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Smith alegó que la imputación de conspiración formulada en su contra por su participación en el comercio ilegal de estupefaccientes (ver art.846 del Título 21 y art.1962(d) del Título 18 del Código de los Estados Unidos) no podía prosperar en razón de que había vencido el plazo de prescripción de cinco años previsto en en el art.3282 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. El Tribunal de Distrito dio instrucciones al jurado de que condenara a Smith por cada una de las imputaciones por conspiración si consideraba que el Gobierno había demostrado más allá de una duda razonable que dichas conspiraciones habían existido, que Smith había formado parte de ellas y que el delito habia continuado en el tiempo antes de que prescribiera la acción penal. Con relación a la defensa de la desvinculación de la conspiración, el tribunal instruyó al jurado sobre que una vez que el Gobierno probase que Smith era miembro de la conspiración, Smith tenía la carga de probar su desvinculación de la misma, no obstante la prescripción de la acción penal, en razón de un estándar probatorio que exige tener el 51% de la prueba a favor (preponderance of the evidence).
Smith fue condenado y la Cámara Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión. Entonces, Smith interpuso un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.
SE DECIDIÓ: se confirma la sentencia. Un imputado tiene la carga de probar la defensa de la desvinculación de la conspiración.
(a) Imponer al imputado la carga de probar la desvinculación no viola la Cláusula del Debido Proceso. El Gobierno solo tiene el deber constitucional de desacreditar la defensa más allá de una duda razonable cuando dicha defensa elimina uno de los elementos del delito (ver Dixon v. United States, 548 U.S. 1, 6 -2006-). La desvinculación no niega un elemento de los delitos de conspiración que aquí se imputaron a Smith sino que, por el contrario, presupone que el imputado cometió el delito. La desvinculación pone fin a la responsabilidad del acusado por los actos de sus coautores posteriores a su desvinculación de la conspiración, pero continúa siendo culpable de conspiración.
La desvinculación que se realiza con posterioridad a la prescripción de la acción penal brinda una defensa total frente al procesamiento pero no desincrimina. Por tanto, si bien la unión de la desvinculación con la prescripción de la acción penal puede liberar a un acusado de su responsabilidad penal, lo cierto es que no impone a la fiscalía la exigencia constitucional de probar que él no se desvinculó. Así como sucede con otras defensas afirmativas, la carga probatoria recae sobre el acusado.
(b) A pesar de que el Congreso puede imponer al Gobierno la carga de probar la inexistencia de la desvinculación, no lo hizo aquí. Dado que el Congreso no abordó el tema de la carga de la prueba en el art846 del Título 21 o en el art.1962(d) del Título 18 del Código de los Estados Unidos se presume que tuvo la intención de mantener la regla del common law de que pesa sobre los acusados sobre los acusados la carga de probar las defensas afirmativas. (Dixon, supra, 13, 14).
El análisis no varía cuando la desvinculación es la base de una defensa de la prescripción de la acción penal. En esa circunstancia, el Gobierno sólo necesita probar que la conspiración continuó existiendo luego del vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal. Una conspiración subsiste hasta que termina o respecto de un acusado en particular, hasta que este se desvincula. Y la carga de probar la desvinculación pesa sobre este.
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