El 20 de marzo de 2003, las fuerzas armadas de los Estados Unidos, del Reino Unido y de otros Estados miembros de la coalición ingresaron a Irak con el objeto de desplazar al régimen Baath que por entonces estaba al poder. El 1º de mayo de 2003 se produjeron importantes combates, y los Estados Unidos y el Reino Unido pasaron a ser fuerzas de ocupación y crearon la Autoridad Provisional de la Coalición (APO) “para ejercer en forma transitoria los poderes de gobierno”. Uno de estos consistía en garantizar la seguridad en Irak. Esta función asumida por las fuerzas de ocupación fue reconocida en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 22 de mayo de 2003, que instaba a dichas fuerzas a “promover el bienestar de los iraquíes mediante una administración eficaz del territorio” y particularmente a trabajar para restaurar las condiciones de seguridad y estabilidad. La ocupación finalizó el 28 de junio de 2004, cuando la APO traspasó el mando al gobierno provisional iraquí y dejó de existir.

Durante el tiempo de ocupación, el Reino Unido estuvo al mando de la división militar –División Multilateral Sudeste–, dentro de la cual estaba la provincia de Al-Basrah, donde murieron los familiares de los aquí peticionantes. El 1° de mayo de 2003, estas fuerzas británicas se hicieron cargo de mantener la seguridad y de apoyar la administración civil. A esos efectos, el Reino Unido hizo patrullajes, arrestos, operaciones antiterroristas, controles policiales de las protestas, y protegía las instalaciones e infraestructura esenciales, y las comisarías.

1. Casos individuales
Los peticionantes son cinco ciudadanos iraquíes: Mazin Jum’Aa Gatteh Al-Skeini, Fattema Zabun Dahesh, Hameed Abdul Rida Awaid Kareem, Fadil Fayay Muzban y Jabbar Kareem Ali, y el Coronel Daoud Mousa.

1.1. Mazin Jum’Aa Gatteh Al-Skeini es el hermano de Hazim Jum’Aa Gatteh Al-Skeini (Hazim Al-Skeini), quien tenía 23 años cuando murió en el área de Al-Majidiyah, en Basrah, minutos antes de la medianoche del 4 de agosto de 2003, al recibir un disparo del soldado que estaba al mando de una patrulla británica. En su declaración testimonial, Al-Skeini explicó que, el día de los hechos, algunos de sus parientes habían asistido a un funeral en el pueblo de Al-Majidiyah y que en Irak se acostumbra a disparar armas en dichas ceremonias. Explicó que vio a un soldado disparar y matar a su hermano y a otro hombre, ambos desarmados y parados aproximadamente a diez metros de los soldados, sin razón aparente.
El ejército británico afirma que su patrulla avanzaba a pie durante una noche muy oscura, cuando escuchó fuertes disparos en Al-Majidiyah. En un determinado momento, la patrulla vio a dos hombres iraquíes en una calle. Uno de ellos estaba aproximadamente a cinco metros del sargento “A”, que comandaba la patrulla. Este advirtió que uno de ellos lo apuntaba con un arma. En la oscuridad, la patrulla no pudo ver la posición del segundo iraquí. Creyendo que su vida y la de los soldados bajo su mando corrían peligro inminente, el sargento “A” disparó a los dos hombres sin dar ninguna advertencia verbal.

El British Army Goodwill Payment Committee pagó USD 2.500 a la tribu a la que pertenecían las víctimas, y le entregó una carta que explicaba las circunstancias en que se habían producido sus muertes y donde se le aseguraba no haber tenido intención de atacar a nadie.

Los comandantes británicos resolvieron que el incidente se regía por las normas de intervención militar (Rules of Engagement) y, en consecuencia, que no requería ulterior investigación.

1.2 Fattema Zabun Dahesh tiene tres hijos pequeños y una suegra anciana a su cargo. Es la viuda de Muhammad Salim, quien, minutos antes de la medianoche del 6 de noviembre de 2003, fue herido mortalmente por un disparo de un soldado británico.

Basando sus pruebas en relatos de testigos presenciales, Fattema explicó que el 5 de noviembre de 2003, durante Ramadán, Salim fue a visitar a su cuñado en Basrah. Alrededor de las 11:30 p.m., ciertos soldados británicos allanaron esa casa derribando la puerta principal. Uno de ellos se encontró cara a cara con Salim en el living de la casa y le disparó en el estómago. Los soldados británicos llevaron a Salim al hospital militar checo, donde murió dos días después.

