creído en la idea arraigada de que la cláusula constitucional prohíbe la reapertura de una causa penal ya prescripta. El Congreso que sancionó la Ley de Reconstrucción de 1867 rechazó un proyecto de ley que habría reabierto causas penales por el delito de traición a la patria contra Jefferson Davis y otros ya prescriptas; en lugar de ello, aprobó una ley que ampliaba los plazos de prescripción para causas no prescriptas. Casi contemporáneamente, los supremos tribunales estaduales se hicieron eco de la interpretación según la cual las leyes que permiten la reapertura de causas penales ya prescriptas constituyen leyes ex post facto. Incluso aquellos tribunales que se han pronunciado a favor de la ampliación de los plazos de prescripción en causas en las que no se hayan cumplido tales plazos han distinguido, de manera consecuente, aquellas situaciones en las que los plazos de prescripción sí se hayan cumplido, con frecuencia en términos que sugieren una presunción de que no está permitido reabrir causas penales ya prescriptas. Esta Corte jamás se ha pronunciado con anterioridad en forma decisiva en esta materia. No rigen el presente caso ni su reconocimiento de que el principio de no autoincriminación garantizado por la Quinta Enmienda no resulta aplicable tras el cumplimiento del plazo de prescripción pertinente (v. Brown v. Walker, 161 U.S. 591, pp. 597-598 -1896-), ni el holding [que expuso en otro precedente] según el cual una ley dictada en el marco de la Guerra Civil que suspende o interrumpe retroactivamente plazos de prescripción durante la guerra era válida como manifestación del ejercicio de las facultades del Congreso en materia de guerra (v. Stewart v. Kahn, 11Wall. 493, pp. 503-504 -1871-). Por el contrario, el resultado del caso sub examine ha de determinarse por la naturaleza del perjuicio que genera la ley, por el hecho de que esta cae dentro de la segunda categoría de la clasificación formulada por el juez Chase y por una larga trayectoria de opiniones autorizadas en la materia.