Oficina de Referencia Extranjera
ORE - Jurisprudencia - Estados Unidos
30/08/2017

SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS,

DERECHO PENAL. DERECHO PENAL DE AUTOR. PELIGROSIDAD DEL DELINCUENTE. PENAS. DETERMINACIÓN DE LA PENA. PENA DE MUERTE. PROCESO PENAL. GARANTÍAS PROCESALES. DEBIDO PROCESO. DERECHO DE DEFENSA. DERECHO A UNA ASISTENCIA JURÍDICA EFICAZ


   
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Buck v. Davis, Director, Texas Department of Criminal Justice, Correctional Institutions Division, Sentencia del 22-2-2017,
En https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-8049_f2ah.pdf

1. Antecedentes del caso: un tribunal estadual de Texas condenó a muerte a Duane Buck por homicidio. En términos del derecho de dicho estado, el jurado solo podía imponer esta pena si consideraba, en forma unánime y más allá de toda duda razonable, que era probable que el procesado reincidiera en la comisión de actos de violencia. El presidente del tribunal designó como perito al psicólogo Dr. Walter Quijano para que evaluara a Buck. A los efectos de la elaboración de su informe tendiente a determinar cuál era la probabilidad de que Buck volviera a cometer actos de violencia en el futuro, el Dr. Quijano consideró una serie de factores estadísticos, entre ellos, la raza del procesado, y si bien en última instancia manifestó no considerar que Buck pudiera ser peligroso en el futuro, lo cierto es que en su informe también señaló que, estadísticamente, tenía mayores probabilidades de cometer actos de violencia por ser de raza negra. En la parte pertinente, la pericia decía: “Raza. Negra: probabilidad aumentada”. Pese a conocer el contenido de este informe, el abogado de Buck hizo subir al estrado al Dr. Quijano, oportunidad en que este declaró que se sabe que la raza es un factor “que predice la futura peligrosidad”. En cuanto terminó su declaración, esta fue admitida como medio de prueba por el tribunal. Por su parte, la fiscalía repreguntó al Dr. Quijano acerca de sus conclusiones sobre la raza y la violencia, y fundó su alegato final en esta declaración. Durante la deliberación, el jurado solicitó y recibió los informes periciales admitidos como prueba, entre los cuales estaba el del Dr. Quijano. El veredicto del jurado fue una condena a muerte.

            Buck alegó que la producción de esta prueba por parte de su abogado defensor había violado su derecho a contar con un asesoramiento jurídico eficaz, derecho que le acuerda la Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, pero no formuló dicho agravio en la primera actuación procesal a nivel estadual que había impulsado después de su condena. Mientras dicho procedimiento estaba en trámite, llegó a esta Corte en recurso el caso Saldano v. Texas (530 U.S. 1212 -2008-), causa en la cual el Dr. Quijano había declarado que la pertenencia del recurrente a la comunidad hispana había gravitado a favor de declarar su futura peligrosidad. El estado de Texas admitió que el fallo recurrido había incurrido en un error y esta Corte revocó la sentencia objeto de recurso. Poco después, el Procurador General de Texas emitió una declaración pública en la que identificaba seis casos similares en los que el Dr. Quijano había declarado. Buck era uno de ellos. En los otros cinco, el Procurador General admitió que se había incurrido en un error y accedió a que se dictara una nueva sentencia. Sin embargo, cuando Buck promovió una segunda acción de hábeas corpus ante un tribunal estadual fundado en que su abogado no lo había defendido eficazmente dado que había hecho declarar al Dr. Quijano, el estado de Texas no admitió que se había incurrido en un error, y el tribunal desestimó la pretensión de Buck porque lo consideró un abuso procesal, puesto que no había formulado dicho agravio en su primer hábeas corpus.