El ejército británico afirma que su patrulla había recibido, a través de uno de sus intérpretes, información vinculada a un grupo de hombres fuertemente armados que habían entrado a dicha casa. Entonces, ordenó una operación de rápido allanamiento y arresto. Luego de golpear la puerta dos veces para que los dejaran pasar y al no recibir respuesta, los soldados la derribaron. El sargento “C” oyó el disparo de un arma automática en el interior de la casa; dos hombres con armas de cañón largo bajaron corriendo por las escaleras hacia donde él se encontraba y no tuvo tiempo de dar una advertencia verbal. El sargento creyó que su vida corría peligro inminente y por lo tanto disparó una vez al hombre que estaba al frente, Salim, y lo hirió en el estómago.

Posteriormente, la familia del peticionante informó a la patrulla que eran abogados y que estaban en conflicto con otra familia de abogados en relación con la propiedad de unos locales de oficinas, razón por la cual habían sufrido dos ataques armados, uno de ellos treinta minutos antes de que la patrulla británica entrara por la fuerza. El comandante británico elaboró un informe que estableció que la patrulla había recibido información deliberadamente falsa de los miembros de la otra familia en conflicto.

Fattema recibió USD 2.000 del British Army Goodwill Payment Committee y una carta que describía las circunstancias de la muerte.
Se decidió que el incidente se regía por las normas de intervención militar y, en consecuencia, que no requería ulterior investigación.

1.3 Hameed Abdul Rida Awaid Kareem es el viudo de Hannan Mahaibas Sadde Shmailawi, quien recibió un disparo mortal el 10 de noviembre de 2003 en el Instituto de Educación del área Al-Maaqal en Basrah, donde trabajaba como portero nocturno y donde vivía con su esposa y familia.

En su declaración testimonial, Kareem manifestó que alrededor de las 8 p.m. del 10 de noviembre de 2003, estaba sentado con su familia a la mesa cuando repentinamente oyó numerosos disparos de ametralladora provenientes del exterior del edificio. Las balas hirieron a su esposa en la cabeza y en los tobillos, y a uno de sus hijos en el brazo. Ambos fueron llevados al hospital, donde su hijo se recuperó y su esposa falleció.

El ejército británico afirma que Hannan Shmailawi resultó herida como consecuencia de un tiroteo cruzado entre una patrulla británica y un grupo de hombres armados desconocidos. Al iluminar el área con bengalas, la patrulla había advertido la presencia de al menos tres hombres que portaban armas de cañón largo, dos de los cuales disparaban en dirección a ella.

Se decidió que el incidente se regía por las normas de intervención militar y, en consecuencia, que no requería ulterior investigación.

1.4. Fadil Fayay Muzban es hermano de Waleed Fayay Muzban, quien tenía 43 años de edad cuando recibió un disparo mortal de un soldado británico la noche del 24 de agosto de 2003 en el área de Al-Maqaal de Basrah.

Basando sus pruebas en las declaraciones de testigos presenciales, Muzban explicó que alrededor de las 8:30 p.m. del 24 de agosto de 2003, su hermano conducía un minibús cuando un fuerte tiroteo dirigido a su vehículo le produjo heridas mortales en el pecho y en el estómago.

El cabo británico “S” explicó que había ordenado detenerse al conductor de un minibús de aspecto sospechoso que tenía cerradas las cortinas de las ventanas y que se dirigía lentamente hacia la patrulla con las luces bajas encendidas. Entonces, el conductor Muzban lo golpeó en el pecho, trató de quitarle el arma y, antes de acelerar para marcharse, giró en dirección de los miembros de la patrulla. El cabo disparó a las llantas del vehículo, que se detuvo a 100 metros de la patrulla. Muzban pareció estar buscando un arma. El cabo creyó que iba a atacar a su equipo y, entonces, disparó varias veces. Muzban salió del auto y se le ordenó acostarse en el suelo. La patrulla revisó el minibús para ver si había alguna otra persona armada, pero comprobó que estaba vacío. Muzban tenía tres heridas de bala en la espalda y en la cadera, recibió primeros auxilios y fue trasladado al hospital militar checo, donde murió.

