Finogenov y otros c. Rusia - 20-12-2011 c

Texto en inglés

La noche del 23 de octubre de 2002, el teatro “Dubrovka” de Moscú fue tomado por un grupo de 40 terroristas pertenecientes al movimiento separatista checheno. Armados con ametralladoras y explosivos, los terroristas tomaron rehenes para exigir la retirada de las tropas rusas del territorio de Chechenia. Colocaron trampas explosivas en el edificio y 18 terroristas suicidas se ubicaron en el hall entre los rehenes, mientras que otro grupo ocupó la parte administrativa del teatro. Durante tres días, más de 900 personas fueron retenidas en el auditorio del teatro a punta de pistola. Algunos de los aquí recurrentes son parientes de los rehenes y/o fueron víctimas ellos mismos.

El Servicio Federal de Seguridad (SFS) ruso creó una célula de crisis para conducir las negociaciones y liberar a los rehenes. Elaboró, en absoluto secreto, un plan de liberación con intervención de las fuerzas militares. La célula de crisis inició los preparativos necesarios para una eventual evacuación masiva de los rehenes y para brindarles asistencia médica. Varios servicios de rescate fueron desplegados en el lugar y algunos hospitales de la ciudad aumentaron su capacidad de admisión y recibieron equipamiento adicional. Los servicios de ambulancias fueron informados sobre la posible necesidad de su despliegue masivo. Gran cantidad de médicos fueron movilizados e instruidos para clasificar a las víctimas según la gravedad de su condición.

Mientras tanto, los terroristas permitieron el acceso a algunos periodistas y personalidades públicas para iniciar negociaciones. Acto seguido, liberaron a varios rehenes, aceptaron agua y comida para los restantes, y continuaron con sus reclamos. Algunas personas fueron asesinadas por los terroristas, aunque no queda claro si se debió a que estas opusieron resistencia, si fueron ejecuciones ejemplares o si los terroristas pensaron que ellas se habían infiltrado en el teatro en carácter de espías.

A las 5:30 hs. de la mañana del 26 de octubre, las fuerzas de seguridad inyectaron un gas narcótico desconocido en el auditorio a través del sistema de ventilación del edificio. Unos minutos después, cuando los terroristas que controlaban los explosivos y los suicidas perdieron el conocimiento por la inhalación del gas, una brigada especial asaltó el edificio y mató a todos los terroristas. La mayoría de los rehenes fueron liberados, pero 125 de ellos murieron en el lugar o en los hospitales. Algunos de los sobrevivientes siguen sufriendo graves problemas de salud.

Los recurrentes alegan que la operación de rescate fue caótica en todo sentido, tanto en la evacuación y clasificación de los rehenes, como en su transporte y llegada a los hospitales. Los rehenes que se encontraban inconscientes por efecto del gas fueron amontonados en el piso en el exterior del teatro. Algunos de ellos murieron por sofocación al ser colocados boca arriba. Según los recurrentes, las ambulancias no fueron suficientes y los rehenes fueron llevados a los hospitales en transporte público sin asistencia médica alguna ni apoyo de la policía vial que agilizara su llegada. En los hospitales, los médicos no estaban equipados para recibir a tantas víctimas, no había información del uso del gas ni de sus propiedades, y no se contaba con un equipamiento adecuado. Asimismo, los equipos de rescate, las ambulancias y los hospitales no contaban con suficiente cantidad de Nalaxona, el antídoto del gas. Por otra parte, los recurrentes también presentaron un informe de un microbiólogo de una universidad norteamericana según el cual las enfermedades preexistentes de los rehenes no contribuyeron significativamente a agravar los efectos letales del gas. Asimismo, presentaron entrevistas periodísticas a rehenes, a rescatistas y choferes de ómnibus, y filmaciones en video del momento de la evacuación.

El gobierno ruso alega que habiendo fracasado las negociaciones, la decisión de asaltar el edificio se tomó en cumplimiento de las normas internas así como de las obligaciones internacionales de Rusia. Además, afirma que la evacuación y el transporte de los rehenes se desarrollaron con rapidez y organizadamente, y que los hospitales se encontraban preparados y bien equipados para su admisión, por lo que en general, teniendo en cuenta las circunstancias, la operación de rescate se desarrolló de la manera más eficaz.