Buck interpuso entonces un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal fundándose en el art. 2254 del Título 28 del Código de los Estados Unidos. El Estado tampoco admitió en esta oportunidad que se había incurrido en un error, y el tribunal declaró que la pretensión de Buck relativa a haber carecido de una representación legal efectiva tenía vicios procesales y no podía ser revisada en razón de lo resuelto en Coleman v. Thompson (501 U.S. 722 -1991-). Las decisiones que la Corte adoptó con posterioridad en Martinez v. Ryan (566 U.S. 1 -2012-) y en Trevino v. Thaler (2013) modificaron la doctrina establecida en Coleman. Si estos casos hubieran sido decididos antes de que Buck interpusiera su recurso de hábeas corpusante la justicia federal, se podría haber resuelto el fondo de su pretensión siempre y cuando hubiera logrado demostrar que: 1) el abogado que lo había defendido después de su condena ante los tribunales estaduales no lo había representado eficazmente en términos constitucionales al no haber formulado su pretensión, y 2) la pretensión tenía ciertos fundamentos válidos. Después de que se decidió el caso Trevino, Buck solicitó reabrir la causa que había fundado en el art. 2254 del Título 28 del Código de los Estados Unidos en virtud de lo dispuesto por la Regla Federal de Procedimiento Civil 60(b)(6). Para demostrar la existencia de las “circunstancias extraordinarias” requeridas para dejar sin efecto una sentencia definitiva (Gonzalez v. Crosby, 545 U.S. 524, p. 535 -2005-), Buck hizo referencia al giro jurisprudencial establecido en Martinez y en Trevino, así como también a otros diez factores, tales como la admisión de la prueba pericial que relacionaba su raza con la violencia y el reconocimiento del Estado de que se había incurrido en un error en casos similares. El tribunal federal rechazó su planteo porque consideró que “la inclusión de cualquier alusión relativa a la raza” durante la etapa de determinación de la pena era una cuestión “de minimis”. Por ello, llegó a la conclusión, en primer lugar, de que Buck no había demostrado la existencia de circunstancias extraordinarias y, en segundo lugar, de que aun si las circunstancias hubieran sido extraordinarias, Buck no había demostrado haber carecido de una asistencia jurídica eficaz conforme a lo establecido en Strickland v. Washington (466 U.S. 668 -1984-). Buck entonces procuró obtener un certificado de apelabilidad (COA, por sus siglas en inglés) de la Cámara Federal de Apelaciones del Quinto Circuito a fin de interponer un recurso contra la resolución del tribunal federal de primera instancia que denegó el hábeas corpus. La Cámara rechazó su solicitud porque entendió que Buck no había acreditado la existencia de circunstancias extraordinarias que justificaran dejar sin efecto la sentencia definitiva del tribunal federal de primera instancia.

Entonces, Buck interpuso un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.

2. Sentencia: se revoca la sentencia y se devuelven las actuaciones.

2.1. La Cámara se extralimitó en el ejercicio de las limitadas atribuciones que tiene para decidir sobre la emisión de un certificado de apelabilidad. La ley que regula los certificados de apelabilidad establece un procedimiento de dos pasos para decidir su emisión: una determinación inicial de si una pretensión es razonablemente discutible ante los estrados judiciales y, en caso afirmativo, abrir el recurso (art. 2253 del Título 28 del Código de los Estados Unidos). Durante la primera etapa, la única cuestión a determinar es si el peticionante ha demostrado que “juristas razonables podrían estar en desacuerdo con la forma en que el tribunal federal de primera instancia ha resuelto sus planteos constitucionales o [...] podrían llegar a la conclusión de que las cuestiones planteadas son pertinentes y merecen impulso para seguir adelante en el curso del reclamo (Miller-El v. Cockrell,537 U.S. 322, p. 327 -2003-). En este caso, la Cámara expresó su decisión en términos correctos. Pero llegó a su conclusión solo después de haber decidido esencialmente el fondo del caso y reiterado que Buck no había acreditado la existencia de circunstancias extraordinarias. Lo que la Cámara tenía que decidir no era esto, sino si juristas razonables podrían debatir la cuestión planteada. En defensa del criterio adoptado por la Cámara, el estado de Texas destacó la acabada evaluación del fondo por ella realizada, pero lo cierto es que esto perjudica en lugar de favorecer la pretensión del Estado.

2.2. Buck ha demostrado haber carecido de una asistencia jurídica eficaz en términos de la doctrina sentada en Strickland.

(a) Para satisfacer el estándar establecido en Strickland, un acusado debe acreditar, en primer lugar, que su abogado actuó en forma ineficiente (cit., p. 687). El abogado que representó a Buck durante el juicio sabía que, en su informe pericial, el Dr. Quijano había adoptado el criterio de que la raza de Buck lo predisponía a tener una conducta violenta y que la principal cuestión controvertida en la etapa de determinación de la pena era la futura peligrosidad de Buck. No obstante, llamó al Dr. Quijano al estrado y lo interrogó específicamente sobre la alegada conexión entre la raza y la violencia, poniendo en evidencia dicho informe pericial. Ningún abogado defensor competente hubiera producido pruebas que revelaran que su cliente podría ser peligroso en el futuro en razón de su raza.