El Área de Investigación Especial de la Real Policía Militar (SIB, por sus siglas en inglés) inició una investigación el 29 de agosto de 2003. Recolectó material de la escena del tiroteo y tomó declaraciones a los soldados que habían estado presentes, excepto al cabo “S”, que había disparado a Muzban. Los comandantes decidieron que el caso se regía por las normas de intervención militar y solicitaron con éxito dar por concluida la investigación del SIB. La familia del difunto recibió USD 1.400 del British Army Goodwill Payment Committee y una indemnización adicional de USD 3.000 por los daños ocasionados al minibús.

El hermano de Muzban solicitó la revisión judicial de esta decisión. Entonces, nueve meses después, se reabrió la investigación y se realizaron exámenes forenses. Los fiscales tomaron declaración a los soldados, incluyendo al cabo “S”. La investigación se completó el 3 de diciembre de 2004. Un destacado abogado independiente sugirió que no existía posibilidad real alguna de demostrar que el cabo “S” no había disparado en defensa propia. El informe fue enviado al Ministro de Justicia, quien decidió no ejercer sus atribuciones para procesarlo criminalmente.

1.5. Jabbar Kareem Ali es el padre de Ahmed Jabbar Kareem Ali, quien murió el 8 de mayo de 2003 a los 15 años de edad.
De acuerdo con las declaraciones formuladas ante los tribunales británicos, Jabbar Ali comenzó a buscar a su hijo el 8 de mayo de 2003 cuando este no regresó a su casa a la hora debida. Testigos presenciales le dijeron que ciertos soldados británicos habían arrestado a su hijo y a otros tres jóvenes iraquíes esa mañana durante una operación antisaqueo. Agregaron que los habían golpeado y obligado a meterse en el río Shatt Al-Arab. El 10 de mayo encontraron el cuerpo de su hijo, que no sabía nadar.

El SIB inició una investigación y cuatro soldados británicos fueron procesados por homicidio culposo ante una corte marcial entre septiembre de 2005 y mayo de 2006, pero, por entonces, otros tres soldados sospechosos de haber participado en los sucesos estaban ausentes sin permiso. La fiscalía afirmó que los soldados habían llevado a los cuatro jóvenes al río y los habían obligado a entrar en él a punta de pistola “para enseñarles una lección”, ya que eran sospechosos de haber participado en los saqueos. Los soldados fueron absueltos cuando el testigo clave de la fiscalía, uno de los jóvenes iraquíes forzados a entrar al río junto con Ahmed, no pudo identificarlos.

Entonces, Jabbar Ali promovió una demanda de daños y perjuicios contra el Ministerio de Defensa por la muerte de su hijo. El 15 de diciembre de 2008, recibió £115.000 y una disculpa formal del ejército británico.

1.6. El Coronel Daoud Mousa era coronel en la fuerza policial de Basrah. Su hijo, Baha Mousa, tenía 26 años de edad cuando murió el 14 de septiembre de 2003, tres días después de haber sido detenido por el ejército británico.

El Coronel Mousa sostuvo que, en la mañana del 14 de septiembre de 2003, había ido a buscar a su hijo a su lugar de trabajo en el Hotel Ibn Al-Haitham de Basrah. Al llegar, lo vio, junto a otros seis empleados del hotel, acostado en el suelo y con las manos detrás de la cabeza. Se le informó que se estaba realizando una investigación de rutina que terminaría en un par de horas. Al tercer día de detención de su hijo, ciertos miembros de la Real Policía Militar le informaron que su hijo había muerto en una base militar británica en Basrah y le solicitaron que identificara el cadáver.

El rostro y el cuerpo de Baha Mousa estaban cubiertos de sangre y hematomas, tenía la nariz fracturada y le faltaba piel en algunas partes del rostro.

Un empleado del hotel, arrestado el mismo día que el hijo del peticionante, declaró que los habían encapuchado, los habían forzado a permanecer en posiciones incómodas, les habían negado alimentación y agua, los habían pateado y golpeado durante la detención y que habían llevado a Baha Mousa a otra habitación, donde lo había escuchado gritar y quejarse de dolor.

Se convocó de inmediato al SIB para que investigara la muerte de Baha Mousa, quien tenía noventa y tres heridas identificables en el cuerpo y había muerto de asfixia.

El Coronel Mousa accionó civilmente contra el Ministerio de Defensa británico, proceso que concluyó en julio de 2008 con una admisión formal y pública de responsabilidad y con una condena al pago de una indemnización de £575.000.

El 14 de marzo de 2004, el Secretario de Estado de Defensa anunció mediante una declaración escrita remitida al Parlamento que se llevaría a cabo una investigación pública sobre la muerte de Baha Mousa. Aún no se han dado a conocer las conclusiones.