Después de los sucesos, la fiscalía de la ciudad de Moscú abrió una investigación penal. Los terroristas fueron identificados y se determinaron la mayoría de las circunstancias de la toma de rehenes. Un cómplice de los terroristas que había permanecido fuera del teatro fue llevado a juicio y condenado. Sin embargo, la fiscalía se negó a investigar las acciones de las autoridades durante la emergencia. En octubre de 2003, se presentaron las conclusiones intermedias de la investigación y, sobre la base del resultado de las autopsias, se dedujo que los 125 rehenes habían muerto por la combinación de un estado de debilidad y enfermedad crónica exacerbados por el estrés de los tres días de cautiverio, y que el gas había tenido un “efecto indirecto” en su fallecimiento. En consecuencia, la muerte de los rehenes fue atribuida a factores “naturales” y no al uso del gas. Por otra parte, sobre la base de los informes de los funcionarios de salud pública y de los servicios de rescate, que por lo general consideran exitosa la operación de rescate, la fiscalía decidió que no era necesario seguir examinando el asunto.

Durante los años siguientes, tanto los recurrentes como un grupo de parlamentarios rusos en varias oportunidades procuraron reabrir la investigación sobre la presunta negligencia de las autoridades durante el asalto del edificio y las operaciones de rescate. No obstante, la fiscalía dictó el sobreseimiento.

Los recurrentes presentaron un recurso contra Rusia ante la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte) invocando la violación de los arts. 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (Convención). Alegaron que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad había sido desproporcionado y que la utilización del gas había provocado más daños que beneficios. También afirmaron que las operaciones de rescate no habían sido planificadas ni llevadas a cabo adecuadament,e y que la asistencia médica había sido insuficiente. Finalmente, argumentaron que la investigación penal no había puntualizado las deficiencias en la organización de las operaciones de rescate.

SE DECIDIÓ: se declara por unanimidad que no hubo violación del art. 2 de la Convención en cuanto a la decisión de las autoridades de resolver la toma de los rehenes por medio de la fuerza y del uso del gas. Además, se declara por unanimidad que hubo violación del art. 2 con relación a la planificación y conducción de la operación de rescate y por la omisión de las autoridades de realizar una investigación efectiva de las mismas. Asimismo, se declara que el Estado demandado deberá pagar a cada uno de los recurrentes la suma de € 1.254 en concepto de daño moral y de € 30.000 en total por las costas.

En varias oportunidades, las autoridades rusas declararon que el gas utilizado era inocuo y que, de acuerdo con las pericias médicas oficiales realizadas sobre los cuerpos, no existía un nexo causal entre la utilización del gas y la muerte de los rehenes. Ahora bien, carece de sentido afirmar que 125 personas de diferentes edades y condición física murieron casi simultáneamente y en el mismo lugar a causa de diferentes enfermedades, inmovilidad, estrés y falta de aire fresco. Aunque el gas no haya constituido una “fuerza letal” sino un “arma no letal incapacitante”, lo cierto es que resultó peligroso y potencialmente fatal para las personas débiles, por lo que el caso se enmarca en el ámbito de aplicación del art. 2.

Con respecto a si podrían haberse utilizado medios menos drásticos para resolver la emergencia de la toma de rehenes, lo cierto es que en situaciones de tal magnitud y complejidad, esta Corte está dispuesta a otorgar un margen de apreciación a las autoridades nacionales. Sin embargo, algunas de las decisiones tomadas por las autoridades hoy pueden parecer cuestionables. Por ejemplo, afirmar que los terroristas no iban a poner en práctica sus amenazas resulta demasiado especulativo. En efecto, todo hacía pensar lo contrario. Existía un grave e inmediato riesgo de que se perdieran muchas vidas humanas y las autoridades tuvieron sobradas razones para creer que una intervención forzosa significaba el “mal menor”.

A pesar de que la solución adoptada puso en peligro tanto la vida de los terroristas como la de los rehenes, para estos significó una oportunidad de salvarse. Es más, el uso del gas facilitó la liberación de los rehenes y redujo la probabilidad de una explosión. Por ello, la decisión de las autoridades no resulta desproporcionada y no vulnera el art. 2 de la Convención.