(b) El criterio sentado en Strickland también requiere que un acusado demuestre que ha sufrido un perjuicio: “una probabilidad razonable de que, de no ser por los errores contrarios a la ética profesional cometidos por el abogado, el resultado del proceso podría haber sido diferente” (cit., p. 694). Es razonablemente probable que si el Dr. Quijano no hubiera hecho una declaración relativa a la vinculación entre la raza y la violencia, al menos uno de los miembros del jurado habría albergado una duda razonable en cuanto a la futura peligrosidad de Buck. Esta cuestión exigió al jurado hacer un juicio predictivo de valor que inevitablemente implicó cierto grado de especulación. Pero la raza de Buck no estaba sujeta a especulación y, según el Dr. Quijano, dicha característica inmutable conllevaba una mayor probabilidad de cometer actos de violencia en el futuro. El testimonio del Dr. Quijano apeló a un poderoso estereotipo racial y es posible que los miembros del jurado hayan considerado que esta era la opinión de un perito médico aprobada por el tribunal interviniente. Por estas razones, esta Corte rechaza la conclusión arribada por el tribunal federal de primera instancia en el sentido de que toda alusión relativa a la raza durante la etapa de la determinación de la pena era una cuestión “de minimis”. Lo mismo se resuelve en relación con el argumento alegado por el Estado de que Buck no se vio perjudicado por el testimonio del Dr. Quijano, puesto que esta prueba fue producida por su propio abogado defensor y no por la fiscalía. Los miembros del jurado entienden que los fiscales tratan de lograr condenas y razonablemente puede esperarse que evaluarán las pruebas producidas por el Estado en aras de la consecución de este objetivo. Cuando el propio abogado del acusado produce prueba perjudicial para su cliente, esta tiene la naturaleza de una admisión de un medio de prueba contraria a su interés, que es más probable que sea evaluada literalmente.

2.3. El tribunal federal de primera instancia ejerció su discrecionalidad en forma abusiva al rechazar la solicitud que Buck fundó en la Regla 60(b)(6).

(a) La previsión establecida en la Regla 60(b)(6) relativa a la facultad de un tribunal de dejar sin efecto una sentencia definitiva solo se prevé en “circunstancias extraordinarias” (Gonzalez, cit., p. 535). La determinación de si existen tales circunstancias puede incluir la consideración de un amplio rango de factores, tales como “el riesgo de adoptar una decisión injusta para las partes” y “el riesgo de socavar la confianza pública en el proceso judicial” (Liljeberg v. Health Services Acquisition Corp., 486 U.S. 847, pp. 863-864 -1988-). El rechazo del tribunal federal de primera instancia de la pretensión de Buck estuvo fundamentalmente basado en su determinación de que la raza solo había jugado un rol “de minimis” en su condena. Pero existe una probabilidad razonable de que Buck haya sido condenado a muerte, en parte, en razón de su raza. Esto constituye un inquietante apartamiento del principio básico de que el derecho penal castiga a los individuos por sus actos y no por su persona. La circunstancia de que el factor racial haya estado comprometido agrava el problema. El hecho de fundarse en la raza para imponer una sanción penal “corrompe la confianza pública” en el proceso judicial (Davis v. Ayala -2015-), preocupación esta que justifica la previsión establecida en la Regla 60(b)(6). La naturaleza extraordinaria de este caso queda confirmada por las notables medidas que el propio Estado adoptó en respuesta a las declaraciones que el Dr. Quijano había hecho en otros casos. Si bien el Estado intenta justificar su decisión de acordar a Buck un tratamiento diferente que al brindado a los otros cinco acusados identificados en la declaración pública emitida por el Procurador General, lo cierto es que dichas tentativas de distinguir el caso de Buck del fallo Saldano no tienen vinculación alguna con las razones formuladas por el Procurador General para admitir que se había incurrido en un error en ese caso.

(b) A menos que Martinez y Trevino –y no Coleman– resultaren aplicables al caso de Buck si este fuera reabierto, su pretensión no podría ser objeto de revisión y la previsión establecida en la Regla 60(b)(6) resultaría inapropiada. El Estado alega que Martinez y Trevino no resultarían aplicables en el caso de Buck porque estos casos formularon un “nuevo estándar” en términos de Teague v. Lane (489 U.S. 288 -1988-) que no se aplica retroactivamente a casos, como el de Buck, en los que se verifica una revisión colateral, es decir, un proceso promovido a los efectos de impugnar la integridad de una sentencia previa. Sin embargo, el Estado ha perdido la oportunidad de esgrimir este argumento, ya que no lo formuló ante el tribunal federal de primera instancia, ni ante la Cámara, ni en la presentación ante esta Corte en la que se opuso al pedido de certiorari presentado por Buck.