Resumen

El 11 de abril de 1993, el agente Dalbir Singh del 36º Batallón Central de Reserva de la Policía se encontraba destacado en el distrito de Amritsar del estado de Punjab (India). Ese día, el Principal del Batallón informó al vicecomandante que Singh se había negado a realizar las tareas de fajina que se le habían asignado. Singh fue conducido ante el vicecomandante, y, después de ser advertido verbalmente de su incumplimiento, solicitó que la advertencia le fuera notificada por escrito. El vicecomandante, entonces, ordenó que Singh se presentara en su despacho a la mañana siguiente. Inmediatamente después de tales conversaciones, mientras el Principal y el vicecomandante seguían en su despacho, comenzaron a recibir disparos de un rifle de auto-carga. Presuntamente, el vicecomandante observó que era Singh quien disparaba desde el exterior, y un agente y un subinspector fueron testigos de todo el incidente. Una vez que el fuego cesó, el agente redujo y desarmó a Dalbir Singh, quien fue entregado a la policía. El Principal murió a raíz de los impactos de bala recibidos y el vicecomandante fue trasladado al hospital.

Singh fue acusado ante el tribunal de primera intancia con base en lo dispuesto en los arts. 302 (prisión perpetua) del Código Penal de la India (CP) y 27(3) (pena de muerte obligatoria por el uso de armas prohibidas) de la Arms Act de 1959. Singh negó su participación en los hechos, se declaró inocente y sostuvo que había sido acusado injustamente.

La High Court de Punjab llegó a la conclusión de que existían algunas contradicciones irreconciliables en los fundamentos de la acusación, por lo que otorgó a Singh el beneficio de la duda y lo absolvió de los cargos presentados en su contra.

Entonces, el Estado de Punjab interpuso un recurso de apelación ante la Suprema Corte de la India.

SE DECIDIÓ: se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia de absolución de la High Court. Se declara que el art. 27(3) de la Arms Act violenta la letra de la Constitución.

El acusado ha sido imputado con base en el art. 27(3) de la Arms Act, por lo que es preciso proceder a un examen de constitucionalidad de dicha norma. Dicho artículo, tal como ha sido modificado por la Amending Act nº 42 de 1988, reza: "Castigos por el uso de armas... (3) Quienquiera que utilice algún arma o munición prohibida o realice un acto contraviniendo el art. 7 (prohibición de compra o posesión, de fabricación o venta de armas y municiones prohibidas) y provoque la muerte de una persona será castigado con la pena de muerte”. Cabe destacar que las modificaciones al artículo realizadas en el año 1988 respondieron a un contexto de escalada del terrorismo y de actividades antinacionales.

Ahora bien, la redacción del art. 27(3) es muy amplia, en el sentido de que cualquier acto realizado en contravención a lo dispuesto en el art. 7 es castigado con la pena de muerte obligatoria. Se trata de una disposición muy drástica por diversas razones. Independientemente de que impone la pena capital, la norma es tan amplia que si se produce una muerte como consecuencia del uso accidental o no intencional, o por cualquier accidente que se origine en un acto realizado en vulneración del art. 7, el único castigo previsto es la pena de muerte.  

Por otro lado, el art. 302 CP reza: “Quienquiera que cometa un homicidio será castigado con la pena de muerte o con prisión perpetua y también estará sujeto al pago de una multa”. Aquí la pena de muerte no es obligatoria, sino optativa. En cambio, en el caso del art. 27(3), la ley carece por completo de directrices y no establece excepción alguna.

Cuando el Parlamento legisla, debe hacerlo bajo el mandato específico de la Constitución. En virtud del art. 13 de la Carta Magna, el Estado no puede sancionar una ley que quite o limite los derechos conferidos por la Parte III (Derechos Fundamentales) de la Constitución, y toda ley sancionada en contravención con la misma resultará nula. Además, queda claro que solamente el Poder Judicial está facultado para declarar la nulidad de una ley violatoria de la Parte III de la Constitución. Por ello, el poder de revisión judicial es inherente a la Constitución india. 

Los jueces de esta Corte han prestado juramento de defender y preservar la Constitución, y es sabido que esta Corte debe proteger la Carta Magna cual centinela contra cualquier limitación de sus principios y preceptos. El art. 27(3) priva a las autoridades judiciales de la facultad de desempeñar su deber constitucional de revisión judicial, conforme al cual las mismas poseen un margen de discrecionalidad en el procedimiento de dictar sentencia.

Cabe destacar que dicho artículo ha sido examinado anteriormente por esta Corte, entre otras, en las sentencias Jagmohan Singh v. State of U. P (3-10-1972), Dilip Kumar Sharma v. State of M. P. (10-10-1975), Bachan Singh v. State of Punjab (9-5-1980) y Mithu v. State of Punjab (7-4-1983).  En las mismas, entre otras cuestiones, se ha afirmado que el art. 303 CP viola tanto la garantía de igualdad contenida en el art. 14 como el derecho garantizado en el art. 21 de la Constitución, según el cual ninguna persona será privada de su vida o de su libertad personal con excepción de los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, en tales sentencias se ha sostenido que el Poder Legislativo no puede privar a los tribunales de su legítima competencia para ejercer su discrecionalidad a fin de no imponer la pena capital en casos apropiados, ni obligarlos a hacer caso omiso de las circunstancias atenuantes e infligirles el deber dudoso y desmesurado de imponer una pena capital predeterminada. Las características de la justicia son la equidad y la buena conciencia. La condena a muerte obligatoria prevista en el art. 303 CP, sin dejar margen de discrecionalidad alguno al tribunal para evaluar las circunstancias que dieron lugar a la comisión de un delito, es un vestigio de historia antigua. Los ciudadanos de la India están comprometidos con un conjunto de valores diferentes, porque consideran que la ley pierde su respetabilidad y relevancia cuando obliga a los órganos de la justicia a dictar sentencias ciegas, decretando que independientemente de las circunstancias del delito, el reo debe ser colgado del cuello hasta que muera.

Cuando una pena de muerte obligatoria es estandarizada, no toma en cuenta los hechos y las circunstancias de cada caso particular, los cuales constituyen una directriz prudente para determinar las condenas.