2. En relación con las muertes de los familiares de los seis peticionantes (entre otros), el 26 de marzo de 2004, el Ministro de Defensa británico decidió no realizar ninguna investigación independiente, no aceptar la responsabilidad por estos hechos ni pagar una indemnización satisfactoria. Entonces, los peticionantes solicitaron la revisión judicial de esta decisión.

El 14 de diciembre de ese año, la Divisional Court admitió solo la demanda del Coronel Mousa y desestimó las de los primeros cuatro peticionantes, quedando el trámite de la quinta suspendido. Este tribunal resolvió que, si bien en general el Estado solo está obligado a aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos (Convención) dentro de su propio territorio, existen algunas excepciones a dicha regla, y la circunstancia de que Baha Mousa hubiera muerto en una base militar británica hacía que el caso cayera dentro del ámbito de una excepción. Sin embargo, estimó que el Reino Unido no estaba obligado a aplicar la Convención a los familiares de los otros peticionantes. Asimismo, determinó que no se había cumplido el deber de investigar en términos de los arts. 2 y 3 de la Convención el homicidio de Baha Mousa, ya que diez meses después de su muerte los resultados de la investigación seguían sin conocerse.

El 21 de diciembre de 2005, se desestimaron todas las apelaciones articuladas ante la Court of Appeal porque esta juzgó que ninguna de las muertes, a excepción de la de Baha Mousa, caía dentro de la jurisdicción británica. Sin embargo, este tribunal advirtió que, para cumplir con los estándares internacionales, la Real Policía Militar, incluyendo el SIB, debía contar con absoluta independencia operativa de la cadena de mando militar cuando investigaba las supuestas muertes de civiles en manos de las fuerzas británicas.

El 13 de junio de 2007, la mayoría de los miembros de la Cámara de los Lores resolvió que el Reino Unido no tenía jurisdicción para entender en las muertes de las víctimas, salvo en el caso de Baha Mousa. El Secretario de Estado ya había aceptado que la muerte de este último caía dentro de la jurisdicción del Reino Unido a los fines de la Convención.

El 25 de enero de 2008, el Ministerio de Defensa publicó el Informe Aitken, relativo a seis casos de supuesto abuso y matanza deliberados de civiles iraquíes, que incluía las muertes de los hijos del quinto y del sexto peticionantes. El informe criticaba la inexistencia de un sistema más inmediato y más eficaz para remitir información importante a aquellas personas con capacidad de analizarla, y las demoras que se habían producido para resolver algunos de los casos.

2.1 Entonces, los peticionantes ocurrieron ante la Corte Europea de Derechos Humanos alegando que sus parientes estaban dentro de la jurisdicción del Reino Unido a los fines del art. 1 (obligación de respetar los derechos humanos) de la Convención cuando habían sido asesinados por las fuerzas armadas británicas. También denunciaron la violación del art. 2 (derecho a la vida) y, en el caso del sexto peticionante, del art. 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) por la omisión de realizar una investigación completa e independiente de las circunstancias en que se produjo cada muerte.

SE DECIDIÓ: se declara

Artículo 1

La cuestión principal en esta causa reside en determinar si la Convención Europea de Derechos Humanos resulta aplicable a las muertes de civiles iraquíes en Irak en manos de soldados británicos, ocurridas entre mayo y noviembre de 2003. Este Tribunal debe decidir si los familiares de los peticionantes se encuentran dentro de la jurisdicción del Reino Unido a los fines del art. 1 de la Convención.

Conforme a la jurisprudencia precedente de esta Corte, en general, un Estado solo está obligado a aplicar la Convención dentro de su propio territorio. Un acto extraterritorial cae dentro de la jurisdicción del Estado en términos de la Convención solo en circunstancias excepcionales. Una excepción establecida por la jurisprudencia de este Tribunal resulta aplicable cuando un Estado suscriptor de la Convención ha ejercido atribuciones públicas en el territorio de otro Estado.

Desde la destitución del régimen Baath y hasta el ascenso del gobierno provisional iraquí, el Reino Unido (junto con Estados Unidos) asumió el ejercicio de algunas atribuciones públicas propias de los gobiernos soberanos. En especial, asumió la autoridad y la responsabilidad de mantener la seguridad en el sudeste de Irak. En esas circunstancias excepcionales, existía un vínculo jurisdiccional entre el Reino Unido y las personas que murieron en el curso de las operaciones de seguridad llevadas a cabo por soldados británicos durante el período comprendido entre mayo de 2003 y junio de 2004.