Por otra parte, la operación de rescate no fue espontánea. Aunque la decisión de utilizar el gas no fue revelada a los médicos y a los servicios de rescate, no fue sorpresiva la gran cantidad de gente necesitada de asistencia médica, por lo que se podría haber organizado mejor.

Sin embargo, es evidente que las autoridades no estuvieron suficientemente preparadas. El gobierno ruso no ha presentado ningún documento escrito que describa el plan de evacuación. La célula de crisis dio la orden de destacar a cientos de médicos, rescatistas y demás con el fin de asistir a los rehenes, pero no se logró realizar un trabajo coordinado. Semejante falla fue corroborada por muchos testigos oculares y por otras pruebas, en especial por varios videos sobre la evacuación que muestran una falta de coordinación en el trabajo. El plan de evacuación original tampoco dio instrucciones acerca de la manera en que la información sobre el estado de las víctimas debía ser intercambiada entre los diferentes servicios de rescate. Ello se tradujo en que varios rehenes recibieran más de una vez la inyección del antídoto, mientras que otros nunca la recibieron. En los videos, además, no se ve ningún tipo de clasificación: los cuerpos fueron colocados al azar, circunstancia confirmada por testigos, según los cuales los muertos fueron colocados en los mismos ómnibus en que se transportaba a quienes aún estaban con vida. Si bien se brindó un transporte masivo, muchos testigos notaron una falta de asistencia médica en los ómnibus. Además, no existió un plan para la distribución de las víctimas en los diferentes hospitales. Los choferes de las ambulancias no sabían a dónde llevar a las víctimas, hecho que derivó en embotellamientos y dilaciones.

Además, los videos muestran que los rehenes estuvieron expuestos al gas por más de dos horas antes de que comenzara la evacuación. No queda claro por qué el comienzo de la evacuación se retrasó tanto ni por qué los médicos y rescatistas no fueron informados de la utilización del gas. De haber contado con esa información, la mayoría de los rehenes, quizás, habría sido colocada en una posición de recuperación en vez de permanecer boca arriba con riesgo de sofocación.

Los informes post-mortem muestran que la mayoría de los rehenes murieron entre las 8 y las 8:30 hs., es decir, en camino al hospital o poco después de su arribo al mismo. Por todo ello, está claro que las autoridades rusas no tomaron todas las precauciones posibles para minimizar la pérdida de vidas: la operación de rescate no fue preparada adecuadamente.

La investigación sobre la operación de rescate fue manifiestamente incompleta. En primer lugar, la fórmula del gas nunca fue revelada. En segundo lugar, los investigadores no interrogaron a todos los miembros de la célula de crisis, los cuales habrían podido brindar más información sobre la planificación de la operación y la decisión de utilizar el gas. La brigada especial tampoco fue indagada, así como, no lo fueron otros testigos, como por ejemplo, aquellos que ayudaron al SFS a colocar los recipientes del gas.

Por otra parte, es sorprendente el hecho de que todos los documentos de trabajo de la célula de crisis hayan sido destruidos. Como consecuencia, esta Corte no puede saber cuándo ni quién tomó la decisión de utilizar el gas, cuánto tiempo tuvieron las autoridades para evaluar sus posibles efectos secundarios y por qué los demás servicios que participaron en la operación de rescate fueron informados sobre el uso del gas con tanta demora. Además, tampoco se proveyó otra información importante, a saber: a) cuántos médicos estaban de guardia en los hospitales, preparados para admitir a las víctimas y si ese número era suficiente; b) qué instrucciones recibieron las ambulancias y los ómnibus de la ciudad en relación con dónde debían transportar a las víctimas; c) por qué se tardó una hora y media para comenzar con la evacuación masiva y cuánto tiempo se tardó en aniquilar a los terroristas y en neutralizar los explosivos.

Finalmente, cabe señalar que el equipo de investigación, formado por representantes de la SFS y expertos en explosivos, responsables directos de la planificación y actuación del asalto y de la operación de rescate, no fue independiente. Por todo ello, la investigación no ha sido efectiva y ha violado el art. 2.