Resumen

La periodista y escritora india Pinki Virani, autora del libro Aruna's Story pidió a la Suprema Corte de su país, con base en el art. 32 de la Constitución, que se suspendiera el suministro de alimento y se dejara morir en paz a su amiga Aruna Shaunbag, quien desde hacía 37 años se encontraba en estado vegetativo en el King Edward Memorial Hospital de Mumbai (KEM Hospital). Aruna Shaunbag era enfermera en dicho hospital cuando en la noche del 27-11-1973 fue agredida brutalmente por un empleado de limpieza, violada y estrangulada con una cadena. Según la peticionante, como consecuencia de la agresión y de la consiguiente falta de oxigenación, Aruna Shaunbag había quedado inconsciente, su cerebro estaba virtualmente muerto y no había posibilidad alguna de que su estado mejorara; su cuerpo yacía en cama como el de un animal muerto. Tras sufrir la agresión, Aruna Shaunbag había sido abandonada por su familia, pero el personal del KEM Hospital sigue atendiendo a su colega con gran dedicación.

El director del KEM Hospital presentó una declaración jurada a favor de la parte demandada, conforme a la cual Aruna Shaunbag comía normalmente, reaccionaba al tacto e interactuaba con expresiones faciales y sonidos.

Debido a estas divergencias en la apreciación de las condiciones de salud de Aruna Shaunbag, la Suprema Corte ordenó a un comité de distinguidos médicos de Mumbai el examen médico completo de la paciente y la redacción de un informe sobre su condición física y mental. Conforme a esta pericia, Aruna Shaunbag no se encontraba en coma y su cerebro no estaba muerto, estaba despierta, y sus funciones cardíacas y respiratorias eran normales, aunque no podía entender, comunicarse, hablar o emocionarse; no era consciente de sí misma ni de su entorno, y no tenía interacción con los demás. Se encontraba en estado vegetativo permanente.

SE DECIDIÓ: se rechaza la petición.

Esta Corte podría haber rechazado de plano la presente petición porque, por ejemplo, conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la Constitución, el peticionante debe probar la violación de un derecho fundamental. En Gian Kaur v. State of Punjab (1996), la Sala Constitucional de esta Corte sostuvo que el derecho a la vida garantizado por el art. 21 de la Constitución no incluye el derecho a morir. La peticionante no ha demostrado la violación de ninguno de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en razón de la importancia que entrañan las cuestiones planteadas, se ha decidido profundizar el análisis de las mismas.

Ante el tema de la eutanasia, esta Corte se encuentra como un barco en un mar desconocido, buscando orientación en la luz que arrojan la legislación y los pronunciamientos judiciales de países extranjeros, así como las presentaciones de las partes y amicus curiae.

La eutanasia puede ser de dos tipos: activa y pasiva. La primera comporta el uso de sustancias o fuerzas letales para terminar con la vida del paciente. La segunda implica el retiro deliberado del tratamiento médico a fin de causar la muerte del paciente.

También puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso, el paciente presta su consentimiento para terminar con su vida, mientras que en el segundo, no es posible obtener tal consentimiento debido al estado comatoso o vegetativo permanente del paciente. Estamos aquí ante un caso de eutanasia pasiva involuntaria.

En la India, la eutanasia activa es ilegal y constituye el delito contemplado en el art. 302 del Código Penal (CP). Asimismo, el suicidio médicamente asistido es el delito previsto en el art. 306 CP (instigación al suicidio).

