|
Cuando Bond descubrió que una de sus mejores amigas estaba embarazada de su marido, comenzó a acosarla. Un día, colocó sustancias cáusticas en objetos que ella probablemente tocara, lo cual le infligió una quemadura menor. Entonces, Bond fue acusada de violar la §229 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe la posesión o uso conciente, con fines no pacíficos, de químicos que "puedan provocar la muerte o incapacidad transitoria o permanente a los seres humanos". Esta norma forma parte de una ley federal que implementa un tratado de armas químicas ratificado por los Estados Unidos.
Bond pidió que se rechazara las acusaciones formuladas en su contra, alegando que el Congreso se había extralimitado en el ejercicio de sus atribuciones al aprobar la ley en la que las mismas se fundaban. Formuló una admisión condicional de culpabilidad (conditional guilty plea), reservándose el derecho a apelar la decisión relativa a la validez de la ley. El tribunal de distrito desestimó su pretensión, y ella ejerció el derecho de apelación pero la Cámara Federal de Apelaciones aceptó el planteo del Gobierno de que ella carecía de legitimación activa para hacer este planteo. Sin embargo, con posterioridad, el Gobierno cambió de criterio en relación a la legitimación activa de Bond y, entonces, Bond interpuso un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.
SE DECIDIÓ: Bond tiene legitimación activa para impugnar la constitucionalidad de una ley federal fundándose en que dicha medida interfiere con las facultades que los Estados se han reservado.
(a) La Cámara Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito basó su decisión en una sola frase de la sentencia dictada en el caso Tennessee Elec. Power Co. v. TVA (306 U.S. 118 -1939-).
(1) Esta Corte ha desaprobado que Tennessee Electric sea un precedente determinante para establecer si existe o no un caso o controversia en términos del Artículo III de la Constitución (Association of Data Processing Service Organizations, Inc. v. Camp, 397 U.S. 150, pp.152/154 -1970-). Aquí, la exigencia del Artículo III de que exista un caso o controversia no incide en la capacidad de Bond para articular sus defensas ante el tribunal de distrito. Y los prerrequisitos del Artículo III están satisfechos a los fines de su legitimación activa para apelar.
(2) Tennessee Electric también resulta irrelevante en relación a las reglas de la legitimación activa de creación jurisprudencial (prudential standing rules). En dicho caso las empresas privadas de energía intentaron impedir que la Tennessee Valley Authority (TVA) federal produjera y vendiera energía eléctrica, alegando que, al aprobar la ley de creación de la TVA, el Gobierno Federal se había extralimitado en el ejercicio de las atribuciones que tiene en el marco del federalismo, violentando lo dispuesto en la X Enmienda. Esta Corte se negó a resolver el fondo de la cuestión y reiteradamente afirmó que, en ese caso, las empresas de energía carecían de "legitimación" (standing) o de hechos o antecedentes que justificaran la acción judicial (cause of action), y trató a dichos conceptos como intercambiables.
En cambio, la determinación de si un accionante está formulando un pedido de reparación, típicamente se vincula al mérito de un caso y no a la justiciabilidad del mismo (Steel Co. v. Citizens for Better Environment, 523 U.S. 83, p. 92 -1998-) y la fusión de dos conceptos puede dar lugar a confusión. Esto es lo que sucedió con la discusión de la X Enmienda que realizamos en Tennessee Electric. Debe interpretarse que la declaración en la cual se basa aquí la Cámara Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito se refiere a la inexistencia de hechos o antecedentes que justifiquen la acción judicial (cause of action) tendiente al recupero de los daños y perjuicios causados por la competencia económica. En la medida en que podría interpretarse que esta declaración sugiere que un particular carece de legitimación activa para plantear una cuestión con base en la X Enmienda, contradice los precedentes posteriores de esta Corte y debe considerarse que no resulta determinante ni instructivo en relación a la cuestión de la legitimación activa, tal como ahora se define y aplica este concepto.
(b) Los amicus designados para defender la validez de la sentencia sostienen que cuando Bond argumenta que el Gobierno Nacional ha interferido con la soberanía estadual en violación a lo dispuesto por la X Enmienda, sólo hace valer los derechos o intereses de un Estado. Pero al argumentar que el Gobierno Federal se ha extralimitado en el ejercicio de las atribuciones que el federalismo define, busca vindicar sus propios derechos constitucionales.
(1) El federalismo tiene más de una dinámica. Al asignar poderes a los Estados y al Gobierno Nacional, "'asegura a los ciudadanos los derechos derivados de la difusión del poder soberano'" (New York v. United States, 505 U.S. 144, p. 181 -1992-). Habilita a los Estados a aprobar normas positivas para dar respuesta a quienes buscan una voz para dar forma al destino de su propio tiempo y protege los derechos de todas las personas del Estado, al asegurar que las leyes aprobadas mediante un ejercicio extralimitado de las facultades delegadas no pueden dirigir ni controlar sus acciones (Gregory v. Ashcroft, 501 U.S. 452, p. 458 -1991-). Las limitaciones impuestas por el federalismo no son, por lo tanto, solamente una cuestión vinculada a los derechos de los Estados. En un caso adecuado, un litigante puede impugnar la validez de una ley aprobada en violación al régimen federal, del mismo modo que las personas perjudicadas pueden impugnar las acciones que transgreden, por ejemplo, las limitaciones derivadas de la separación de poderes (e.g., INS v. Chadha, 462 U.S. 919 -1983-). La pretensión no necesita depender de la invocación subsidiaria de derechos constitucionales estaduales, aún cuando estos también estén comprometidos.
(2) El Gobierno erróneamente alega que sólo se debería permitir a Bond denunciar que el Congreso no podía aprobar la ley cuestionada en ejercicio de sus facultades enumeradas, pero que se le debería desconocer legitimación si alega que la ley interfiere en la soberanía estadual. Aquí, Bond afirma que la política pública de Pensilvania, aprobada en su carácter de Estado soberano, ha sido desplazada por el Gobierno Federal. La ley a la que ella se encuentra sujeta, el procesamiento que ella busca evitar y el castigo a que ella debe enfrentarse podrían no haberla afectado si se hubiera dejado la cuestión para que Pensilvania la decida. Carece de sustento la distinción propuesta por el Gobierno entre diferentes argumentos vinculados al federalismo sobre los objetivos de las reglas de la legitimación activa de creación jurisprudencial (prudential standing rules). Los principios de un gobierno nacional limitado y de la soberanía de los Estados están entrelazados. La interferencia inadmisible en la soberanía de los Estados no es uno de los poderes enumerados del Gobierno Nacional, y las acciones en exceso de dichos poderes socavan los derechos soberanos de los Estados. Las personas que buscan impugnar las validez de dichas medidas están sujetas a las reglas del Artículo III de la Constitución y a las creadas jurisprudencialmente en relación a la legitimación activa que resultan aplicables a todos los litigantes y a todas las pretensiones. Pero aquí la litigante es parte de un caso o controversia que, a los demás efectos, es justiciable y, por lo tanto, no está en la imposibilidad de objetar que su perjuicio resulta de una inobservancia de la estructura federal del Estado.
|