Dado que los familiares de los peticionantes murieron durante el transcurso de las operaciones de seguridad llevadas a cabo por el Reino Unido durante ese período, el Reino Unido estaba obligado a llevar adelante una investigación de sus muertes.

Artículo 2

Los peticionantes denunciaron que el gobierno británico no había realizado una investigación eficaz de las muertes de sus familiares.

Conforme a la jurisprudencia precedente de esta Corte, la obligación de proteger la vida exige una investigación oficial eficaz cuando hay muertes provocadas por el uso de la fuerza por parte de agentes gubernamentales.

Las autoridades investigadoras se enfrentaron a problemas prácticos porque el Reino Unido era una fuerza de ocupación en una región extranjera y hostil, como consecuencia inmediata de la invasión y de la guerra. Entre dichos problemas prácticos estaban el colapso de la infraestructura civil, que provocó la escasez de patólogos locales y de instalaciones para realizar autopsias; el alcance de los malentendidos lingüísticos y culturales entre los ocupantes y la población local; y el peligro inherente a cualquier actividad que se realizara en Irak en ese momento. En esas circunstancias, el deber procesal impuesto por el art. 2 debe determinarse en forma realista, es decir, considerando los problemas específicos a los que se enfrentaron los investigadores.

Sin embargo, la circunstancia de que el Reino Unido fuera una fuerza de ocupación también implica que, a los fines de una investigación eficaz de hechos supuestamente cometidos por soldados británicos, era esencial que la autoridad investigadora fuera considerada independiente en términos operativos de la cadena de mando militar.

En los casos del primero, segundo y cuarto peticionantes, los familiares habían recibido un disparo de soldados británicos identificados. La cuestión reside, en cada caso, en establecer si dichos soldados dispararon sin violar las normas de intervención militar. Con respecto al tercer peticionante, el art. 2 requería realizar una investigación para determinar las circunstancias en que se había realizado el disparo y si se habían tomado medidas adecuadas para proteger a los civiles de la zona. Con respecto al hijo del quinto peticionante, era necesario determinar si los soldados británicos habían –como se denunció– golpeado y obligado al joven a entrar al río. En cada caso, las declaraciones de los testigos presenciales resultan fundamentales. Por lo tanto, hubiera sido esencial que, con la mayor celeridad posible después de lo sucedido, los testigos militares y, en particular, los supuestos autores del hecho hubiesen sido interrogados por un investigador experto e independiente. Asimismo, deberían haberse tomado todas las medidas posibles para identificar a los testigos presenciales iraquíes y para convencerlos de que no correrían ningún peligro si comparecían y brindaban información, de que sus declaraciones testimoniales serían consideradas seriamente, y de que se actuaría de inmediato conforme a esa información.

Resulta claro que las investigaciones de las muertes de los familiares del primero, segundo y tercer peticionantes no cumplieron con las exigencias del art. 2, ya que, tal como lo consideró la Court of Appeal durante el período que aquí resulta pertinente, el SIB no era operativamente independiente de la cadena de mando militar.
En cambio, una investigación pública completa de las circunstancias de la muerte de Baha Mousa está próxima a concluir. A la luz de sus conclusiones, el sexto peticionante ya no es víctima de ningún incumplimiento de la obligación procesal dispuesta en el art. 2.

Cabe decidir, entonces, que hubo una violación al art. 2, dada la inexistencia de una investigación eficaz de las muertes de los familiares del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto peticionantes.

Artículo 41

Conforme a lo dispuesto en el art. 41 (indemnización satisfactoria), el Reino Unido debe pagar a cada uno de los primeros cinco peticionantes €17.000 en concepto de daños y perjuicios no pecuniarios, y €50.000 a los cinco en su conjunto, en concepto de costas.

Nota del Instituto: 1) las Rules of Engagement o normas de intervención militar son normas que establecen, entre otras cuestiones, que las armas de fuego pueden utilizarse solamente como último recurso para proteger la vida humana y que se debe dar una advertencia verbal antes de disparar, salvo que esta aumente el riesgo de muerte o lesión de aquellos que están bajo amenaza; 2) en relación con la obligación de los Estados de hacer una investigación efectiva, v. CHEVALIER-WATTS, Juliet, “Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right to Life or an Onerous Burden on a State?”, en European Journal of International Law, 2010, vol. 21, n° 3, pp. 701/722.