Existe una gran cantidad de jurisprudencia sobre el tema de la eutanasia activa y pasiva de los superiores tribunales de todo el mundo. Sin embargo, el precedente más relevante para resolver el presente caso es Airedale NHS Trust v. Bland (1993), de la Cámara de los Lores del Reino Unido. Anthony Bland tenía 17 años de edad cuando, en 1989, asistió al estadio de futbol de Hillsborough para ver un partido. Ese día hubo una avalancha humana en la que él fue aplastado y sufrió un daño irreversible en su cerebro. Durante tres años estuvo en estado vegetativo persistente, pero su tronco cerebral -que controla el latido del corazón, la respiración y la digestión- seguía funcionando. Recibía alimentación e hidratación por medios artificiales. Sin embargo, no podía ver, escuchar, sentir, hablar ni comunicarse en forma alguna. En opinión de los médicos, no existía ninguna perspectiva de recuperación y lo más probable era que permaneciera en ese estado por muchos años mientras se le continuaran suministrando los medios artificiales de cuidado médico. Ante esa situación, las autoridades del hospital y los padres del joven consideraron que se le debía retirar la alimentación artificial. Entonces, recurrieron ante la High Court, luego a la Court of Appeals y finalmente a la Cámara de los Lores, la cual tuvo que resolver en qué circunstancias quienes tienen el deber de alimentar a un inválido pueden legalmente dejar de hacerlo. Lord Keith sostuvo que según la responsable opinión de un amplio grupo de médicos, la existencia en estado vegetativo sin perspectivas de recuperación, no resulta en beneficio alguno para el paciente. Asimismo, observó que, si bien los médicos deben decidir si para el paciente en estado vegetativo persistente resulta beneficioso seguir con el tratamiento, ellos deben recurrir ante la High Court para que ésta autorice o rechace dicha decisión, actuando en el interés de la protección del paciente y de los médicos y para la seguridad de la familia del paciente y del público. Finalmente, todos los jueces de la Cámara de los Lores estuvieron de acuerdo en que debía permitirse que Anthony Bland muriera porque el retiro del soporte vital artificial en el mejor interés del paciente no constituía delito.

En el ya mencionado precedente Gian Kaur, esta Corte sostuvo que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son ilegales en India y observó que la eutanasia sólo puede ser legalizada por el Parlamento. Además, si bien consideró allí que el art. 309 CP (tentativa de suicidio) era constitucionalmente válido, es ahora tiempo de que el Parlamento lo suprima porque actualmente resulta anacrónico. Una persona intenta suicidarse porque está sumida en la depresión, y por ello necesita ayuda en lugar de castigo.

Sin embargo, Gian Kaur no dejó en claro quién está autorizado a tomar la decisión del retiro del soporte vital en el caso de una persona que, por ejemplo, está en estado vegetativo o en coma. En India, la cuestión resulta extremadamente delicada y exige máxima cautela. Una gran cantidad de gente entra en coma a raíz, por ejemplo, de un accidente o, por alguna otra razón, no está en condiciones de dar su consentimiento para el retiro del soporte vital. Debido al lamentable descenso del nivel ético de la sociedad, a su burda y generalizada mercantilización y a la corrupción incontrolada, cabe la posibilidad de que parientes u otras personas inescrupulosas, con la ayuda de médicos que pueden hacer cualquier cosa por dinero, a fin de heredar los bienes del paciente, demuestren que el caso es terminal y que no hay posibilidades de recuperación.

La peticionante alega que Aruna Shanbaug está muerta y que, por ende, dejar de alimentar su cuerpo no significa matarla. Ahora bien, ¿cuándo puede decirse que una persona está muerta? El órgano más importante de una persona es su cerebro, y éste no se puede trasplantar. Las células del cerebro requieren de un suministro constante de oxígeno, pero si éste falta durante más de seis minutos, mueren (anoxia). En consecuencia, cuando el cerebro está muerto, la persona se considera muerta. Actualmente, la muerte cerebral se define como la cesación irreversible de todas las funciones del cerebro, incluso las del tronco cerebral. Por lo tanto, resulta diferente al estado vegetativo persistente, en el cual el tronco cerebral sigue funcionando. Cuando una persona es incapaz de dar alguna respuesta, pero su respiración y su circulación funcionan normalmente, no puede decirse que esté muerta.

Desde este punto de vista, Aruna Shanbaug no está muerta. De la pericia médica producida en estos autos surge que tiene cierta actividad cerebral. En efecto, ella identifica la presencia de personas a su alrededor, y expresa gusto o disgusto a través de sonidos vocales y de ciertos movimientos de su mano; sonríe cuando recibe su comida favorita; respira normalmente y no necesita alimentación intravenosa ni máquina para el funcionamiento de su corazón o de sus pulmones. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que pueda salir del estado vegetativo persistente en que se encuentra. Lo más probable es que permanezca así hasta su muerte.

En la India, no existe ninguna norma que establezca un procedimiento legal para el retiro del soporte vital de una persona en estado vegetativo permanente o que por otras razones es incompetente para tomar una decisión al respecto.

Esta Corte sostiene que la eutanasia pasiva debería autorizarse en la India en ciertas circunstancias. Por ello, vamos a establecer algunas pautas que estarán vigentes hasta que el Parlamento sancione una ley.

En primer lugar, es preciso que el cónyuge, los parientes cercanos, o, en su defecto, una persona o un grupo de amigos cercanos tomen una decisión con respecto al retiro del soporte vital, que también puede ser adoptada por los médicos que atienden al paciente, actuando siempre de buena fe y en el mejor interés del paciente.

En este caso, los padres de Aruna Shanbaug han fallecido y ningún otro pariente cercano se ha interesado por ella desde el momento de su trágica agresión. Puede considerarse que sus amigos más cercanos son los integrantes del personal del KEM Hospital, quienes con asombrosa dedicación la han atendido día y noche durante tantos años, y no así la señora Pinki Virani, quien sólo la ha visitado en pocas ocasiones y ha escrito un libro sobre ella. En consecuencia, quien debe tomar la decisión es el personal del KEM Hospital, que ha expresado claramente el deseo de que se permita vivir a Aruna Shanbaug. Con esto, la Corte no pretende censurar o menospreciar la labor de la señora Pinki Virani. Por el contrario, desea expresar la mayor estima y el mayor aprecio por su magnífico espíritu social y por haber elevado la petición movida por una causa que, de buena fe, ha considerado correcta y ética. Sin embargo, su gran interés por Aruna Shanbaug no puede igualarse al cuidado que le ha dispensado el personal del KEM Hospital. Asimismo, suponiendo que éste en algún momento cambie de parecer, deberá recurrir a la High Court de Mumbai para solicitar la aprobación de la decisión de retirarle el soporte vital.

Por consiguiente, aun cuando la decisión del retiro del soporte vital es tomada por parientes, amigos cercanos o médicos, exige la aprobación de la High Court, tal como se dispone en el caso Airedale.

En efecto, si bien se otorga gran importancia al deseo de los padres, del cónyuge, de otros parientes o amigos cercanos, o a la opinión de los médicos del paciente incompetente, no es posible dejar a su entera discreción la decisión de retirar el soporte vital. La aprobación de la High Court a este respecto debe ser adoptada en el interés del paciente, de los médicos, de los parientes y amigos cercanos y para la seguridad de la familia del paciente, así como del público en general. Ésto se condice con la doctrina del parens patriae. En efecto, en el caso de una persona incompetente que no está en condiciones de tomar la decisión de pedir que se le retire el soporte vital, es sólo la High Court en su carácter de parens patriae, la que en definitiva debe tomar la decisión, aunque considerando debidamente las opiniones de los parientes y amigos cercanos y de los médicos.

En opinión de esta Corte, la High Court puede conceder la autorización para el retiro del soporte vital con base en el art. 226 de la Constitución. En efecto, conforme a dicha disposición, ese Tribunal no sólo tiene atribuciones para dictar decretos judiciales (writs), sino también para dictar directivas y órdenes. Por ello, dicho artículo lo faculta para dictar órdenes en relación con el pedido de autorización formulado por un pariente o amigo cercano, los médicos o el personal de un hospital para retirar el soporte vital de una persona incompetente.

En los supuestos en que se interponga este tipo de demandas, se deberá seguir el siguiente procedimiento: el Presidente de la High Court debe inmediatamente constituir una sala integrada por no menos de dos jueces para decidir si dan o no la aprobación. Antes de hacerlo, deberán solicitar el dictamen de un comité de tres médicos reconocidos -preferentemente, un neurólogo, un psiquiatra y un clínico- designados por la Sala, que deberá examinar cuidadosamente al paciente y consultar su historia clínica, tener en cuenta las opiniones del personal del hospital y luego presentar un informe al tribunal. Simultáneamente, el tribunal deberá notificar al Estado y a los parientes cercanos del paciente, es decir a sus padres, cónyuge, hermanos, hermanas, etc. y, en su defecto, a su amigo/a cercano/a y les suministrará una copia de la pericia médica en cuanto se encuentre disponible. Después de oírlos, el tribunal deberá dar su veredicto. Este procedimiento deberá seguirse en todo el territorio de la India hasta que el Parlamento legisle sobre el tema. La High Court deberá dictar una rápida resolución, ya que toda dilación puede causar gran padecimiento a los parientes y a otras personas cercanas al paciente. La High Court deberá aducir razones específicas de conformidad con el principio del mejor interés del paciente establecido por la Cámara de los Lores en el caso Airedale, y tener debidamente en cuenta las opiniones de los parientes cercanos y del comité de médicos antes de pronunciar su veredicto final.